Acusan de delitos contra la seguridad del Estado a un detenido en las protestas de La Habana

La Habana/“Yo estoy acusando al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, de violar lo que dice la Constitución”, fue la frase pronunciada por Juan Carlos Chillón Paizán que provocó su arresto el pasado miércoles durante las protestas en el barrio habanero de Lawton.

Chillón Paizán fue detenido en un operativo que incluyó cuatro patrullas policiales, según relató a Martí Noticias la madre del detenido, María Cristina Paizán, una doctora jubilada. Los videos compartidos por usuarios en el mismo perfil de Chillón Paizán muestran el arresto al que se opusieron los vecinos, mientras le gritaban a la policía “¡Abusadores!”, “¡Descarados!” y “¡Abajo la dictadura!”. 

El activista fue trasladado al cuartel general de la Seguridad del Estado, conocido como Villa Marista, donde permanece bajo investigación por presuntos delitos contra la seguridad del Estado. Estos contemplan penas que van desde 10 hasta 30 años de prisión y pueden llegar a la privación perpetua de libertad o incluso la pena de muerte, según establece el Código Penal cubano vigente (Ley 151 de 2022).

Paizán relata que un instructor policial de Villa Marista la recibió y le comunicó que su hijo estaba bajo investigación por violar preceptos constitucionales. “Dice que él lideró la manifestación pública y me explicó que ellos reconocen el derecho de expresión y el derecho de protestar, pero que eso tiene un límite. Lo que no me supo explicar cuál es el límite que mi hijo traspasó”, afirmó la madre.

Me explicó que ellos reconocen el derecho de expresión y el derecho de protestar, pero que eso tiene un límite. Lo que no me supo explicar cuál es el límite que mi hijo traspasó

Juan Carlos Chillón Paizán es un activista que ha participado en movimientos cívicos que buscan reformas democráticas en Cuba. Ha sido presidente del movimiento M‑SURD, dedicado a promover cambios constitucionales y el respeto a los derechos ciudadanos, y cuenta con antecedentes de detenciones por su activismo en La Habana, incluyendo en la protesta del 11 de julio de 2021. 

Su madre asegura que Paizán ya había planteado días atrás una denuncia ante la Fiscalía Provincial de La Habana, cuando entregó un documento en el que señalaba que varios derechos reconocidos en la Constitución no se cumplen en la práctica.  

Ella no ha podido verlo desde su detención y denuncia que en Villa Marista le impidieron entregar medicamentos, pese a que Chillón Paizán padece epilepsia y necesita tratamiento con carbamazepina. “Fui a llevar los medicamentos, pero no me los recibieron porque tenía que llevar un certificado médico que dijera por qué toma la carbamazepina”, relató.

La familia señala que no cuentan con recursos para contratar un abogado que les permita conocer con precisión el proceso legal que enfrenta el detenido.

En redes sociales, los usuarios han expresado solidaridad con Chillón Paizán, exigiendo su liberación inmediata. Los mensajes solicitan una “fe de vida” y responsabilizan a las autoridades por su integridad física.

Fui a llevar los medicamentos, pero no me los recibieron porque tenía que llevar un certificado médico que dijera por qué toma la carbamazepina

Su caso se suma a la ola de arrestos que ha ocurrido durante las recientes protestas contra los apagones. La organización legal independiente Cubalex ha documentado al menos 14 detenciones relacionadas con las manifestaciones registradas desde el pasado 6 de marzo en La Habana. De esos arrestos solo se ha podido confirmar la identidad de ocho personas.  

En el informe de febrero de la organización Prisoners Defenders, se reportó un nuevo récord de prisioneros políticos en Cuba: 1.214, entre ellos 131 mujeres y 31 detenidos cuando eran menores de edad.

Mientras tanto, el preso político Roilán Álvarez Rensoler, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), lleva casi 40 días en huelga de hambre y se encuentra hospitalizado en estado grave.

Álvarez Rensoler fue detenido el 30 de enero de este año por presuntas pintadas antigubernamentales en varios municipios de Holguín y comenzó su huelga de hambre mientras permanecía recluido en el centro de operaciones policiales de Pedernales.

Su hermana denunció que las autoridades han condicionado su liberación a que la familia garantice su salida inmediata del país. "Que si nosotros teníamos cómo sacarlo de aquí inmediatamente, mañana mismo, que si había seguridad de algo, era que ellos lo sacaban de esa situación en la que él se encuentra", explicó.

Actualmente Álvarez Rensoler se encuentra en terapia intermedia con daños renales severos, debido a que sólo consume mínimas cantidades de agua.