La Sherritt es cómplice del robo de los recursos de Cuba, denuncia un empresario expoliado

La familia Pitt-Wasmer ha iniciado un proceso legal por la confiscación de sus minas, que colindan con las de la Moa Bay Mining Company

La extracción de cobalto –un recurso cuya demanda va en aumento– garantiza que la empresa canadiense siga gestionando con eficiencia las centrales en Varadero y Boca de Jaruco. (ACN)
La extracción de cobalto –un recurso cuya demanda va en aumento– garantiza que la empresa canadiense siga gestionando con eficiencia las centrales en Varadero y Boca de Jaruco. (ACN)

Para la familia de cubanoamericanos Pitt-Wasmer, el llamado "canje de cobalto" con el cual el Gobierno cubano pretende saldar sus deudas con la compañía canadiense Sherritt no solo es un acto ilegal sino que constituye un "peligroso precedente" en la gestión económica del país.

Los 362 millones de dólares que el régimen debe a Sherritt se pagarán con el aumento de la entrega de cobalto, durante cinco años, de varias minas en Moa (Holguín) que la compañía minera de Toronto está ampliando sobre terrenos colindantes que son propiedad de los Pitt-Wasmer y les fueron arrebatados por Fidel Castro en 1960.

Mediante el pacto con Sherritt "el Gobierno entrega uno de los pocos recursos económicos nacionales que le quedan a Cuba", explica a 14ymedio William Pitt, miembro de la familia Pitt-Wasmer. El Gobierno pagará a Sherritt "por su labor física y administrativa en tres plantas de energía eléctrica" –en Varadero (Matanzas), Boca de Jaruco y Puerto Escondido (Mayabeque)– y lo hará "a través de un aumento en el porcentaje del cobalto extraído" en las minas que invaden parcialmente los terrenos expropiados a su familia en Moa y Punta Gorda (Holguín).

El "canje de cobalto", señala Pitt, es una acción ilegal tanto por parte del Gobierno cubano, que comercia con propiedad ajena, como de la compañía canadiense, que se hace cómplice del robo de los recursos de la Isla.

Según Pitt, "el Gobierno cubano ahora está entregando a Sherritt aún más recursos minerales que originalmente confiscó ilegalmente y sin compensación a los propietarios legítimos de esas minas". "Así continúa el empobrecimiento del pueblo de Cuba", lamenta.

El "canje de cobalto", señala Pitt, es una acción ilegal tanto por parte del Gobierno cubano, que comercia con propiedad ajena, como de la compañía canadiense

Los Pitt-Wasmer han iniciado un proceso legal por la confiscación de las minas de Holguín, que colindan con las de otra compañía, la Moa Bay Mining Company, una antigua propiedad de la familia Rockefeller también usurpada por Castro.

Pitt no ofrece más información sobre las demandas, pues significaría dar pistas al Gobierno cubano sobre los planes de la familia, herederos de los empresarios William Pitt Ferrer y Berta Wasmer Arnaz, que residían en Santiago de Cuba y gestionaban la empresa familiar.

"Las excavaciones de Sherritt en las minas de Moa Bay se sobrepasan de las propiedades de Moa Bay y entran a las nuestras", afirma Pitt. "Además, Sherritt se prepara a expandir sus operaciones en áreas que incluyen otras minas nuestras".

"Recientemente la carpeta de inversiones mineras ofrecidas por el Ministerio de Energía y Minas incluye áreas de expansión futura que incluye otras minas de níquel y cobalto al este de Moa y en Punta Gorda que son de nuestra propiedad", detalla.

Las centrales que Sherritt opera en la Isla tienen, en el contexto energético actual, una especial importancia. La precariedad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y los frecuentes colapsos de las principales termoeléctricas del país obligan al Gobierno a asegurar el buen funcionamiento de las centrales que administra Sherritt y, por lo tanto, a no retrasar el pago de sus deudas.

La extracción de cobalto –un recurso cuya demanda va en aumento– garantiza que la empresa canadiense siga gestionando con eficiencia las centrales en Varadero y Boca de Jaruco, "dos de las plantas mejor operadas del SEN", señala Pitt. El correcto desempeño de la planta de Varadero, además, incide en la estabilidad eléctrica de la red hotelera y evita percances en uno de los puntos turísticos esenciales del país.

En cuanto a Boca de Jaruco, de ella depende gran parte del suministro de La Habana, donde se han verificado numerosas protestas por los apagones este verano, que el Gobierno pudo controlar a duras penas.

"Recientemente la carpeta de inversiones mineras ofrecidas por el Ministerio de Energía y Minas incluye áreas de expansión futura que incluye otras minas de níquel y cobalto que son de nuestra propiedad"

Otro factor que el Gobierno cubano quiere asegurar es la gestión, por parte de Sherritt, de 11 pozos de petróleo en Varadero y otros 17 en Boca de Jaruco. En estos yacimientos se extrae el gas natural utilizado en esas tres plantas eléctricas, lo cual contribuye a limitar la dependencia del petróleo venezolano y reducir el riesgo de apagones en zonas estratégicas, como La Habana y los principales centros turísticos.

Pitt conoce bien ambas dependencias y comprende el porqué de la diligencia del Gobierno a la hora de pagar la deuda. Con una potencia de 173 megavatios, aproximadamente, la instalación de Varadero "consta de dos plantas integradas de procesamiento de gas crudo, tres turbinas de gas y generadores eléctricos asociados, un sistema de intercambio de calor para generar vapor a alta presión y una turbina de vapor y un generador eléctrico asociado".

Boca de Jaruco, por su parte posee "una planta de procesamiento de gas crudo y cinco turbinas de gas y generadores eléctricos asociados, un sistema de intercambio de calor para generar vapor a alta presión y una turbina de vapor y generadores eléctricos asociados", para una potencia total de 313 megavatios.

Se trata, en definitiva, de dos posiciones –y casi 500 megavatios– que el régimen no puede darse el lujo de perder y que tampoco es capaz de administrar correctamente por sí mismo, aunque oficialmente es la estatal Energas la encargada de la gestión de las centrales de gas, como señala un reportaje en Televisión Cubana que, sin embargo, no menciona en ningún momento la intervención de Sherritt.

De menor envergadura, la central de Puerto Escondido posee "una planta de procesamiento de gas crudo y una turbina de gas, así como de un generador eléctrico con una potencia de 20 megavatios". De ella depende la estabilidad energética de varias instalaciones hoteleras del área, explica Pitt.

Sherritt y Energas tienen "una gestión compartida, un arreglo", opina Pitt, pero ni el Gobierno cubano ni la minera canadiense "hacen públicas esas relaciones, ni ofrecen detalles o claridad sobre este asunto".

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