Por "estimular opiniones adversas" en redes sociales, la Fiscalía pide hasta nueve años de cárcel

La Habana/Ocho personas de la provincia de Las Tunas podrían ser sentenciadas a penas de hasta nueve años de prisión por el delito de “propaganda contra el orden constitucional”. De acuerdo con un reporte publicado este lunes por el centro de asesoría legal Cubalex, los imputados permanecen desde marzo y abril de 2024 en prisión provisional a la espera de juicio por haber expresado opiniones políticas en redes sociales.

En su reporte, la ONG señaló que tuvo acceso a las conclusiones provisionales presentadas por la Fiscalía ante la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de Santiago de Cuba, en un documento fechado el 21 de julio de 2025 y firmado por la fiscal Iany Fernández Jomarrón. 

En la acusación se menciona a Javier Reyes Peña, para quien la Fiscalía pide nueve años de cárcel, así como Adisbel Mendoza Barroso (ocho), Guillermo Carralero López (ocho), Carlos Manuel Santiesteban Saavedra (siete), Carlos Alberto McDonald Ennis (siete) –quien vive una situación grave de salud que se ha deteriorado en prisión, sin que reciba atención médica adecuada–, Enrique González Infante (siete), Pedro Carlos Camacho Ochoa (siete) y Maikel Hill Ramírez (seis). 

Las acusaciones se sustentan en “la interacción en redes sociales, especialmente Facebook”

Las autoridades los vinculan con el movimiento Cuba Primero, un grupo considerado por el régimen como “terrorista” y “criminal”, radicado en Estados Unidos, “que organiza, financia, provee medios y ejecuta acciones contra la seguridad del Estado cubano”.

De acuerdo con la Fiscalía, las acusaciones se sustentan en “la interacción en redes sociales, especialmente Facebook, la grabación y publicación de videos en los que las personas acusadas expresaban posiciones políticas, la difusión de contenidos críticos y el intercambio con otros usuarios dentro y fuera del país, y la posesión de impresos y folletos, incluidos materiales relacionados con la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

Según la Fiscalía, estas conductas fueron presentadas como acciones dirigidas a “estimular opiniones adversas” y generar disenso sobre el sistema político cubano, sin que en ninguna línea de las imputaciones se describan actos violentos ni llamados a la violencia. Asimismo, el escrito incluye valoraciones sobre la “conducta moral y social” de los acusados, como mantener una conducta “en desacuerdo con el proceso revolucionario”, elementos que –remarcó Cubalex– refuerzan el “carácter ideológico, estigmatizante y discriminatorio de la imputación”.

En el caso se han utilizado peritajes psiquiátricos, antecedentes penales y valoraciones sociales

El centro de asesoría legal alertó que en el caso se han utilizado peritajes psiquiátricos, antecedentes penales y valoraciones sociales “como elementos de refuerzo acusatorio, lo que puede agravar la situación de personas en contextos de vulnerabilidad”.

En cuanto al caso de Carlos Alberto McDonald Ennis, debido a su estado de salud (padece hipertensión arterial, diabetes, pancreatitis, una cardiopatía y un tumor maligno en la cavidad nasal), la ONG informó que su familia ha agotado todos los recursos legales disponibles, incluidos varios habeas corpus y solicitudes de modificación de la medida cautelar, sin obtener una respuesta efectiva. Ello, agregó, se suma a “la ausencia de garantías procesales básicas”, como el hecho de que no se han definido con claridad los hechos que se le imputan, no se le han notificado las pruebas en su contra y el plazo legal del proceso penal se ha excedido de forma injustificada, sin constar una solicitud formal ni prórrogas debidamente fundamentadas.

Este caso ejemplifica el uso del sistema penal en Cuba “como herramienta de represión política”

Cubalex denunció que este caso ejemplifica el uso del sistema penal en Cuba “como herramienta de represión política” y exigió la liberación de “todas las personas criminalizadas por ejercer pacíficamente sus derechos en Cuba”.

Tan solo en noviembre, según el último reporte de la misma organización, se registraron 165 eventos represivos en todas las provincias del país, en las que al menos 138 personas fueron víctimas de algún tipo de violación de derechos humanos durante ese mes. En muchos casos, estos actos se registraron tras diversas protestas espontáneas motivadas por los apagones, la escasez de agua, el colapso sanitario y el abandono estatal, luego del paso del huracán Melissa y la actual epidemia de chikunguña y dengue que vive el país.