Una condena por abuso infantil para ocultar el escándalo de los niños de la calle

La Habana/La reciente publicación de una nota judicial en medios oficiales cubanos, con nombres completos de los acusados en un caso de corrupción y abuso de menores, rompe con el patrón habitual de opacidad de las autoridades. Mientras el país aún comenta sobre el escándalo de los niños que duermen en los bajos del supermercado de 3ra y 70, la noticia divulgada por Canal Habana y reproducida por Cubadebate parece responder a la necesidad del Estado de controlar el relato sobre la niñez en situación de abandono, mostrando un caso ejemplarizante y cuidadosamente escogido.

La nota oficial detalla que, el pasado 29 de septiembre de 2025, el Tribunal Municipal Popular de Arroyo Naranjo celebró el juicio oral y público contra Daima Rodríguez Núñez y Carlos Díaz González por delitos de corrupción de menores, actos contrarios al desarrollo integral de menores y abusos sexuales. 

En este caso, cuatro niñas –de diez, siete, cuatro y un año–, habían sido víctimas del abandono de su madre y de los abusos cometidos por su pareja. El tribunal dictó ocho años de prisión para Rodríguez Núñez y diez para Díaz González, además de suspender los derechos parentales de la madre.

Lo inusual de esta noticia no está solo en contar el proceso judicial, sino en cómo fue comunicada. Los medios estatales no acostumbran a publicar los nombres de acusados en casos de este tipo, menos aún cuando involucran a menores de edad. Tampoco suelen ofrecer detalles tan específicos sobre las víctimas ni sobre la dinámica familiar. Esta vez, sin embargo, la nota lleva la firma institucional del Tribunal Provincial Popular de La Habana y menciona sin reservas los nombres completos de los implicados.

La respuesta del aparato oficial ha sido publicar este caso judicial como prueba de que “el sistema sí actúa”

La coincidencia temporal con el escándalo sobre los niños que duermen bajo el supermercado en dólares de 3ra y 70 no pasa desapercibida. Aquella historia, publicada por este medio hace apenas unos días, puso en evidencia la existencia de menores abandonados en plena capital cubana, durmiendo entre cartones, pidiendo comida y dinero, sin intervención visible de instituciones de protección infantil. La imagen de esos niños –sin nombre ni rostro oficial– se convirtió en evidencia de un Estado ausente en uno de sus deberes más elementales: proteger a la infancia.

Frente a ese golpe mediático, la respuesta del aparato oficial ha sido publicar este caso judicial como prueba de que “el sistema sí actúa”. El mensaje implícito: cuando se detecta un caso de abandono y abuso, las autoridades responden con firmeza. Pero la realidad en las calles de la Isla contradice la narrativa institucional. 

La estrategia comunicacional también busca trasladar la responsabilidad de la tragedia de la infancia cubana a individuos “desviados” o “antisociales”, en lugar de reconocer un problema estructural. El discurso oficial pinta a Daima Rodríguez Núñez y Carlos Díaz González como excepciones monstruosas dentro de una sociedad donde la niñez está supuestamente protegida. 

El éxodo masivo ha agravado la situación de miles de menores a lo largo del país, tras la emigración de sus padres

El énfasis en que “se cumplieron las garantías procesales” y en que se aplicó la ley “más beneficiosa para los acusados” parece menos dirigido a la opinión pública nacional –que poco acceso tiene a mecanismos reales de apelación o transparencia judicial– que a observadores internacionales. En otras palabras, no solo se trata de sancionar a dos personas, sino de proyectar una imagen de legalidad institucional.

Además, la publicación coincide con un contexto de creciente visibilidad del fenómeno de la niñez abandonada y en pobreza extrema en Cuba, un asunto que durante décadas fue barrido bajo la alfombra propagandística. El éxodo masivo ha agravado la situación de miles de menores a lo largo del país, tras la emigración de sus padres.

La visibilidad de la condena en la prensa oficial –ocho y diez años de prisión– contrasta con el silencio sobre decenas de otros casos que nunca llegan a juicio o que se mantienen en la oscuridad administrativa. Difiere también de la ausencia de políticas públicas efectivas para prevenir que los niños terminen viviendo en la calle. El abandono estatal no es un delito tipificado en el Código Penal cubano, pero sus consecuencias son visibles y cotidianas.