El Gobierno cubano aniquila la libertad de expresión en internet

Organizaciones y prensa independiente firman un manifiesto contra el Decreto Ley 370.

Periodistas, activistas y artistas protestan en las redes sociales contra el Decreto Ley 370. (Collage)
Periodistas, activistas y artistas protestan en las redes sociales contra el Decreto Ley 370. (Collage)

Varias organizaciones y medios de comunicación han hecho público un comunicado en el que denuncian que el Gobierno cubano aniquila la libertad de expresión en internet a través del Decreto Ley 370.

Los firmantes, entre los que se encuentra 14ymedio, sostienen que, si bien la censura contra la libertad de expresión y prensa es algo que viene de lejos en Cuba, la situación se ha agravado con la nueva legislación que interviene las telecomunicaciones y cuyos efectos son patentes en el marco de la pandemia por coronavirus.

"Al menos 30 personas han sido sometidas a interrogatorios, amenazas, y decomiso de medios de trabajo especialmente de las y los periodistas, por difundir sus opiniones en redes sociales y 20 han sido víctimas de la imposición de multas de 3000 pesos (120 dólares), cuantía que triplica el salario medio mensual vigente", detalla el texto. Los firmantes advierten del peligro que supone el impago de estos elevados importes, que ya ha supuesto el encarcelamiento de siete personas.

En el contexto de una enfermedad contagiosa, esta medida resulta particularmente cuestionable dado el llamamiento de las autoridades sanitarias internacionales a promover el distanciamiento social y minimizar la población penitenciaria.

El comunicado, impulsado por el centro jurídico Cubalex, considera contradictorios los preceptos constitucionales relativos a la libertad de prensa puesto que la supeditan siempre a un presunto "interés social" que, como se concreta en el Decreto Ley 370 (artículo 68 inciso i) queda sujeto a lo que cualquiera reconocería como censura al penalizar la difusión "a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas".

El Estado, denuncian los firmantes, fuerza así a la autocensura ante el temor de una penalización que puede llegar a la cárcel y por la discrecionalidad de la norma.

Medios y organizaciones firmantes del comunicado contra el Decreto Ley 370.
Medios y organizaciones firmantes del comunicado contra el Decreto Ley 370.

En el texto también se destacan los malos índices de Cuba en cuanto a la libertad de prensa y expresión. Según Reporteros Sin Fronteras, es el último de la clasificación americana y está entre los diez peores del mundo. Para Freedom House, repite peor posición en el continente y es el cuarto peor de los 65 que examinan. El Índice CIVICUS, que supervisa las libertades de asociación, expresión y reunión pacífica, califican el país como "cerrado".

La ONU y el sistema Interamericano también han expresado su preocupación por la situación de estos derechos y el agravamiento de su estado que supone el Decreto Ley 370.

"Rogamos a la comunidad internacional, gobiernos, sociedad civil y organismos internacionales de protección de derechos humanos que exijan al Gobierno cubano que finalice de inmediato dicha persecución", piden los firmantes, que demandan también la devolución de los bienes requisados y se permita a los ciudadanos el acceso a una información libre.

También hay demandas específicas a organismos internacionales como la Unión Europea, la ONU y la OEA para que ajusten sus relaciones con el Gobierno si no cumple sus obligaciones en materia de derechos humanos, un llamamiento reiterado que no ha tenido una respuesta satisfactoria en estos organismos multilaterales durante años.

"Atento a lo expresado, reiteramos nuestra plena solidaridad con las y los periodistas independientes y actores de la sociedad civil perseguidos en el ejercicio de su libertad de expresión", cierra el texto.

El Decreto Ley 370 ha llevado en los últimos meses a multar, detener o amenazar con procesos a periodistas como Mónica Baró, cuya multa de 3.000 pesos llevó a la indignación a la Fundación Gabo, que la premió el pasado año; o activistas como Enix Berrio Sarda, que permaneció desaparecido bajo arresto el pasado fin de semana.

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