72 horas para destruir

Llegada de inspectores a la timba para la demolición de construcciones ilegales. (Luz Escobar)
Llegada de inspectores a La Timba para la demolición de construcciones ilegales. (Luz Escobar)

La impotencia y la indignación se han extendido entre los vecinos de La Timba, del municipio Plaza de la Revolución, uno de los barrios habaneros afectados por la guerra contra las­ ilegalidades arquitectónicas que ha emprendido el Gobierno. Durante años, miles de familias con necesidades habitacionales construyeron añadidos en sus viviendas, tomaron terrenos baldíos para ampliarse o se fabricaron improvisados parqueos de autos. Una campaña de las autoridades contra esta indisciplina social ha puesto en el punto de mira todas esas irregularidades.

Los inspectores del Instituto de la Vivienda, en colaboración con las fuerzas policiales, recorren los barrios en busca de esas "ilegalidades" y, una vez detectada una infracción, entregan una orden al dueño de la vivienda para que derribe cada centímetro de lo construido sin permiso. La situación no solo causa malestar en los afectados, sino que pone en el centro del debate el grave problema constructivo que vive el país.

Se calcula que en Cuba hay un déficit habitacional que supera las 700.000 viviendas. Además, 8,5 de cada 10 viviendas existentes necesitan reparaciones. Durante el año 2013 solo se construyeron en el país 25.634 inmuebles de los cuales el 47,7% se erigió por esfuerzo propio.

La Habana es una de las zonas con mayores problemas, ya que se calcula que harían falta unas 28.000 nuevas viviendas para aliviar la situación.

Jazmín tiene 57 años y es responsable de tres nietas adolescentes. Vive en La Timba, en un apartamento en bajos en la calle 39 junto a su esposo, que está próximo a cumplir 60 años. Hace unos años, agregó dos metros cuadrados a su casa tomándolos del jardín común del edificio. Conscientes de los problemas familiares que la habían empujado a hacerlo, ninguno de los vecinos se había quejado nunca.

"Vivimos junto al hermano de mi esposo y su padre. Los dos son alcohólicos", apunta Jazmín. "Son buenas personas pero cuando se emborrachan se transforman totalmente". Los problemas de convivencia se agudizaron y, con el tiempo, la familia se vio obligada a dividir la casa. "Tuvimos que inventar este pedacito para poner el baño y la cocina", explica señalando hacia una construcción de bloques y cubierta ligera.

Jazmín se decidió a cometer la ilegalidad arquitectónica después de que su esposo, que trabajó durante tres décadas en la construcción, pidiera una casa que no le dieron. La precariedad económica que sufre la familia le impide comprar una vivienda más grande o alquilar otro espacio a los parientes conflictivos. "Si nos tumban esto, tendremos que hacer las necesidades en un cubo", explica. Pero el tiempo para que ella misma derrumbe las paredes levantadas se ha terminado. Este lunes las fuerzas policiales y los inspectores habrán puesto fin a su "indisciplina social".

“Si nos tumban esto, tendremos que hacer las necesidades en un cubo”, explica una vecina

Su caso se repite por toda la zona. María y Juana son dos ancianas de más de 80 años que han bordeado su propiedad con una cerca de alambre como mecanismo protector ante los múltiples robos que ocurren en el barrio de La Timba. A ellas también les dieron solo tres días para desmontar toda la valla, pero se han resistido a hacerlo ya que tienen documentos legales que la validan. El Instituto de la Vivienda, sin embargo, alega que fue autorizado por una ley anterior y por empleados que ya no trabajan para el Estado.

"Eso fue que se despertaron presionados por alguien de arriba y, como es más fácil obedecer que cuestionar, aquí están ­­–como dicen ellos– cumpliendo una orden" puntualiza con ironía la mayor de las ancianas.

En medio de la conversación aparece Gladys, una vecina impulsiva a la que también le han exigido quitar su cerca y que grita, a voz en cuello, que no le "da la gana quitar nada" porque la ley dice que todo ciudadano tiene derecho a proteger su vivienda. Enojada, acusa a un vecino de haber construido un parqueo asegurando tener permiso por trabajar en la contrainteligencia militar. "Yo esa no me la trago, no soy estúpida", asegura.

Los ánimos se caldean y el tiempo corre. En una horas llegarán los inspectores.

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