Nueva ley electoral: ¿vino nuevo en odres viejos?

Reunión de la Asamblea Nacional (Neo Club Press)
Reunión de la Asamblea Nacional (Neo Club Press)

Tras la celebración del X Pleno del Comité Central (CC) del Partido Comunista de Cuba (PCC), ha trascendido en los medios oficiales la próxima "puesta en vigor de una nueva Ley Electoral; y la posterior realización de elecciones generales". Tan importante anuncio en un país donde hace más de 60 años no se realiza elecciones generales se menciona casi tangencialmente, apenas nueve palabras en una nota informativa sobre el mencionado Pleno, cuyo "plato fuerte" fueron las cuestiones relacionadas con los preparativos para la celebración del VI Congreso del partido único, en abril de 2016.

Es así que resulta extremadamente equívoco el estilo casual del anuncio, restándole importancia a un código cuya naturaleza resultaría esencial en cualquier sociedad mínimamente democrática.

Se desconoce qué motiva esta renovación legal en un país cuyo Gobierno hasta hace poco tiempo se ufanaba de contar con el proceso electoral más justo, transparente y participativo del mundo, capaz de convocar a las urnas a una aplastante mayoría de los electores. El caso provoca numerosas interrogantes, algunas muy elementales: ¿Por qué cambiar una ley que, supuestamente, es un paradigma de democracia incluso para las naciones más civilizadas del planeta? ¿Por qué la propuesta surge del Pleno del Comité Central y no de las instancias superiores del Poder Popular, como cabría esperarse? ¿A qué se debe la urgencia de promulgar una nueva Ley Electoral?

Una vez más, ante el secretismo y la conspiración oficiales solo queda especular. De hecho, esta vez no se ha anunciado la realización de un amplio proceso de "consulta popular", como sí se efectuó –al menos de manera formal– a lo largo de varios meses del año 2013, previo a la elaboración del nuevo Código Laboral actualmente en vigor. Tampoco quedó claramente establecido el lapso de tiempo que mediará entre la celebración de las "elecciones parciales" de abril de 2015 y la introducción de la nueva Ley Electoral, aunque de la información oficial divulgada se podría deducir que será breve.

En esta sociedad enajenada de la política y despojada del derecho pleno a elegir a sus gobernantes, la noticia no ha causado el menor impacto

En esta sociedad enajenada de la política y despojada del derecho pleno a elegir a sus gobernantes, la noticia no ha causado el menor impacto. En principio, el anuncio ha logrado lo que parece proponerse el gobierno: no despertar peligrosas expectativas entre los cubanos, en especial después de la ola de entusiasmo que embargó a muchos con el anuncio, el 17 de diciembre, acerca del restablecimiento de relaciones entre los Gobiernos de Cuba y EE UU.

A ese tenor, las declaraciones posteriores del General-Presidente durante el último encuentro de la CELAC enfriaron los ardores más desmedidos, mientras, a la vez, han profundizado la brecha entre el Gobierno y los ciudadanos. Sin dudas, la cúpula verde olivo ha constatado que la esperanza de cambios efectivos para los cubanos se centra más en los pasos futuros del Gobierno "enemigo" que en la "actualización del modelo" refrendado en las mediocres reformas raulistas. La revolución se ha convertido en una sucesión de fracasos y hoy los viejos guerrilleros de la Sierra Maestra y sus comparsas acompañantes presienten que la menor apertura podría desembocar en una pérdida del control.

No parece posible imaginar qué “nuevas” cláusulas democráticas nos tiene reservadas la misma dictadura que ha dominado vida y haciendas durante 56 años

Justo es decir que los temores del poder son fundados. ¿Acaso no cabría esperar que de un debate amplio de la sociedad cubana emergerían las exigencias de pluripartidismo o, cuando menos, un fuerte cuestionamiento del monopartidismo? ¿Acaso no estamos en un escenario propicio para reclamar una verdadera participación democrática y elecciones generales transparentes que sustituyan la farsa electoral practicada durante los últimos 40 años? Obviamente, los ancianos jerarcas no querrán correr demasiados riesgos.

Por el momento, no parece posible imaginar qué "nuevas" cláusulas democráticas nos tiene reservadas la misma dictadura que ha dominado vida y haciendas durante 56 años. En todo caso, dicen las sagradas escrituras que no se puede hacer vino nuevo en odres viejos. Todo indica que la nueva Ley Electoral será una conjura más del poder y su claque, apenas una maniobra apresurada para reforzar el maquillaje que cubra mínimamente la índole dictatorial del régimen y acalle los escrúpulos y exigencias de las naciones reunidas en la Cumbre de las Américas, en el próximo y ya cercano mes de abril. Presumiblemente la cohorte verde olivo –que quizás se despoje de uniformes y charreteras, y vista impecablemente de civil para la ocasión– hará alarde de los resultados de las elecciones parciales y presente el nuevo código electoral como prueba irrefutable de su voluntad de cambios y de su vocación democrática. De no ser por lo retorcida, tan patética pantomima causaría risa.

No obstante, aquí podríamos estar frente a una peligrosa jugada que entrañaría un alto costo para las aspiraciones democráticas de los cubanos. La orfandad cívica y la apatía generalizadas son las mejores cartas con las que cuenta el régimen de La Habana. Urge alertar a la opinión pública sobre una posible estratagema que –con el mismo estilo del "socialismo eterno"– solo pretendería posponer artificialmente el final de la más tenaz y perniciosa dictadura de cuantas han florecido en este Hemisferio.

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