La Fiscalía justifica la acusación de sedición para los manifestantes por "atentar contra el Estado socialista"

Las autoridades admiten que 115 de los 710 acusados tienen entre 16 y 20 años, además de los 10 menores de 16 años que fueron internados en escuelas de conducta

Desde finales de noviembre, los detenidos del 11J están siendo procesados en diferentes ciudades de la Isla. (14ymedio)
Desde finales de noviembre, los detenidos del 11J están siendo procesados en diferentes ciudades de la Isla. (14ymedio)
14ymedio

25 de enero 2022 - 12:04

Madrid/Las autoridades cubanas se saben observadas y, por una vez, han sentido la necesidad de dar explicaciones "al pueblo y a la opinión pública internacional" sobre los juicios que están llevándose a cabo a raíz del 11J. En una nota publicada en la prensa oficial, la Fiscalía General de la República justifica las graves acusaciones de sedición –y las condenas de hasta 30 años de cárcel– que lanza sobre una multitud de manifestantes por "atentar contra el orden constitucional y la estabilidad del Estado socialista".

Tras un preámbulo en el que la Fiscalía acusa de manipulación a quienes dicen que el Estado viola los derechos humanos e insiste en atribuir las manifestaciones del 11J a un descontento generado por el contexto de crisis mundial y "recrudecimiento del bloqueo" para "destruir la Revolución", comienzan los datos y las justificaciones.

La Fiscalía sitúa en 117 los expedientes por los casos más graves y en los que hay 790 personas involucradas por "actos vandálicos" y atentar contra autoridades, personas y bienes, además de alterar el orden

La Fiscalía sitúa en 117 los expedientes por los casos más graves y en los que hay 790 personas involucradas por "actos vandálicos" y atentar contra autoridades, personas y bienes, además de alterar el orden. Según sus datos, el 21% de los encausados tenían antecedentes penales, aunque no se especifica de qué tipo.

De todas estas investigaciones, 110 se han presentado a los tribunales, con 710 acusados de los que 490 están en prisión provisional (el 69%). Además, 115 tienen entre 16 y 20 años. En este grupo están los mayores de edad, que son 60, de los cuales 41 aguardan el juicio encarcelados, mientras otros 55 son menores.

La mayoría de edad penal en Cuba está establecida en los 16 años y la Fiscalía considera que 55 de las personas entre esa edad y los 18 deben ser juzgados por los "graves hechos" cometidos. De estos, la mitad están en prisión provisional (28) y hay 18 que, "como resultado de la práctica de las pruebas en los actos de juicio oral, el reconocimiento de los hechos, el arrepentimiento mostrado y la condición de estudiantes", han visto cómo el Ministerio Público rebajaba su petición de sanción por una menor.

Hasta la fecha, continúa la nota, se han realizado 84 juicios, en 44 de los cuales los tribunales ya han dictado sentencia para 172 personas.

La Fiscalía admite que las penas que ha solicitado son elevadas y graves, pero considera que las protestas se desarrollaron con un alto "nivel de violencia" que puso en peligro la seguridad y la integridad física de ciudadanos, funcionarios y miembros de las fuerzas del orden. Además, considera que de manera paralela se produjo vandalismo contra establecimientos comerciales, depósitos de combustible, medios de transporte o casas de cambio, entre otros, y en este presunto clima violento hubo saqueos, produciendo cuantiosos daños.

La Fiscalía considera que hubo "perturbación grave del orden público y deliberado propósito de subvertir el orden constitucional" que justifican la acusación por sedición

Por todo esto, la Fiscalía considera que hubo "perturbación grave del orden público y deliberado propósito de subvertir el orden constitucional" que justifican la acusación por sedición.

Aunque han sido muy numerosos los casos en que se han denunciado irregularidades y testigos manipulados o falta de pruebas, la Fiscalía alega que se ha verificado el "cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales". El órgano asegura que las acusaciones están verificadas y los videos peritados, lo que permitió identificar a los imputados por "desórdenes públicos, instigación a delinquir, daños, robos con fuerza y violencia, atentado y sabotaje", además del ya citado grave delito de sedición.

También el Ministerio Público sostiene que los acusados tuvieron derecho a una defensa en la que los abogados aportaron pruebas y tuvieron acceso a las actuaciones. Sin embargo, varios letrados han alegado en estos meses dificultades para poder consultar los expedientes y trabas a la hora de presentar los recursos. La Fiscalía, pese a ello, afirma haber tramitado 238 quejas y atendido a 508 ciudadanos.

Consciente de que los organismos internacionales han puesto especial énfasis en los menores de edad que fueron encausados, la Fiscalía recuerda que los menores de 16 años no son sujetos del Derecho Penal y que de los 27 jóvenes detenidos que se encontraban en esta situación, 10 fueron internados en escuelas de formación integral y de conducta y 17 recibieron "atención individualizada" en sus propias escuelas.

La Fiscalía vuelve a insistir en el cierre de la nota en lo correcto de sus actuaciones y el apego a la legalidad y asegura que vela por "la protección de los intereses del Estado y el respeto al derecho de todos los ciudadanos"

La Fiscalía vuelve a insistir en el cierre de la nota en lo correcto de sus actuaciones y el apego a la legalidad y asegura que vela por "la protección de los intereses del Estado y el respeto al derecho de todos los ciudadanos".

Además de Cubalex y Justicia 11J, los organismos internacionales como la ONU y su división por la infancia Unicef, así como asociaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW) han alertado de las irregularidades que se produjeron en torno a las manifestaciones del 11J reprimidas "brutalmente" por las autoridades cubanas, según un informe de HRW.

AI, que también investigó las protestas y posteriores detenciones, pidió en agosto a Miguel Díaz-Canel y la Fiscalía un informe detallado sobre el número de personas detenidas el 11 de julio, su lugar de detención y los cargos presentados contra ellas. La ONG, a partir de una sesentena de videos, documentó varios "crímenes de derecho internacional y violaciones graves de derechos humanos" y nombró a varios prisioneros de conciencia.

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