Archivo Cuba pide a los embajadores en Cuba que intercedan por un preso político
Carlos Manuel Pupo Rodríguez fue ingresado en un hospital, donde depuso la huelga de hambre que llevaba a cabo
La ONG insta a la comunidad internacional a realizar inspecciones en las cárceles cubanas "sin previo aviso"
La Habana/La organización Archivo Cuba pidió este jueves a la comunidad internacional que interceda por el preso político Carlos Manuel Pupo Rodríguez, coordinador nacional del Partido Unión por Cuba Libre.
En su petición ¿Por qué 'no importa' que los cubanos mueran de hambre?, la organización insta a los embajadores y altos representantes de organismos internacionales destacados en la Isla a que hagan acto de presencia en el hospital donde está interno el preso y pidan actualizaciones de su condición médica.
Pupo Rodríguez, que cumple su condena en la cárcel Kilo Cinco y Medio de Pinar del Río –donde también se encuentra el rapero contestatario Maykel Osorbo–, fue trasladado esta semana de urgencia al Hospital Provincial Abel Santamaría donde, tras pedidos de su familia, depuso la huelga.
"Lo habían mantenido encerrado en una pequeña celda, privado de agua, atención médica y de comunicaciones telefónicas y visitas de familiares", señala la ONG con sede en Washington, que califica su caso como un cruel castigo por parte de la Seguridad del Estado.
En el documento, Archivo Cuba también interpela a los relatores especiales de la ONU sobre tortura y tratos crueles, a la Cruz Roja Internacional y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que exijan la pronta liberación de Pupo y todos los presos políticos cubanos. Además, pide a todas esas instancias internacionales que realicen inspecciones en los centros de detención "sin previo aviso".
De igual manera, pide a los medios cubanos reflejar en sus contenidos las realidades del sistema carcelario y a los funcionarios a salvaguardar archivos que evidencien el atropello a los derechos humanos. En su texto, la ONG recapitula que, desde la instauración de la dictadura castrista, se han documentado al menos 1.748 muertes de opositores detenidos, 27 de ellos en huelga de hambre.
La organización también tiene palabras para Andy Reyes, un preso común que se declaró en huelga de hambre después que fue condenado a 25 años de cárcel por un delito que él insistía no haber cometido
La organización también tiene palabras para el caso del cubano Andy Reyes, de 27 años, un preso común que se declaró en huelga de hambre después que fue condenado a 25 años de cárcel por un delito que él insistía no haber cometido. "Falleció el día 52 de su huelga de protesta exigiendo una revisión de causa ante un sistema judicial subordinado a un régimen de partido comunista único y carente de garantías legales", señala.
Así mismo, recuerda que el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba ha estimado que "más de mil reclusos han perdido la vida en la última década por palizas, torturas, malos tratos, condiciones inhumanas y falta de atención médica", algo que lleva a algunos presos políticos a declararse en huelga de hambre.
Uno de los detenidos políticos en peligro es precisamente Pupo Rodríguez, que lleva dos períodos de huelga de hambre, el último de 21 días, tras ser condenado a seis años de cárcel por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en el municipio de San Antonio de los Baños (Artemisa).
Además de convocar a los Estados democráticos a cesar toda acción que legitime, financie y apoye a la dictadura cubana, y a imponer sanciones a todos los agentes que participen en la represión, incluidos los jueces, fiscales o policías, Archivo Cuba exige al régimen cubano que "desmantele el aparato represivo y permita una transición pacífica a la democracia".
La ONG reprocha que el régimen cubano no solo goza de "total impunidad", sino que ocupa puestos destacados en organismos como miembro electo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2021-2023) y del Consejo Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud (2020-2023).
Ni la Cruz Roja ni los organismos internacionales pueden inspeccionar el cumplimiento de los derechos humanos en las más de 100 prisiones grandes que tiene Cuba, así como las 150 instituciones penitenciarias pequeñas y 300 centros policiacos. Tampoco el Gobierno cubano brinda información a los familiares de los detenidos o fallecidos en prisión.
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