Denuncia de negligencia médica contra el hospital Calixto García

El periodista Ignacio González afirma que su esposa sufre una metástasis tras no ser bien diagnosticada

Ignacio González, periodista independiente en Cuba, reside ahora en EE UU.
Ignacio González, periodista independiente en Cuba, reside ahora en EE UU.
14ymedio

14 de agosto 2019 - 16:58

La Habana/El periodista independiente Ignacio González ha hecho una emotiva denuncia por una presunta negligencia médica sufrida por su esposa en el Hospital Calixto García de La Habana. El reportero asegura que los resultados de una muestra médica imprescindible para hacer el diagnóstico de la enfermedad nunca llegaron a manos de los doctores.

En un texto que González hizo llegar a la redacción de 14ymedio, explica que su esposa, Kenya Leyva Rodríguez, de 47 años, fue hospitalizada el pasado 25 de junio e intervenida quirúrgicamente debido a una peritonitis derivada de un quiste de ovario. La operación resultó satisfactoria y dos semanas después los médicos le dieron el alta.

Un mes después, según el testimonio de González, su esposa enfermó de neumonía y los médicos detectaron una metástasis por un tumor previamente no diagnosticado. Al parecer, los médicos nunca recibieron los resultados de la muestra de tejido que se le extrajo en la cirugía previa y que fue, aparentemente, enviada al laboratorio.

La situación de salud de la paciente se ha agravado, porque no está recibiendo cinco de los siete medicamentos que le recetaron los galenos debido a que los fármacos faltan en la red hospitalaria. La escasez de fármacos ha empeorado en el último año y medio por problemas con la llegada de materias primas al país, según han informado funcionarios del grupo BioCubaFarma.

"A mi hija le plantean que sea ella la que busque en el archivo e investigue dónde esta ese resultado [el de la biopsia], pasándole la responsabilidad de ellos hacia ella", lamenta el periodista independiente, quien en un video difundido en la red social Facebook también denuncia un acto de "acoso sexual" contra su hija por parte de uno de los enfermeros de guardia.

"Hago responsable al director del Hospital Calixto García, Alberto Martìnez, de la vida de mi esposa y de mi hija", aseguró en el video González, visiblemente conmovido, y reclamó que "el responsable de este fatal suceso pague por ello".

Los casos de negligencias médicas son con frecuencia denunciados en las redes sociales en Cuba pero rara vez los médicos implicados son procesados legalmente, ya que son protegidos por los centros hospitalarios de cualquier reclamo penal. La prensa oficial tampoco publica información sobre los profesionales de la Salud Pública que incurren en errores de diagnóstico o tratamiento, y pocos abogados aceptan casos de este tipo.

Los pocos casos que llegan a los tribunales son tratados como homicidios. Cuando el delito ha sido presuntamente cometido por el personal médico se tiene en cuenta también la Instrucción 110 dictada por el Tribunal Supremo en 1983 que está dirigida a los homicidios o lesiones derivados del "ejercicio de sus respectivas especialidades".

Al margen del enjuiciamiento, una Comisión Médica designada por el Director Provincial de Salud Pública se encarga de redactar un informe pericial de los casos.

El fundador de En Caliente Prensa Libre, Ignacio González, denunció también que por causa del trabajo que él realiza su esposa fue expulsada del centro comercial Carlos III. “Fue una trabajadora ejemplar reconocida por sus compañeras de trabajo, hace casi un año se le informo que no tenía contrato hecho cuando sí lo tenía, incluso estaba pagando la licencia de la Onat para trabajar en ese lugar, como cuidadora de baños, pero aún así la expulsaron”.

Explica que su esposa continuó pagando la licencia cada mes, aún estando sin trabajar, y mostrando los documentos a sus superiores. “Luchó con todas sus fuerzas, asistió a todos los lugares para reclamar su injusta expulsión de ese complejo que es administrado por las FAR. Y nunca obtuvo una respuesta”.

Para González era muy evidente que “la esposa de un CR”, calificación que utiliza la seguridad para opositores, activistas y periodistas independientes, “no podía permanecer en una institución comercial dirigida por las FAR”. Cuenta que esta injusticia no la había denunciado antes a petición de su esposa, que tenía aún la "esperanza" de que “se hiciera justicia”.

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