Unos 90.000 presos en Cuba están expuestos a daños por desnutrición, según Prisoners Defenders

Madrid/La organización Prisoners Defenders denunció este lunes que 90.000 presos en Cuba –la población carcelaria que se calcula que hay en la Isla– están expuestos a "daños irreversibles" por "desnutrición forzada", debido a las raciones alimentarias escasas que les proporcionan.

La ONG, con sede en Madrid, ha publicado un informe con fotografías, testimonios y otros materiales recibidos desde varias cárceles cubanas con los que han calculado que los presos reciben 250-353 kilocalorías al día, cuando un adulto requiere alrededor de 2.553, así que la dieta en prisión "cubre únicamente entre 10–14% del requerimiento energético estimado para un adulto sedentario".

De acuerdo con el documento, solo recurriendo a las raciones que llevan los familiares o el mercado negro de alimentos a cambio de otros bienes, como cigarrillos, los presos consiguen mantenerse.

El informe señala que todo esto forma parte de "un patrón más amplio y reiterado de raciones carcelarias extremadamente insuficientes, condiciones sanitarias degradantes, infestaciones de chinches y ausencia de atención médica adecuada".

Esto, si se mantiene "durante meses o años", puede llevar a una "desnutrición energético-proteica severa" que provoque "pérdida extrema de peso, sarcopenia grave, debilidad, intolerancia al frío, hipotensión, disminución de la capacidad de esfuerzo y deterioro general".

La ONG recuerda que según World Prison Brief, Cuba cuenta con aproximadamente 90.000 personas privadas de libertad (el 1% de la población cubana), que por tanto se están viendo sometidas a estos regímenes alimentarios.

"Si las condiciones documentadas —hambre, desnutrición severa, insalubridad extrema, falta de atención médica e infestaciones— son representativas de un patrón más amplio, hablamos de una exposición masiva a condiciones que, en términos materiales, pueden constituir trato cruel, inhumano o degradante", denuncia el informe.

El informe también documenta otros problemas como la presencia de chinches en colchones, maderas y celdas.

Javier Larrondo, presidente de la ONG, afirma que hay se han identificado 447 prisioneros políticos con patologías graves provocadas o agravadas por las condiciones de reclusión, como la mala alimentación, los malos tratos y la ausencia de atención médica, así como 47 con trastornos mentales severos sin tratamiento.

"En estas circunstancias, la permanencia en prisión no solo agrava de forma crítica su estado, sino que convierte su encarcelamiento en una amenaza directa para sus vidas y sus familias. La continuidad de su reclusión resulta, por tanto, absolutamente insostenible desde una perspectiva humanitaria y de derechos humanos. Su liberación no responde a intereses políticos ni estratégicos, sino a la necesidad urgente de salvar vidas. La vía adecuada para lograr liberaciones reales es la licencia extrapenal, sin condiciones restrictivas que perpetúen el riesgo o encubran nuevas formas de castigo", añade el documento.

El informe coincide con una denuncia realizada por la activista Salomé García sobre presuntos abusos sexuales en la prisión de Guanajay, en Artemisa. De acuerdo con su testimonio, el mayor Javier Reboso Pérez, de la Seguridad del Estado, el teniente coronel Emilio Guilarte Ramírez, segundo jefe de la prisión, y el teniente coronel Guillermo Cordero Monduy han permitido por segunda vez que un recluso agreda a un preso del 11J "con total impunidad".

La activista no ha facilitado el nombre de la víctima, ya que esperan a que la familia sea informada, pero afirma que está ingresado tras la agresión, precedida de la ingesta forzosa de un químico

La activista no ha facilitado el nombre de la víctima, ya que esperan a que la familia sea informada, pero afirma que está ingresado tras la agresión, precedida de la ingesta forzosa de un químico. El presunto responsable sería un preso condenado a más de 30 años de cárcel y tiene “un largo historial de violaciones y agresiones sexuales”.

García recuerda que organizaciones como Human Rights Watch han denunciado esta práctica como algo sistemático en Cuba y acusa a los tres funcionarios implicados de comportamiento violento, incluyendo torturas cometidas sobre Orlando Zapata Tamayo antes de su muerte.

Guillermo Cordero Monduy, en concreto, está denunciado por organizaciones defensoras de derechos humanos que lo acusan de un largo historial represivo en esta prisión –donde era conocido como Guillermo Tell por su manera de manipular la porra–. Además de atribuírsele responsabilidad en la muerte de más de un recluso, el opositor Aurelio Andrés González Blanco lo acusó de trabajar en complicidad con el Tribunal Provincial de Artemisa para fabricar causas y participar directamente en su vigilancia.