Condenan a siete y ocho años de prisión a ocho tuneros por “desestabilizar” en redes sociales

La Habana/Tras más de dos años en prisión provisional sin un juicio, el Tribunal Provincial Popular de Las Tunas impuso penas de siete y ocho años de cárcel a ocho disidentes tuneros por el delito de “propaganda contra el orden constitucional”. La sentencia, dictada el pasado 1 de septiembre, fue revelada este martes por el centro de asesoría legal Cubalex.

La pena más alta fue impuesta a Guillermo Carralero López, condenado a ocho años de reclusión. Los otros siete sentenciados –Javier Reyes Peña, Maikel Hill Ramírez, Carlos Manuel Santiesteban Saavedra, Carlos Alberto McDonald Ennis, Enrique González Infante, Pedro Carlos Camacho Ochoa y Adisbel Mendoza Barroso– recibieron siete años de prisión cada uno. En el caso de McDonald Ennis, se encuentra procesado bajo fianza por el grave deterioro de su salud, debido a un tumor maxilar cancerígeno que le fue detectado en agosto del año pasado, ya estando en la cárcel.

Según la sentencia, los opositores –a quienes el régimen vincula con Cuba Primero, un grupo considerado por La Habana como “terrorista” y “criminal”, radicado en Estados Unidos, “que organiza, financia, provee medios y ejecuta acciones contra la seguridad del Estado cubano”– participaron en la grabación de videos y la publicación de contenidos en redes sociales vinculados a la organización, cuyo objetivo era “desestabilizar el orden constitucional y derrocar el sistema político cubano”.

Hubo restricciones para el acceso de familiares y observadores, “convirtiéndolo de facto en un juicio a puerta cerrada”

El juicio se realizó el pasado 30 de junio en la Prisión Provincial de Las Tunas, conocida como El Típico, de acuerdo con el reporte de la organización. En ese entonces, se llevó a cabo un amplio despliegue de agentes de la Seguridad del Estado y otras fuerzas del régimen, y hubo restricciones para el acceso de familiares y observadores, “convirtiéndolo de facto en un juicio a puerta cerrada y vulnerando el principio de publicidad que rige el proceso penal”. El Tribunal justificó ese día la realización del juicio dentro de la cárcel por “falta de combustible”.

Originalmente, la Fiscalía había solicitado penas de entre seis y nueve años, aduciendo en su momento, además, valoraciones sobre la “conducta moral y social” de los acusados, como estar “en desacuerdo con el proceso revolucionario”, elementos que –denunció en su momento Cubalex– refuerzan el “carácter ideológico, estigmatizante y discriminatorio de la imputación”. Además, en la acusación, no hubo una sola línea que describiera actos o llamados a la violencia.

“Alertamos sobre el uso del sistema penal para criminalizar el disenso y restringir las libertades de expresión y asociación. Condenas de hasta ocho años de prisión por acciones vinculadas al activismo y la expresión de opiniones críticas evidencian la severidad con la que se castiga cualquier forma de oposición en Cuba”, condenó Cubalex.

“Alertamos sobre el uso del sistema penal para criminalizar el disenso y restringir las libertades de expresión y asociación”

“Estas sanciones profundizan la persecución y buscan generar temor para inhibir otras expresiones de disenso y participación política”, agregó la organización.

El caso, dijo, refleja “patrones reiterados de criminalización del ejercicio de derechos fundamentales, como la libertad de expresión, asociación y participación política”. Sobre la aplicación del delito de “propaganda contra el orden constitucional”, formulado de manera amplia y ambigua, “permite al Estado castigar expresiones pacíficas de disenso y el activismo cívico no violento”, remarcó el centro de asesoría legal.

De acuerdo con el más reciente informe de la organización Prisoners Defenders (PD), en julio, en las cárceles cubanas, había 1.327 personas tras las rejas por motivos políticos, lo que representa un récord de presos, en un mes marcado por el quinto aniversario de las protestas masivas del 11 de julio de 2021.