AP nos llama ‘mercenarios’

Cuando alimenta la teoría de la conspiración, AP asume los términos del código penal de la dictadura

AP y Granma ven una conspiración de EE UU.
AP y Granma comparten teorías de la conspiración.

Sendos reportajes de la agencia norteamericana Prensa Asociada (AP por sus siglas en inglés), publicados urbi et orbi, reproducen un síndrome de ciertos medios estadounidenses en relación con Cuba, al menos en los últimos 55 años. Lo inauguró en 1958 el periodista Herbert Matthews en The New York Times, con su relato estético sobre los barbudos de la Sierra Maestra, y puede llamársele el síndrome de la Última Thule, ese lugar mítico y distante para la antigüedad clásica, situado más allá de las fronteras del mundo conocido, donde nunca se ponía el sol, y en el que reinaban los dioses a espaldas de los eventos consuetudinarios que acontecen en el tablero mundial.

En ese mundo imperturbable inaugurado por el mito, no existe la influencia externa ―y si aparece se le llama injerencia―, sus habitantes pueden ser tratados como idiotas, es decir no piensan en la libertad por cuenta propia, y ciertas palabras comunes adquieren otro significado. Sobre todo, se trata de un mundo que no debe ser alterado, y si acaso se intentara, solo podría serlo por medio de la conspiración; de fuerzas exteriores, por supuesto. El papel de esos medios es exactamente este: trocar los hechos, refrendar el vocabulario de los que mandan en nombre del bien y banalizar el mal.

Los reportajes de Prensa Asociada sobre Zunzuneo y los programas de formación de la USAID, la agencia del Gobierno de los Estados Unidos para promover una versión posible del desarrollo y de la democracia, están calcados sobre el molde de este síndrome y siguen sus procedimientos.

Si nos atenemos a este medio, la promoción de las redes sociales y de cursos cívicos en un territorio capturado por una dictadura son actos ilegales demostrables, no por la ley ordinaria que rige al interior del reino, sino por el discurso de sus dictadores.

Nada en la legislación cubana castiga el hecho de que un ciudadano emplee una herramienta digital o educativa proporcionada desde el exterior, sea por un gobierno u otra institución, para propósitos legítimos; pero con la enemistad entre la autocracia cubana y los proveedores democráticos tenemos el ingrediente necesario para que los reporteros de Prensa Asociada monten un caso de conspiración, acoso y derribo donde única y exclusivamente existe un proyecto de promoción de la democracia. Nada más. Y esto hacia un país, no sé por qué AP no se informa, donde las ideas democráticas y libertarias tienen más raíces, y anteriores, que las protoideas, pongamos por caso, del castrismo.

Los reporteros de AP montan un caso de conspiración donde únicamente existe un proyecto de promoción de la democracia

Las cuestiones fundamentales, más allá de la expertise de la USAID, son las de si resulta legítimo promover la democracia ―resulta cuando menos cínico argumentar que se puede traer dinero desde el exterior, pero no ideas― y si los ciudadanos cubanos consideran a Internet o a un par de libros prohibidos como intromisión y manipulación de sus cerebros. Y esto último, a juzgar por las constantes redadas de la policía prohibiendo todo lo que pueda ser prohibido, no parece ser así. Lo que no puede ser discutido por la agencia, a menos que esté dispuesta a discutir la existencia misma de la USAID, un derecho que tendría pero que la llevaría a cuestionar la legitimidad misma de los cambios democráticos en cualquier parte del mundo, apoyados en todos los casos desde el exterior, incluyendo a los gobiernos, y reseñados por AP.

Sin embargo, esta agencia no se arriesga a criticar la legitimidad del objeto social de la USAID, solo afirma que ella diseña malos proyectos secretos. Y miente, usando las técnicas de la mentira compleja. ¿Cómo? A través del expediente de calificar como secreto lo que no aparece previamente publicado por la AP.

Cierta prensa incurre en el vicio de reconocer como público solo lo que se publica, una tautología mediática que circunscribe el mundo real a las salas de redacción; lo demás o bien no consta o bien existe solo en los laberintos ocultos de los juegos de poder. Sucede, sin embargo, que los programas y los dineros de la USAID están expuestos a la vista para quien quiera conocerlos, y criticarlos. Y de hecho lo son, por ciertos sectores, justamente por su naturaleza pública.

Cuando alimenta la teoría de la conspiración, a AP no le queda más opción que asumir los términos del código penal de las dictaduras. Para la cubana, el término subversión, que la AP utiliza con bastante alegría en sus notas, hace un largo recorrido desde la violencia hasta la manifestación pública y pacífica del descontento popular contra la brutalidad de un régimen abusador. Con lo que se intenta criminalizar el derecho supremo que les asiste a los pueblos de sacudirse la opresión; esta vez a puro tuitazo y liderazgo cívico; en una muestra, por cierto, de que los ciudadanos pueden comportarse de un modo más civilizado que aquellos que les oprimen.

Aquí la AP establece una equivalencia entre dictadura y democracia, como si los códigos penales entre ambos regímenes fueran intercambiables

Aquí la AP establece una equivalencia entre dictadura y democracia, como si los códigos penales entre ambos regímenes fueran intercambiables, y los castigos que propinaran a la gente estuvieran dentro de la misma categoría. Por lo perversidad de hacerle el juego a la retórica de las dictaduras, muchas veces la prensa de países democráticos quiere parecer aséptica y condena al ostracismo por omisión y trivialidad periodísticas a personas como Alan Gross, que todo el mundo sabe no estaba en condiciones de subvertir a ningún régimen.

De ahí la banalización del mal en la que incurre AP siempre que hace referencia a los activistas prodemocracia. Es curioso que en casi todas sus notas aparezca el término "mercenario", con el que el Gobierno mete en su tabla periódica a sus opositores. ¿Pero no sabe AP que el mercenarismo es una figura del código penal cubano dentro del que no califica ninguna de las acciones por las que el Gobierno nos llama mercenarios? Las dictaduras no son rigurosas con las palabras, un imponderable para su dominación especiosa sobre los ciudadanos; pero la prensa libre debería utilizar el lenguaje del diccionario y no el neo lenguaje de los autócratas.

Todavía estamos a la espera de una nota de AP que concluya diciendo: "los disidentes consideran al Gobierno como despótico", por aquello del equilibrio. Algo más cercano a los hechos. En todo caso, me gustaría recordar que, según el código penal, podemos estar donde muchos estamos: trabajando por la democracia en Cuba, aunque según la retórica del poder somos mercenarios que luchamos por subvertir el régimen. ¿Tiene AP alguna opinión objetiva?

¿Y el dinero? Pues ahí está. Un dinero del pueblo estadounidense, tanto privado como público, ―no del Gobierno― que agencias públicas y privadas de los Estados Unidos destinan a disímiles proyectos en todo el mundo, para beneficio de organizaciones y gobiernos, con algunas pocas excepciones, entre las que no se cuentan ni el Gobierno cubano ni muchas de sus instituciones asociadas.

En todo este asunto de la AP con Cuba tengo una hipótesis: estamos frente a un conflicto en los centros de poder entre grupos mediáticos, y de estos con el establecimiento (de establishment), que se dirime de cuando en cuando en las periferias. Una vez resuelto, Cuba volverá a ser para AP una dictadura, ni de izquierda ni de derecha, sino infame. Como lo son todas las dictaduras al decir de un político sabio.

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