El canciller cubano patalea contra la UE y EE UU por su defensa de los derechos humanos

Bruno Rodríguez pide a Washington que respete el derecho internacional y deje de intentar "subvertir" el orden y la paz en Cuba

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, en la conferencia de prensa este lunes en La Habana. (Captura)
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, en una conferencia de prensa este lunes en La Habana. (Captura)

(EFE).- El canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció este lunes el "involucramiento directo" del Gobierno de Estados Unidos en las protestas antigubernamentales del 11J, así como las declaraciones del canciller de la Unión Europea, Josep Borrell, en el aniversario de las manifestaciones.

"Rechazamos los comentarios del Secretario de Estado de EE UU (Antony Blinken) que confirman el involucramiento directo del gobierno de ese país en intentos de subvertir el orden y la paz en Cuba, en violación del Derecho Internacional", escribió el titular cubano de Relaciones Exteriores en su cuenta de Twitter.

Esa es la respuesta del canciller cubano a un mensaje de Blinken publicado en su perfil de esa misma red social, en el que dijo que "un año después de las manifestaciones del 11 de julio en Cuba, reconocemos la determinación y el coraje del pueblo cubano en su larga lucha por la democracia".

"Estados Unidos apoya al pueblo cubano e instamos al régimen cubano a respetar sus voces", añadió el secretario de Estado de la administración del demócrata Joe Biden

"Estados Unidos apoya al pueblo cubano e instamos al régimen cubano a respetar sus voces", añadió el secretario de Estado de la administración del demócrata Joe Biden.

Rodríguez también hizo referencia a la declaración de Borrell, cuya oficina emitió un comunicado diciendo que durante los pasados doce meses, la UE "ha reiterado su llamado al Gobierno cubano para que respete los derechos humanos y las libertades de los cubanos (...) y libere a todos los presos políticos y detenidos, solo por ejercer su libertad de reunión y expresión y continuará haciéndolo".

El canciller escribió: "Cuba rechaza enérgicamente la declaración del Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell" y afirmó que los 27 carecen "de autoridad moral para realizar juicios de valor sobre la realidad cubana".

El ministro cubano consideró además que el bloque europeo "debería ocuparse de sus propios problemas y las frecuentes violaciones de derechos humanos en sus Estados miembros".

Las autoridades cubanas niegan que en la Isla haya presos políticos y aseguran que los juicios tienen que ver con "actos vandálicos" y "graves alteraciones del orden" organizadas desde el exterior.

El propio mandatario, Miguel Díaz-Canel, dijo en vísperas del 11J que en esa fecha se festeja el "desmontaje de un golpe de Estado vandálico".

El pasado marzo en otra declaración, el alto representante de Asuntos Exteriores también consideró "desproporcionadas" una serie de condenas anunciadas por el Tribunal Supremo cubano para los detenidos por las manifestaciones del 11J.

El propio mandatario, Miguel Díaz-Canel, dijo en vísperas del 11J que en esa fecha se festeja el "desmontaje de un golpe de Estado vandálico"

Borrell dijo entonces que, a pesar de que el derecho a la manifestación está garantizado en la Constitución cubana, "este uso de los procedimientos judiciales y tales veredictos sirven para negar a los ciudadanos cubanos el derecho a expresar sus puntos de vista de forma pacífica y a exigir cambios".

La Fiscalía General de la República (FGR) apuntó en enero que 790 personas han sido procesadas por estos hechos, de las que 55 tenían en esa fecha entre 16 y 17 años. La edad mínima penal en Cuba son los 16.

Hasta el 22 de junio pasado, el Ministerio Público había informado sentencias en firme contra 488 manifestantes. Las penas de hasta 25 años de cárcel se corresponden con los delitos de sedición, desórdenes públicos, atentado y desacato y el Tribunal Supremo de Cuba asegura que se ha observado el debido proceso en todas las causas.

Sin embargo, familiares de los condenados y Organizaciones No Gubernamentales —como Justicia 11J y Cubalex— han criticado estas acciones, alegando falta de garantías, fabricación de pruebas y penas muy elevadas.

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