La oposición quiere sentar a Rousseff en banquillo tras la denuncia al tesorero del PT

Dilma Rousseff agradece a los votantes su reelección como presidenta de Brasil. (EFE/Fernando Bizerra Jr.)
Dilma Rousseff tras su reeleción como presidenta de Brasil (EFE/Fernando Bizerra Jr.)

(EFE). -La oposición brasileña anunció este martes que pedirá al Tribunal Supremo que investigue a la presidenta del país, Dilma Rousseff, por el enorme caso de corrupción en Petrobras, que ha salpicado al tesorero de su partido.

La petición de investigación, que será formalizada hoy miércoles, unió a cuatro de las principales fuerzas de la oposición, los partidos de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Popular Socialista (PPS), Demócratas (DEM) y Solidaridad (SD), alentadas por las manifestaciones multitudinarias contra Rousseff del pasado domingo.

El Supremo descartó hace dos semanas investigar a Rousseff, puesto que el fiscal general de la República, Rodrigo Janot, alegó que no tiene competencia para sentar en el banquillo a la mandataria, ya que, según él, el jefe de Estado sólo puede ser acusado por actos practicados en el ejercicio de la Presidencia.

Rousseff fue citada en el curso de las investigaciones por un ex alto cargo de Petrobras como beneficiaria indirecta de la red de corrupción, pero los hechos supuestamente habrían ocurrido antes de 2010, cuando asumió la Presidencia.

Otro factor que alentó a los opositores fue la imputación del tesorero de la formación de Rousseff, el Partido de los Trabajadores (PT), João Vaccari, por su supuesta participación en las corruptelas.

La Fiscalía brasileña denunció este lunes a Vaccari por delitos de corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita por su implicación en el vasto caso de corrupción investigado en la petrolera estatal.

El jefe de Estado sólo puede ser acusado por actos practicados en el ejercicio de la Presidencia

El presidente del PT, Rui Falcão, defendió este martes la inocencia del tesorero, aseguró que lo mantendrá en su cargo y dijo que Vaccari tampoco le ha comunicado que pretenda dejar su puesto voluntariamente.

El dirigente dijo que "si se comprueba" que cualquier afiliado cometió algo "ilícito" se le castigará "de acuerdo a las normas del partido". Según la Fiscalía, Vaccari habría disfrazado como donaciones legales para las campañas electorales del PT los sobornos cobrados por Petrobras a varias constructoras.

La Policía cree que las mayores constructoras de Brasil se repartieron durante más de una década los contratos de Petrobras, elevaron los precios artificialmente para beneficiarse y para distribuir sobornos entre los ejecutivos de la petrolera y los políticos que amparaban las corruptelas. Según cálculos de la Fiscalía, el volumen de recursos desviados de los cofres de Petrobras, la mayor empresa de Brasil, es de unos 2.100 millones de reales (unos 646 millones de dólares).

A lo largo de las investigaciones, la policía arrestó a cinco ex altos cargos de Petrobras, dos de los cuales se confesaron culpables y han delatado a otros presuntos implicados a cambio de una reducción de condena, lo que se ha convertido en la principal prueba de la Policía para extender las investigaciones.

Una de las empresas investigadas por supuestamente pagar sobornos a Petrobras a cambio de ganar contratos, la holandesa SBM Offshore, anunció este martes que negocia con las autoridades de Brasil la posibilidad de aportar informaciones sobre este caso de corrupción. SBM Offshore firmó este martes un acuerdo con la Contraloría General y con la Abogacía General de Brasil para discutir un "potencial acuerdo" que sea "mutuamente aceptable" y según el cual, la compañía holandesa se comprometería a entregar "informaciones relevantes" para las investigaciones, según un comunicado oficial.

En el curso de las pesquisas policiales, también han sido encarcelados una decena de directivos de las mayores constructoras de Brasil y la Fiscalía ha imputado a cerca de 50 políticos, en su mayoría oficialistas, lo que ha desencadenado una crisis para el Gobierno Rousseff.

La corrupción en Petrobras ha golpeado fuertemente la popularidad de la mandataria, que se encuentra en su nivel más bajo desde que asumió el poder en 2011, y también fue el principal motivo de las protestas multitudinarias del domingo pasado, que congregaron a más de un millón de personas en decenas de ciudades.

Rousseff prometió presentar al Congreso un paquete de medidas contra la corrupción, algo que hizo este martes en persona el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo

Como respuesta a esas protestas, Rousseff prometió presentar al Congreso un paquete de medidas contra la corrupción, algo que hizo este martes en persona el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo. El contenido de las propuestas será detallado mañana por Rousseff, cuando el proyecto de ley también será entregado a la Cámara de los Diputados, según afirmó Cardozo.

Para la oposición ese paquete de medidas carece de credibilidad para la población, puesto que el propio partido de Rousseff está siendo investigado. El senador Neves, que perdió en las elecciones presidenciales del pasado octubre ante Rousseff, citó con ironía una frase que la mandataria pronunció este lunes y en la que dijo que la corrupción es una "señora anciana que los toca a todos".

"Es verdad. Sólo que esta anciana nunca vistió tan bien, nunca estuvo tan desvergonzada como en estos tiempos del PT. En verdad, esta vieja señora hoy viste Prada y usa una estrella roja en el pecho", respondió Neves. El expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, correligionario de Neves en el PSDB, afirmó hoy que "no es creíble" que Rousseff y su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, desconocieran las irregularidades.

"En portugués claro: no es creíble que lo que ocurrió en Petrobras fuera desconocido por quien estuviera en el poder, sea Lula o Dilma. No digo que estén involucrados en el asunto, pero no es creíble que fueran ajenos", dijo Cardoso en una entrevista al diario Valor.

En medio a toda esta investigación, la policía brasileña desarticuló este martes una red acusada de haber desviado cerca de 100 millones de reales (unos 31,2 millones de dólares) en la Caixa Económica Federal, el segundo mayor banco público del país, un nuevo escándalo para el Gobierno cuando tiene la popularidad bajo mínimos.

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