El sector privado es víctima del doble discurso del Gobierno

Los paladares han sido parte del sector cuentapropista más golpeado por los recientes detenciones y cierres. (EFE)
El Gobierno quiere evitar que los privados crezcan demasiado rápido, pero los exhibe como un ejemplo del avance de las reformas impulsadas por Raúl Castro. (EFE)

El frenazo anunciado en junio pasado acaba de materializarse. Al cancelar la entrega de varias licencias para el trabajo por cuenta propia y paralizar otras, el Gobierno confirma sus temores ante el avance del sector privado y pone en riesgo los pequeños espacios de eficiencia que ha ganado la población.

La Gaceta oficial publicó esta semana la decisión de no otorgar nuevas autorizaciones para esa forma de gestión no estatal “hasta que concluya el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia”. Esta fórmula esconde un plazo engañoso, demasiado subjetivo para ser objeto de una legislación.

Lo temores crecen también ante lo que falta por llegar. Tanto el último Consejo de Ministros como la recién concluida sesión de la Asamblea Nacional dejaron claro que se trata de un paquete de normativas dirigidas al cuentapropismo y a las cooperativas no agropecuarias que se irán anunciando en los próximos meses.

Muchos propietarios de negocios temen perder lo invertido si se les aplican requisitos draconianos, pero los principales afectados pueden ser los consumidores. En riesgo están el buen servicio y la mayor calidad que el sector privado ha logrado en renglones como la gastronomía, la renta de habitaciones, la reparación de electrodomésticos o el transporte, entre muchos otros.

La decisión de esta semana estuvo precedida de declaraciones oficiales sobre las ilegalidades y la evasión de impuestos. Es de esperar entonces que las próximas normativas vayan destinadas a priorizar la lucha contra los infractores en lugar de buscar soluciones como el establecimiento de mercados mayoristas, el permiso de importación comercial o los estímulos tributarios.

El Gobierno está atrapado en una contradicción. Por un lado quiere evitar que los privados crezcan demasiado rápido, pero también los exhibe como un ejemplo del avance de las reformas impulsadas por Raúl Castro

El castigo y la penalización parecen ser las únicas formas de lidiar con sus ciudadanos que tiene el Gobierno cubano. Al detectar irregularidades solo concibe resolverlas con medidas coercitivas, al estilo de la suspensión en la entrega de licencias, un aumento en el cuerpo de inspectores o la satanización de la prosperidad económica alcanzada por los más exitosos.

Esa actitud confrontativa evidencia que las formas autónomas de gestión siguen siendo para el oficialismo un mal necesario y la figura del pequeño empresario un antagonista del “hombre nuevo” que una vez se propuso lograr. El enemigo no desembarca en las costas o funda partidos opositores, sino que ofrece sabrosas pizzas a domicilio, gestiona salones de belleza y abre páginas webs para promocionar sus servicios.

El Gobierno está atrapado en una contradicción. Por un lado quiere evitar que los privados crezcan demasiado rápido, pero también los exhibe como un ejemplo del avance de las reformas impulsadas por Raúl Castro. El crecimiento del cuentapropismo, que al cierre del primer semestre de este año contaba con 567.982 trabajadores, se ha utilizado en foros y debates  internacionales como una señal de apertura y desarrollo.

Sin embargo, esa cifra puede verse afectada en los próximos meses. Cuando las licencias devueltas por los decepcionados que no tuvieron éxito supere al número de las que se emiten para nuevos afiliados. Es fácil predecir una disminución o al menos una parálisis en ese volumen.

El estancamiento es la dinámica del deterioro y el tiempo que dure este frenazo tendrá repercusiones negativas en el ejercicio y la influencia del sector privado en la economía nacional. Un paréntesis que puede acarrear que el entusiasmo decaiga y la paranoia crezca.

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