La SIP condena la prohibición de salir de Venezuela a 22 directivos de medios
Miami/(EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este miércoles la orden de un tribunal venezolano que prohíbe la salida del país a 22 periodistas involucrados en una demanda judicial del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, por reproducir una información que le vincula con el narcotráfico.
La jueza venezolana María Eugenia Núñez emitió el martes la orden de restricción que impide salir de Venezuela a dueños y directivos de los diarios El Nacional, Tal Cual y la publicación digital La Patilla, como solicitó Cabello al interponer su demanda por difamación el pasado 23 de abril.
Esos tres medios reprodujeron una información del diario español ABC basada en declaraciones del militar Leamsy Salazar, antiguo jefe del grupo de seguridad de Cabello.
"La información, avalada por los editores del diario español, sostiene que Cabello sería uno de los jefes del Cartel de los Soles que trafica con cocaína en Venezuela", recogió la SIP.
Entre los 22 afectados por la orden judicial figuran Miguel Henrique Otero, director de El Nacional; Teodoro Petkoff Malec, director de Tal Cual, y Alberto Federico Ravell, propietario de La Patilla.
El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, declaró que la prohibición "muestra, una vez más, cómo el sistema judicial venezolano es utilizado como un instrumento del poder político".
"La información, avalada por los editores del diario español, sostiene que Cabello sería uno de los jefes del Cartel de los Soles que trafica con cocaína en Venezuela"
En ese contexto, aseguró Mohme que "no se cumple con las garantías del debido proceso, que implican que el juez debería haber citado primero a los demandados en forma individual para evaluar si procede o no dictar medidas de arraigo en cada caso particular".
Un procedimiento judicial contra los periodistas y directivos de los citados medios que, apuntó la SIP, "rompe con los principios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando dictaminó que los "medios no pueden ser responsables por publicar en forma fiel informaciones que fueron originalmente difundidas por otros medios".
Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, señaló que la "acción judicial ocurre en un marco general de graves restricciones y ataques contra los medios críticos e independientes" que "han desenmascarado el clima de autoritarismo que propicia el régimen de Nicolás Maduro".
"Este acoso judicial -agregó Paolillo - es un eslabón más de una larga cadena restrictiva que incluye ahogar a los medios privados para comprarlos, directamente o a través de testaferros, y así montar un extensa maquinaria de propaganda, la cual conspira contra el libre flujo de información plural y diversa, que es necesario para que haya democracia".
