Abren “procesos penales” contra los padres de los niños que duermen en los bajos del Gran Muthu

La Habana/Una semana después de que los niños que dormían en los bajos del hotel Gran Muthu Habana, en Miramar, fueran entrevistados por 14ymedio –luego de que imágenes suyas trascendieran en redes sociales–, la televisión oficial les dedicó, este jueves, un amplio reportaje. En él, una funcionaria de La Habana, Yadelis Valencia, directora del Paseo Marítimo de 1ra y 70, asegura que llevaban observando la situación desde principios del verano y que llamó “a varias autoridades buscando algún apoyo”. La respuesta “demoró un poco”, dijo, comedida al principio, para continuar, en declaraciones poco usuales: “Demoró al punto de que cuando salió en las redes fue que se tomó una acción”.

Las autoridades de la capital afirman que acudieron a “la atención de estos niños en situaciones de riesgo”, que cifraban en nueve. Visitadas sus casas y sus escuelas, “se adoptaron medidas con los familiares que incumplieron con el deber de proteger al menor y con las instituciones donde ocurrieron los hechos”.

Cuando este diario entrevistó a los menores que dormían en los bajos del lujoso establecimiento, aseguraron que no tienen padres u otros adultos que se hicieran cargo de ellos. Sin embargo, en el reporte televisivo la vicefiscal general de la República, Alina Montesinos Lee, explicó que se abrieron “procesos penales” contra los padres de esos menores por un “grave incumplimiento de la responsabilidad parental”, que se encuentra regulado tanto en el Código de las Familias como en el artículo 86 de la Constitución. La funcionaria no detalló cuántos fueron los progenitores acusados ni si son todos.

Cuando este diario entrevistó a los menores, aseguraron que no tienen padres u otros adultos que se hicieran cargo de ellos

Una madre, contó por su parte la viceministra primera de Trabajo y Seguridad Social, Yaniris Hernández Vento, acudió varias veces a las autoridades para solicitar apoyo con su hijo, de “difícil manejo”. “Ha encontrado la ayuda, pero a nuestro juicio no ha sido totalmente sistemática e integral”, reconocía la funcionaria.

De igual manera, Hernández Vento aseveraba que los niños “identificados en esta situación provienen de familias disfuncionales” y que “han tenido comportamientos inadecuados, no solo en la escuela sino también en la comunidad y en la vivienda”.

El reportaje insiste en que el caso se trata de “un hecho puntual que ha sido muy visibilizado”, pero a la vez reconoce que “es un problema más preocupante”: “niños y adolescentes que en horario escolar y hasta altas horas de la noche merodean centros turísticos, gastronómicos y espacios de la vía pública en actividades impropias para su normal desarrollo”.

De cara a una posible solución, Rolando Ginarte, delegado del Consejo Popular Belén, de La Habana Vieja, uno de esos puntos donde pueden verse a menores por la calle, declaró vagamente que “se está haciendo un trabajo pero todavía falta mucho que hacer”, y concedió que “hay muchos niños asediando el turismo”.

Que molesten a los visitantes extranjeros parece ser un tema central, y sobre él se pronuncian otros entrevistados. Piden “un peso, un dólar para comer”, refiere el camarero de un restaurante. “Asedian al turismo, se ve bastante feo”, dice el custodio de una institución.

Los trabajadores sociales, un total de 14.000 en todo el país, no dan abasto para atender el problema. “Lamentablemente no están cubiertas todas las plazas”, indicó la viceministra primera sobre la mermada fuerza laboral de las instituciones capitalinas. 

“Es responsabilidad de la escuela diagnosticar la conducta de los estudiantes”, dice en el reportaje el periodista Lázaro Manuel Alonso, que añade el pero: “cuando estos niños se ausentan de clase no siempre funcionan las alertas a los organismos que tienen la misión de responder a este sensible tema”.

De igual manera, dice que hay una “brecha” a la hora de identificar los casos y darles solución, pero, a la vez, que “ante la compleja situación económica que viven hoy muchas familias del país, conformarse con identificar y caracterizar a los menores en situación de abandono o de calle no resulta suficiente”.