Iberostar, demandada bajo la Ley Helms-Burton, alega falta de jurisdicción

Los abogados del grupo hotelero cuestionan la jurisdicción del tribunal de Miami y niegan la operación en el Hotel Imperial

Vista del hotel Iberostar Selection Almirante en el balneario de Guardalavaca, en la provincia de Holguín. (Cubadebate)
Vista del hotel Iberostar Selection Almirante en el balneario de Guardalavaca, en la provincia de Holguín. (Cubadebate)

El grupo hotelero Iberostar, una de las compañías españolas demandadas en EE UU bajo la ley Helms-Burton, pidió que se desestime esa acción legal con el argumento central de que el tribunal no tiene jurisdicción sobre una empresa con sede en España y sin negocios ni presencia física en el estado de Florida.

En un documento judicial al que EFE tuvo acceso este jueves y que incluye una declaración jurada de Alberto Llompart, consejero general de Iberostar Hoteles y Apartamentos, S.L., los abogados de la compañía desarrollan ese argumento y otros con el fin de invalidar la demanda planteada en 2020 por María Dolores Cantó Martí en los tribunales federales en Miami.

La demandante afirma tener derechos legales sobre una propiedad en Cuba donde su familia tenía un hotel y que les fue decomisada tras el triunfo de la revolución en 1959, y alega que Iberostar lucró operando ese establecimiento, por lo que, en virtud del Título III de la Ley Helms-Burton, reclama ser indemnizada económicamente.

El Título III, que después de 23 años en el limbo judicial entró en vigor el 2 de mayo de 2019 por decisión del entonces presidente Donald Trump, permite demandar en EE UU a empresas que se lucren con propiedades decomisadas en Cuba antes de 1996, el año en el que la Ley Helms-Burton cobró vigencia.

Iberostar, con sede en la isla de Mallorca, no solo cuestiona la jurisdicción del tribunal de Miami en este caso, sino que niega haber operado el Hotel Imperial

En más de tres años se han presentado 44 demandas y solo una se ha resuelto definitivamente y no en los tribunales.

Iberostar, con sede en la isla de Mallorca, no solo cuestiona la jurisdicción del tribunal de Miami en este caso, sino que niega haber operado el Hotel Imperial y apunta que los derechos de la demandante, María Dolores Cantó Martí, sobre la propiedad decomisada no están probados.

"Iberostar Spain no posee, ni nunca ha poseído, el Hotel Imperial", subraya Llompart, quien también niega que su compañía lo haya administrado u operado en sociedad con el Gobierno cubano.

Según Llompart, cuando se presentó esta demanda el hotel Imperial no lucía la enseña de la marca Iberostar. "Solo la tuvo entre 2017 y 2019", subraya.

Después de 23 años, en los que los sucesivos presidentes de EE UU mantuvieron en suspenso el Título III de la ley promulgada por Bill Clinton para no tener problemas con terceros países, Trump decidió ponerlo en vigor para presionar al Gobierno cubano a hacer cambios en la Isla.

Según el Consejo Económico y Comercial EE UU-Cuba, una entidad privada y sin ánimo de lucro que se ha ocupado de reunir toda la información sobre las demandas invocando el Título III, las 44 presentadas hasta la fecha involucran a compañías de 15 países.

Los únicos demandantes que han recibido compensación hasta ahora son los Clafin, una familia a la que en 1960 el régimen cubano decomisó la entonces llamada "Compañía Azucarera Soledad"

Se trata de EE UU, Cuba, Canadá, Chile, China, Dinamarca, Francia, Alemania, Países Bajos, Panamá, Singapur, España, Suiza, Tailandia y Reino Unido.

El Consejo, dirigido por John Kavulich, elaboró una lista de 87 entidades que han sido demandadas efectivamente o notificadas de que pueden llegar a serlo, que es un paso previo previsto en el títul: Amazon, Visa, Booking, Expedia, Mastercard y Trivago están en la grupo, junto a BNP Paribas, BBVA, Meliá, Iberostar, Barceló, NH Hotels, Pernod Ricard, Iberia, Air Europa, Latam, Societe Generale.

Algunas de compañías han tenido varias demandas. El récord lo tiene la plataforma de viajes, Expedia, que está incluida en ocho casos.

De acuerdo con el consejo, los únicos demandantes que han recibido compensación hasta ahora son los Clafin, una familia a la que en 1960 el régimen cubano decomisó la entonces llamada "Compañía Azucarera Soledad".

La justicia solo ha emitido hasta ahora un veredicto, que obliga a pagar unos 100 millones de dólares a cada una de las cuatro compañías de cruceros demandadas, Norvegian, Carnival, Royal Caribbean y MSC, pero todavía pueden recurrirlo.

Actualmente en los tribunales de apelación se ventilan diez demandas y esos mismos cuerpos judiciales ya han desestimado seis.

Las autoridades estadounidenses han certificado 5.913 casos de ciudadanos y empresas del país que pueden acogerse al Título III, por un total de 1.900 millones de dólares

Esta semana se conoció que una sentencia de la corte de apelaciones del distrito 11 del sur de Florida ratifica la decisión del juez James Lawrence King, que falló a favor de Carnival y Royal Caribbean en julio de 2020 frente a la pretensión del cubanoamericano Javier García-Bengochea, heredero de los terrenos que acogen el puerto de Santiago de Cuba.

García-Bengochea, neurocirujano y residente en Jacksonville, heredó la propiedad en 2000 de un primo costarricense, Desiderio Parreño, quien a su vez los había recibido de su hermano fallecido en 1972, Albert Parreño. Los terrenos habían sido expropiados en 1960 por el Gobierno cubano, que los destinó a convertirse en la terminal Sierra Maestra.

En ella atracaron barcos de ambas navieras desde 2016 hasta que EE UU prohibiera los cruceros a Cuba, motivo por el que, presentó una denuncia en 2019 para reclamar una compensación como dueño legítimo de los terrenos.

En 2020, el magistrado James Lawrence King rechazó el fondo de la cuestión al considerar que, aunque el demandante recibió legalmente su herencia, no está permitido que los ciudadanos no estadounidenses traspasen sus reclamaciones sobre propiedad confiscadas a estadounidenses aprovechando las disposiciones de la Ley Helms-Burton. El juez señaló, específicamente, que el Congreso intentó evitar este tipo de estratagema con la redacción de su ley.

Según el Consejo Comercial y Económico EE UU-Cuba, las autoridades estadounidenses han certificado 5.913 casos de ciudadanos y empresas del país que pueden acogerse al Título III, por un total de 1.900 millones de dólares, que con los intereses desde hace más de 60 años ascenderían a 8.521 millones.

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