El fiscal que nunca llegó

La Habana/En Cuba existe un criterio jurídico muy preciso para definir la traición: hacerle daño a la Revolución. Con ese criterio se han llenado celdas, destruido familias y contado años de condena con la misma frialdad con que se cuentan los méritos de una vida entera. Alejandro Gil –el más gil de todos por creer que podía jugar desde adentro– lo sabe bien. También los periodistas encarcelados. Y los economistas que se atrevieron a publicar lo que los datos decían.

El problema es que ese mismo criterio, si se aplicara con honestidad, llevaría a un juicio mucho más largo y con muchos más acusados en el banquillo. Hagamos el ejercicio. 

Ese mismo criterio, si se aplicara con honestidad, llevaría a un juicio mucho más largo y con muchos más acusados en el banquillo

Si el delito es haber dañado objetivamente a la Revolución –no en teoría, no en intención, sino en resultados medibles–, entonces habría que presentar pruebas. Las pruebas están disponibles, sin necesidad de buscarlas en ningún archivo clasificado:

Cuba ha perdido en los últimos años una proporción de su población joven sin precedente en su historia. No por invasión, no por catástrofe natural. Por éxodo voluntario y masivo de gente que decidió que cualquier otro lugar era mejor que quedarse. La moneda fue destruida dos veces en menos de tres décadas, una hazaña que no requiere talento, sino consistencia en el error. La producción agropecuaria colapsó en un país que tiene tierra, sol y agua: exactamente lo que se necesita para no pasar hambre. Y la electricidad –ese indicador tan básico, tan poco ideológico–, lleva años fallando en ciclos que ya nadie llama "apagones", sino simplemente "la situación".

Nada de esto lo hizo el bloqueo por sí solo. El bloqueo existe: es real, es dañino y merece condena. Pero el Gobierno lleva sesenta años usándolo como única explicación de resultados que también tienen causas internas, y eso, en cualquier tribunal serio, sería considerado una prueba adulterada.

Cuando las figuras fallan al proyecto, no existe mecanismo legal, electoral ni institucional para decirles que el contrato se terminó

El pueblo cubano nunca eligió figuras. Le vendieron, o le prometieron, inicialmente con sinceridad –eso es discutible–, un proyecto: dignidad, salud, soberanía, futuro. Las figuras llegaron como un bonus, sin que nadie las pusiera en una boleta. Y cuando las figuras fallan al proyecto, no existe mecanismo legal, electoral ni institucional para decirles que el contrato se terminó.

Esa es la trampa: el pueblo puso su confianza en un discurso. Nunca en unas personas específicas, porque nunca le preguntaron. Pero son esas personas específicas las que llevan décadas firmando los decretos, aprobando las políticas y declarando traidores a los que señalan los resultados.

¿Quién ha causado más daño objetivo y comprobable, medido en hambre, en éxodo, en oscuridad y en moneda pulverizada?

Si el criterio para encarcelar es haber dañado la Revolución, ¿quién ha causado más daño objetivo y comprobable, medido en hambre, en éxodo, en oscuridad y en moneda pulverizada?

¿El periodista que publicó una crítica con nombres y apellidos?

¿O el funcionario que aprobó la Tarea Ordenamiento sin red de protección social, que avaló políticas de precios que triplicaron el costo de la vida de un día para otro y luego firmó el acta de la reunión donde se celebró el éxito de la medida?

Ese fiscal no ha llegado. No llegará. Y su ausencia no es un accidente del sistema: es la función del sistema. 

Lo que tenemos, entonces, no es una Revolución traicionada desde afuera. Es un proyecto que fue desmontándose desde adentro, decreto a decreto, con voz firme y vocabulario intacto, mientras gritaban “¡Viva!” al firmar cada pieza del desmantelamiento.

Eso tiene un nombre. No es contrarrevolución; eso sería demasiado honesto. Es algo más difícil de procesar: la revolución administrando su propio funeral con honores militares.

Y al que lo diga en voz alta, ya sabemos lo que le espera.