La Seguridad del Estado se ensaña con la corresponsal de '14ymedio' en Camagüey

"Bastó tomar una fotografía para que me rodearan como a un criminal". Así cuenta la corresponsal de 14ymedio, Sol García Basulto, su primer encuentro con la Seguridad del Estado, que desde entonces no ha cesado de acosarla, hasta su detención por unas horas el pasado 3 de noviembre.

Todo empezó el 4 de diciembre del año pasado cuando se encontraba delante del tribunal provincial de Camagüey donde se celebraba el juicio por el asesinato del joven músico Pedro Armando Junco, Mandy, y que los oficiales vigilaban para impedir que alguien manifestara su opinión contra la violencia en Cuba.

" Querían saber quien me había mandado hacer la foto y cuál era la significativa cifra que recibiría por ello", explica la periodista, que denuncia haber sido interrogada, acosada y amenazada durante tres horas a raíz del suceso. "Como es usual, no mostraron identificación, eso sí, me quitaron la cámara para borrar la imagen y anunciaron: 'Te vamos a poner Camagüey más chiquito que un kilo'. La máxima se ha estado cumpliendo desde hace dos meses", explica.

El pasado 8 de septiembre, García Basulto recibió una citación oficial para una entrevista el día siguiente en la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). El oficial que firmaba la citación no apareció en la sala, pero sí estaban los agentes que la habían interrogado meses antes en el exterior del tribunal. Los oficiales le mostraron la declaración de un funcionario público en la que se le acusaba de un delito de usurpación de la responsabilidad legal.

"Estaba vestida con una chaqueta como las que usan los periodistas, llevaba una credencial que no alcancé a leer y me dijo que ella era periodista de Granma y Adelante", rezaba la declaración firmada por Cristóbal Aranda Soto, administrador del área estatal de acopio del mercado Hatibonico. La periodista califica el testimonio de "absoluta mentira" inventada por el funcionario "para justificarse bajo la presión de los sinuosos agentes" y añade que su respuesta fue garantizarles que tenía pruebas y testigos que desmentían esos hechos. "Fueron cuatro largas horas de más amenazas y cuestionamientos, en las que mi libertad, la custodia de mi hijo y la paz de mi familia parecían estar en sus manos".

Los agentes le dieron "una segunda oportunidad", que nunca les pidió, asegura la reportera. A partir de ese momento, "empezaron a sembrar terror" haciendo visitas a su familia, llamadas telefónicas o apareciendo por los lugares que frecuentaba. Un día decidieron volver a citarla, esta vez en la oficina de inmigración de la ciudad de Camagüey. "Fui con una copia del Código Penal y la Constitución de la República. Les leí los artículos registrados en ambos documentos que defienden la libertad de palabra y de prensa. Hablamos del delito en el que incurría el funcionario Aranda Soto al mentir sobre mi modo de presentarme: perjurio". Ese día, afirma, había solo dos oficiales y pudo saber que se hacían llamar Fran y Michel.

El operativo del que fue víctima el pasado 3 de noviembre fue impulsado por uno de esos agentes. "Esa noche no solo me secuestraron esposada en una patrulla, me robaron violentamente y me denunciaron por poner resistencia a sus caprichos. Aún peores son las consecuencias que sufro: el rechazo de mi familia, la inestabilidad de mi hijo y el pánico de mis amigos, que reciben citatorios. Estoy bajo proceso penal [por desobediencia] y ninguna de las instituciones a las que he presentado mi queja como ciudadana que ha sido víctima de una detención arbitraria —Fiscalía y Tribunal Provincial— me han dado una respuesta coherente sobre los derechos que me fueron violados".

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