La incógnita de la diáspora

Los dos millones de cubanos que viven fuera de la Isla no han encontrado la forma efectiva de participar en la política nacional

Eliécer Ávila

13 de enero 2015 - 06:35

La Habana/A menudo se cuestiona a la sociedad civil interna de Cuba, así como a los grupos opositores, debido a su aparente incapacidad para sumar a las masas y presionar al Gobierno en favor de los cambios necesarios.

Aunque estos cuestionamientos no dejan de tener parte de razón, me surge una duda que quisiera compartir. Me refiero al hecho de que los dos millones de cubanos (entre emigrados y descendientes) que viven fuera del país no han encontrado la forma efectiva de participar en la política de la nación.

En teoría, este grupo de cubanos cuenta con todo lo que le falta a la oposición interna para tener mayor influencia: acceso pleno a las comunicaciones y a la información, libertad de movimiento, derechos de asociación y reunión, y, sobre todo, cuenta con un poder económico que podría competir con el del propio Gobierno.

Por otro lado, las remesas que la emigración cubana envía al país cada año constituyen uno de los tres primeros renglones del producto interior bruto. Si se cumpliera aquella máxima de que "el que paga, manda", pues le correspondería a los residentes en el exterior tener una amplia representación parlamentaria por ser los trabajadores más eficientes y productivos del sistema, además de ser el sindicato más grande. De esta forma, podríamos decir al menos: "El que aporta, participa". Pero no es así.

Las medidas que suele tomar el Gobierno tienden a afectar directamente los intereses de los emigrados

Muy por el contrario, las medidas que suele tomar el Gobierno tienden a afectar directamente los intereses de los emigrados, que a veces no pasan de ayudar a la familia. Las nuevas disposiciones aduaneras, los costos de los trámites para entrar al país y el trato que muchas veces roza la falta de respeto son algunos ejemplos en este sentido.

Para colmo, la nueva Ley de Inversión Extranjera también los excluye, privandolos de la oportunidad de contribuir con sus inversiones y su talento al desarrollo del país. Y es una lástima tremenda. Me consta que fuera del país se encuentra un capital humano de incalculable valor profesional, con experiencia en todo tipo de negocios y, sobre todo, con inmensos deseos de ver a su tierra natal enrumbada hacia el progreso.

¿Cómo se organiza nuestra emigración para defender sus derechos naturales en este nuevo escenario? ¿Apoyará en mayor medida a la sociedad civil y a una oposición responsable, que tiene una visión más incluyente de la nación? Para mí, sigue siendo una incógnita.

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