Cuba abre la ciencia al sector privado, pero mantiene su subordinación a las prioridades del Estado

La Habana/La primera Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cuba, publicada este lunes en la Gaceta Oficial, abre la puerta a las alianzas público-privadas, reconoce derechos de los investigadores y contempla nuevas fuentes de financiación. Sin embargo, la normativa, que entrará en vigor dentro de 60 días, deja sin precisar garantías fundamentales para la independencia científica y mantiene la investigación vinculada a las prioridades políticas y económicas del Estado.

La Ley 182, aprobada en diciembre de 2025, sustituye disposiciones anteriores sobre innovación, entidades científicas y organización del sistema nacional de ciencia. Entre sus principales novedades figura el reconocimiento de empresas privadas, cooperativas y trabajadores por cuenta propia como participantes en proyectos científicos, con posibilidades de acceder a financiación, capacitación y transferencia tecnológica.

Entre sus principales novedades figura el reconocimiento de empresas privadas, cooperativas y trabajadores por cuenta propia como participantes en proyectos científicos

"Uno de los objetivos de la ley es justamente que la participación sea creciente tanto en el ámbito de lo estatal como no estatal, de lo público como de lo privado", declaró a EFE el viceministro del sector, Daimar Cánovas, durante una conferencia de prensa en La Habana.

El artículo 91 autoriza expresamente las alianzas público-privadas para crear empresas de base tecnológica, mientras que otras disposiciones contemplan capital semilla, créditos, inversiones extranjeras y remuneraciones por patentes y resultados científicos.

No obstante, la apertura tiene límites. El artículo 118 establece que los recursos se asignarán preferentemente a proyectos vinculados a la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Aunque promete igualdad de condiciones entre los participantes, no despeja cómo se garantizará la competencia entre empresas privadas e instituciones estatales.

Una de las principales zonas oscuras aparece en la libertad académica. El artículo 5 reconoce el derecho a escoger objetivos y métodos de investigación, difundir resultados e intercambiar ideas libremente. Sin embargo, el artículo 9 exige discreción sobre investigaciones consideradas sensibles por su relación con objetivos económicos, sociopolíticos o de seguridad nacional.

La ley no precisa suficientemente quién determina ese carácter sensible ni establece garantías específicas contra posibles represalias por publicar resultados incómodos para las autoridades. La ambigüedad puede resultar especialmente problemática en investigaciones sobre pobreza, desigualdad, migración, epidemias o políticas gubernamentales.

También persisten interrogantes sobre el dinero. El artículo 100 promete incrementar progresivamente la proporción del producto interno bruto destinada a ciencia e innovación, pero no fija porcentajes mínimos ni plazos verificables. Tampoco establece compromisos cuantificados para mejorar los salarios de los investigadores o garantizar los recursos materiales que necesitan los laboratorios.

El artículo 100 promete incrementar progresivamente la proporción del producto interno bruto destinada a ciencia e innovación, pero no fija porcentajes mínimos ni plazos verificables

La normativa reconoce, además, la importancia de los científicos cubanos residentes en el extranjero y plantea estimular su participación en proyectos nacionales y su retorno al país. Sin embargo, el artículo 75 no establece incentivos económicos concretos, programas de reinserción laboral ni garantías específicas para quienes hayan tenido conflictos políticos o profesionales con las instituciones oficiales.

Otra cuestión delicada es la autonomía de la Academia de Ciencias de Cuba. El Decreto-Ley 139, publicado junto con la nueva legislación, le reconoce personalidad jurídica y autonomía de gestión, pero mantiene su vinculación institucional con el Consejo de Ministros. No establece una garantía expresa de independencia para emitir dictámenes científicos contrarios a decisiones gubernamentales.

La legislación incorpora también la ciencia abierta y la creación de repositorios digitales, aunque no desarrolla un procedimiento general que garantice a ciudadanos e investigadores independientes el acceso a los datos primarios de estudios financiados con fondos públicos.

Una excepción significativa corresponde a las Fuerzas Armadas y al Ministerio del Interior, que continuarán rigiendo sus actividades científicas mediante normas internas y aplicarán la nueva ley solo de manera supletoria.

La publicación coincide, además, con la reorganización del Gobierno que contempla la integración del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente con el de Educación Superior. Cánovas aseguró a EFE que el proceso, previsto para desarrollarse gradualmente entre seis meses y un año, no obstaculizará la aplicación de la ley.

Así, mientras el Gobierno incorpora conceptos internacionales como innovación empresarial, ciencia abierta y capital de riesgo, deja pendientes garantías decisivas para que los investigadores puedan trabajar con autonomía, acceder a recursos y publicar conclusiones sin interferencias políticas.