La Fiscalía cubana niega que haya desapariciones forzosas por el 11 de julio

Hasta la fecha, 62 personas fueron juzgadas y 53 sancionadas por desorden público entre otros delitos

Dos agentes someten a uno de los manifestantes el pasado 11 de julio, en La Habana. (EFE)
Dos agentes someten a uno de los manifestantes el pasado 11 de julio, en La Habana. (EFE)

De las 62 personas que han sido juzgadas por su participación en las manifestaciones del 11 de julio, 53 fueron sancionadas por desorden público y otros por "resistencia, desacato, instigación a delinquir y daño", según los datos oficiales, ofrecidos este miércoles por Joselin Sánchez Hidalgo, magistrado del Tribunal Supremo Popular y Director de supervisión y atención a la población, a Cubadebate. El texto se centra en ensalzar las presuntas garantías del sistema judicial cubano que los testimonios desmienten y deja clara la molestia que han generado entre las autoridades las acusaciones de "desapariciones forzosas".

Según su versión, quienes han acabado frente a un tribunal lo hicieron por su conducta "agresiva, violenta y dañina" y los delitos por los que fueron juzgados conllevan sanciones de un año de prisión, multa de 300 cuotas o ambas. "En el caso de los hechos más violentos o de mayor gravedad acontecidos el 11 de julio, aún están en investigación y por tanto no han llegado al Tribunal", añade Sánchez Hidalgo.

El funcionario confirmó las dificultades de eludir el peso de las leyes del régimen al indicar que apenas uno de todos los inculpados fue absuelto

El funcionario confirmó las dificultades de eludir el peso de las leyes del régimen al indicar que apenas uno de todos los inculpados fue absuelto. Otros detalles ofrecidos por el juez fueron la comparecencia en juicio oral de 22 de los acusados asistidos por un abogado y los recursos presentados contra las sentencias, un total de 45 de los cuales 40 ya han designado un abogado.

Apuntando a una presunta reincidencia o mala conducta, el funcionario recalcó que 21 de los sancionados estaban en libertad condicional o cumpliendo sanciones "subsidiarias" de prisión. "Cuando se realizaron las acciones indagatorias, se determinó que habían incumplido las obligaciones que tenían impuestas por la ley y se les revocó ese beneficio o la sanción subsidiaria".

La última vez que el Tribunal Supremo ofreció datos sobre procesos relacionados con el 11 de julio, el 24 de julio, habían sido 59 las personas juzgadas, por lo que el número apenas se ha elevado en tres. El texto dedica un gran número de párrafos a hablar de los derechos que la ley marca, aunque no menciona la discrecionalidad con que se aplican.

Por ejemplo, Sánchez Hidalgo habló del derecho a un abogado que asiste a cualquier acusado, así como el de aportar pruebas en su defensa, declarar o abstenerse y apelar la sentencia. Pero los hechos y multitud de testimonios revelan que la Seguridad del Estado presiona a las familias para que renuncien a estas garantías que sí existen sobre el papel, llegando a desaconsejarles que busquen asesoría jurídica con la advertencia de que puede jugar en su contra.

"Nosotros podemos asegurar que en los juicios orales celebrados por el tribunal contra 62 acusados se han realizado con estricto apego a estas garantías que establece la Ley de Procedimiento Penal"

"Nosotros podemos asegurar que en los juicios orales celebrados por el tribunal contra 62 acusados se han realizado con estricto apego a estas garantías que establece la Ley de Procedimiento Penal, y que, además han sido refrendadas en la Constitución de la República", alega el juez, sin atender a lo que sucede en la práctica.

Además de insistir en el derecho a tener un abogado que otorga la ley, insistió en que, de no ser así, la norma prevé un letrado de oficio para quien desee contar con sus servicios. No obstante, es poco habitual que este tipo de defensa se enfrente a las autoridades.

También ha hablado con el diario oficialista Dixán Fuentes Guzmán, fiscal jefe de la dirección de Atención a los Ciudadanos de la Fiscalía General de la República, para reforzar el presunto garantismo del sistema. Según su versión, todos aquellos que hayan elevado alguna queja en relación a las detenciones vinculadas con las manifestaciones del 11 de julio tendrán una respuesta en el plazo exigido.

"Así lo define nuestra Carta Magna, pues atender y dar solución a los problemas planteados por los ciudadanos y hacerlo con calidad, también tiene que ver con la esencia del socialismo que construimos. Y no existe un socialismo eficiente si no tenemos un grupo de instituciones que proteja los derechos de las personas", dijo.

El fiscal indicó que el sistema judicial debe trabajar más para evitar los errores, pero a la vez justificó la correcta acción de la Justicia. Entre enero y julio, la FGR atendió a 47.000 personas y recibió más de 9.000 quejas, un hecho que, a su juicio, es muestra de la confianza que los cubanos tienen en sus instituciones. "Nadie le solicita a una institución algo, si no confía en ella", defendió.

"¿Esto es desaparición forzosa? No. Las personas lo que no conocen en el primer momento es dónde están detenidos y los fiscales tienen la responsabilidad de comprobar que el Ministerio del Interior haya cumplido con las indicaciones"

Con respecto al 11 de julio, 215 personas fueron atendidas, de las que 47 pusieron reclamaciones. El funcionario desgrana que estos casos corresponden a familiares de los detenidos que pedían información, la más habitual, sobre el lugar al que fueron llevados tras su arresto.

"¿Esto es desaparición forzosa? No. Las personas lo que no conocen en el primer momento es dónde están detenidos y los fiscales tienen la responsabilidad de comprobar que el Ministerio del Interior haya cumplido con las indicaciones que están establecidas en ley de comunicar con inmediatez a los familiares el lugar de la detención y los motivos", sostuvo.

Los testimonios también desmienten al magistrado respecto a esto. El caso más notorio es el de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, que este jueves cumple 25 días detenido sin que se conozca su paradero. "No tenemos la certeza total pero hay probabilidad de que esté en huelga de hambre y de ser así el riesgo es mayor, sin olvidar que puede estar siendo torturado como la vez anterior bajo condiciones crueles, inhumanas y degradantes", denunció en sus redes este miércoles Nelva Ortega, esposa del opositor, quien asegura que "aún se mantiene incomunicado y nos niegan a la familia verle o recibir una llamada telefónica para que nos diga su paradero real y su estado de salud, que debe ser bien crítico pues salió del hogar con una úlcera sangrante".

Es frecuente, concluyó Sánchez Hidalgo, que las familias muestren su malestar con el lugar en que el detenido se halla, la forma en que se produjo el arresto -que muy frecuentemente incluye violencia- y las medidas cautelares impuestas, además de los cuestionamientos por arrestar a personas que tan solo estaban filmando, como fue el caso de Yoan de la Cruz, que transmitió la primera protesta de San Antonio de los Baños, entre otros.

El funcionario afirmó que es muy común que la Fiscalía revise una medida y la modifique cuando se aportan pruebas y recordó también que los menores que están acusados es porque tienen responsabilidad penal, ya que han cumplido los 16 años, como indica la ley.

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