El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa denuncia acoso a sus miembros

Una operación de los órganos de la Seguridad del Estado ha tenido como objetivo en lo que va del mes de octubre a diferentes periodistas independientes que colaboran con el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (Iclep), según ha hecho público esta entidad en un comunicado de prensa este lunes.

El resultado de estas operaciones ha sido el arresto de nueve periodistas, el allanamiento de viviendas y la incautación de medios de trabajo. Las víctimas señalan el uso de la violencia física y de amenazas e insultos verbales.

La periodista Dianelys Rodríguez, directora del medio de comunicación Panorama Pinareño, ha denunciado que el pasado viernes 21 de octubre su domicilio fue allanado sin que mediara una orden judicial. El oficial a cargo, identificado como el teniente coronel Jesús Ramón Morel, jefe del departamento de Enfrentamiento de la Contrainteligencia de Pinar del Río, con la ayuda de otros dos agentes arrastró por la fuerza a Rodríguez y le tapó la boca para que no siguiera protestando, según relató la periodista. Finalmente, fue conducida a una unidad policial donde permaneció por cinco horas. Allí le levantaron un acta de advertencia y la amenazaron con encarcelarla si continuaba con su trabajo.

El resultado de estas operaciones ha sido el arresto de nueve periodistas, el allanamiento de viviendas y la incautación de medios de trabajo

Otros cuatro domicilios de periodistas de ese medio fueron también víctimas de allanamientos y decomiso de medios de trabajo. El balance preliminar, según los afectados del Iclep, arroja el despojo de cinco impresoras, dos laptops, una videocámara con su trípode, seis cámaras fotográficas, tres teléfonos celulares y otros dispositivos auxiliares.

El pasado viernes, Ricardo Fernández, editor de Panorama Pinareño, fue citado a la Oficina Técnica de Pinar del Río, donde recibió amenazas de ir a prisión y le "aseguraron que el Iclep desaparecería". Con anterioridad, la policía política ya había allanado su vivienda, confiscando una laptop y un teléfono celular.

Mientras investigaba lo ocurrido contra estos periodistas, fue detenido Raúl Velázquez, director ejecutivo del Iclep. A Velázquez, en esa ocasión, le ocuparon su teléfono móvil, recibió un acta de advertencia y fue amenazado de que sería encausado si volvía a visitar la provincia.

El director jurídico del Iclep, Raúl L. Risco Pérez, y la periodista Claudia Cristina Ortega fueron citados y amenazados también con ir a la cárcel. En el Oriente, Leovanis Correa Moroso, director de Voz Santiaguera , fue "detenido, esposado y golpeado en el rostro" para luego permanecer "arrestado durante tres días" y recibir también amenazas de cárcel si "continuaba laborando como periodista ciudadano".

En el municipio de Jatibonico, en la provincia de Sancti Spíritus, Osmany Borroto Rodríguez, director de El Espirituano, fue acusado de distribuir el boletín en las calles. Poco tiempo antes, Ada María López había sido detenida en el parque de La Fraternidad de la capital y trasladada a una unidad policial porque se encontraba distribuyendo el boletín del medio de comunicación Amanecer Habanero.

Otro caso de detención arbitraria contra los comunicadores del Iclep ocurrió el 14 de octubre contra un trabajador de El Majadero de Artemisa, Yosdanys Blanco Hernández. El periodista fue detenido en un mercado por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y conducido a la unidad policial de Artemisa, donde lo mantuvieron bajo arresto por 24 horas. Según le explicaron los agentes, fue arrestado porque había una denuncia contra él.

La denuncia del Iclep se enmarca en la creciente ola de represión de las autoridades hacia medios de comunicación independientes, que en los últimos meses ha llevado a la detención de numerosos periodistas.

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