Cuatro años de prisión para una empleada de Correos por robar 57.000 pesos de pensiones y giros postales

Madrid/El Tribunal Municipal Popular de Majagua, en Ciego de Ávila, ha condenado a cuatro años de prisión a una trabajadora de Correos que se apropió en apenas tres meses de más de 57.000 pesos, la mayor parte pertenecientes a las pensiones de los residentes del poblado de Orlando González. 

La información, divulgada por el diario provincial Invasor en una nota ampliamente desbordada por las consideraciones morales del delito, explica que la gestora de la oficina de la población se hizo con “33.110 pesos correspondientes a pago de pensiones y otros 23.961 por concepto de giros postales no emitidos o no pagados a sus destinatarios”. El total asciende apenas a 100 dólares al cambio informal de divisas y unos 110 al tipo oficial, aunque la cantidad es muy significativa para la población cubana, específicamente si se toma en cuenta el tipo de gente que se vio privada de ese dinero.

De acuerdo con la nota, los testigos afirmaron ante el tribunal que la gestora argumentaba que no había efectivo “y, por tanto, no podía pagarles la chequera ese mes”. Algo similar hacía con los remitentes y destinatarios de los giros postales: se los embolsaba y argumentaba no disponer del dinero físico para pagar.  

Una comisión provincial que había acudido a investigar un asunto de ventiladores extraviados recibió las reclamaciones de algunos afectados que se quejaron de la persistente problemática

La casualidad quiso que el caso se destapara de manera inesperada. Una comisión provincial que había acudido a investigar un asunto de ventiladores extraviados recibió las reclamaciones de algunos afectados que se quejaron de la persistente problemática. Así, los inspectores lograron detectar incongruencias en los carnés de identidad, falsificación en comprobantes de entrega y otras irregularidades que llevaron a la empleada a ser acusada de malversación. 

La directora de la oficina fue, igualmente, encausada por “incumplimiento del deber de proteger los bienes del Estado”, sostiene la nota, y ha sido condenada a un año de trabajo correccional sin internamiento, “aunque no lucró ni obtuvo beneficio alguno”. 

La nota de Invasor es una oda al sistema judicial, al describir el acto como “muy bueno” pòr su puntualidad, público asistente, carácter ejemplarizante y toda una serie de elogios sobre el “buen proceso de investigación”, “pruebas irrefutables”, “adecuada defensa”, y un sinfín de adjetivos más que positivos. 

A la vez, la profusión de comentarios sobre la moralidad resulta tan desproporcionada como sorprendente en uno de los medios provinciales que más han destacado en los últimos años por su actitud relativamente crítica con el Gobierno y el Estado. 

“Haber declarado su arrepentimiento por los hechos, no la eximirá de la ‘sanción’ que tal vez cargue por el resto de su vida, no recogida en ley o norma jurídica alguna: el menosprecio o la indiferencia con que la mirarán quienes nunca van a entender cómo alguien puede albergar tanta insensibilidad humana en su interior y emplearla con fines de lucro personal contra el segmento más humilde y necesitado de la sociedad”, espeta el texto, que ya desde las primeras líneas habla de la “falta total de escrúpulo (sensibilidad, sentimiento, valores) con las víctimas: ancianos, jubilados, amas de casa, gente humilde, los más necesitados y vulnerables”.

Aunque la noticia ha despertado una gran repulsa en redes sociales así como comentarios de usuarios que denuncian casos similares en otros municipios, muchos han advertido de que, una vez más, el Gobierno saca pecho de su lucha contra delitos de corrupción que, sin ser menores para los afectados, son cuantitativamente menores a otros que quedan impunes, a la vez que castigan a empleados de rango menor, frente a funcionarios de mayor rango abiertamente corruptos.