Cuba: soberanía para el régimen, represión para el pueblo

Montreal/El principio moderno de soberanía se formuló en la Europa del siglo XVII, tras la Paz de Westfalia, con un objetivo claro: limitar las guerras entre potencias y establecer que cada Estado ejerciera autoridad dentro de sus fronteras sin interferencias externas. La soberanía nació, por tanto, como un mecanismo para reducir la violencia internacional y estabilizar un sistema marcado por conflictos permanentes.

Con el tiempo, este principio se convirtió en una base del derecho internacional. Sin la regla de no intervención, el sistema internacional habría continuado dominado por guerras preventivas y disputas constantes sobre jurisdicción. La soberanía estableció un límite mínimo: cada Estado gobierna dentro de su territorio y los demás no pueden intervenir libremente en sus asuntos internos. Este principio, aunque imperfecto, permitió cierta estabilidad y protegió especialmente a los países más débiles frente a los más poderosos.

Sin embargo, a partir de mediados del siglo XX, el derecho internacional introdujo un cambio decisivo. La Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos Internacionales de 1966 afirmaron que la autoridad del Estado tiene límites cuando están en juego la vida, la integridad y las libertades fundamentales. La soberanía dejó de entenderse como un principio absoluto y comenzó a concebirse como una autoridad sujeta a obligaciones.

Que una situación ocurra dentro de las fronteras de un Estado no significa que cualquier acción del poder político quede automáticamente justificada

El principio de la Responsabilidad de Proteger, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2005, expresa con claridad esta transformación: la soberanía no solo implica derechos, sino también responsabilidades, como la obligación de proteger a la población contra el genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y los crímenes de lesa humanidad. Cuando un Estado no cumple esa función, la comunidad internacional puede actuar, en circunstancias particulares.

Esto introduce una distinción fundamental: que una situación ocurra dentro de las fronteras de un Estado no significa que cualquier acción del poder político quede automáticamente justificada. El carácter “interno” de un problema no convierte en legítima la violación sistemática de derechos básicos.

El caso cubano lo muestra con claridad. Durante décadas, el poder político ha encarcelado opositores, reprimido manifestaciones pacíficas, castigado el disenso mediante vigilancia, hostigamiento y condenas desproporcionadas, y generado condiciones económicas y sociales que mantienen a amplios sectores de la población en una precariedad estructural persistente. Estos hechos no constituyen episodios aislados ni excesos puntuales, sino que forman parte de un sistema de control de más de seis décadas. 

¿Debe la comunidad internacional mirar a otro lado, escondiéndose tras un principio interpretado a conveniencia?

Durante demasiados años, el régimen cubano ha exigido que se respete la soberanía nacional al mismo tiempo que castiga brutalmente a su propio pueblo. ¿A quién protege realmente la soberanía que defienden? ¿A la nación cubana, una nación literalmente sumida en la oscuridad, obligada a vivir con la cabeza baja, dominada por el temor? ¿No es acaso la nación más bien víctima del éxito de la retórica soberanista? ¿Es soberana una nación empobrecida de manera deliberada, a la que se ha impuesto la elección de vivir en silencio soportando enfermedades, hambre, miseria, dolor?

La soberanía a la que se refiere el Gobierno cubano, ¿es la soberanía de un pueblo libre, o más bien la del poder irrestricto, cuya función es únicamente preservar el poder y garantizar la supervivencia de la brutalidad y el cinismo de un régimen absolutista?

¿Debe la comunidad internacional mirar a otro lado, escondiéndose tras un principio interpretado a conveniencia, mientras los cubanos que intentan expresarse libremente son arrojados a la cárcel, torturados, humillados o expulsados de su propio país?

Un principio creado para limitar la guerra entre Estados no puede convertirse en la coartada que legitime la violencia sistemática de un Estado totalitario contra una nación entera. De hacerlo, perdería toda legitimidad y valor moral. La soberanía de la impunidad no es la soberanía de una nación: es la soberanía del tirano.