En Cuba se construye menos viviendas que en el peor momento del Período Especial

El economista cubano Pedro Monreal publicó este miércoles en su cuenta de X un dato demoledor: “En el peor año del Período Especial (1992) se construyeron casi tres veces más viviendas que en 2024”. Esta cifra contrasta con el triunfalismo desplegado por la prensa oficialista en las últimas horas y evidencia el lamentable estado de la situación urbanística en Cuba. 

Los datos provienen de la propia Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei), en su informe Construcción en Cuba. Indicadores seleccionados. Enero-diciembre de 2024. La publicación revela que, a pesar de que el valor en construcción y montaje destinado a inversiones fue de 54.553 millones de pesos (14% más que en 2023), las viviendas terminadas fueron solo 7.427 (53% menos que en 2023). La mayoría de estos hogares (un 62,9%) fueron construidos por esfuerzo propio. 

El año 2025 tampoco ofrece cifras alentadoras. Durante el primer trimestre, se edificó solo el 12,4% de lo previsto, con 1.344 casas en todo el país, de las 10.000 planificadas para ese período. Las autoridades del Ministerio de la Construcción alegaron como causa la falta crónica de materiales. 

En 2020 se estimaba un déficit de 800.000 hogares

Existe una enorme divergencia entre la planificación estatal y la realidad cotidiana. Según cifras gubernamentales de 2020, el 40% de las viviendas en Cuba estaban en condiciones “justas o malas”, y se estimaba un déficit de 800.000 hogares. Esta situación se agrava con el envejecimiento de la infraestructura y la escasez de recursos para nuevas construcciones. 

Abundan las promesas sobre el papel, como la Nueva Agenda Urbana (NAU) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero la realidad en el terreno muestra una desconexión entre las políticas formuladas y su ejecución. La falta de educación pública en materia de urbanismo y regulaciones también contribuye a que la población no pueda seguir normas que desconoce. 

En el paisaje urbano de Cuba, los asentamientos informales, conocidos localmente como llega y pon, cuarterías o quimbos, se han multiplicado en las últimas décadas. Estas comunidades, surgidas al margen de la planificación estatal, evidencian las contradicciones entre la retórica oficial y la realidad cotidiana de miles de cubanos. 

La Habana ha experimentado un aumento sostenido de cuarterías y ciudadelas ilegales, con un promedio de 20 nuevas por año

Desde la década de 1990, La Habana ha experimentado un aumento sostenido de cuarterías y ciudadelas ilegales, con un promedio de 20 nuevas por año, cifra que ha crecido en el último lustro. Estos espacios, improvisados y carentes de servicios básicos, se han convertido en la única alternativa para muchas familias ante el colapso del sistema de vivienda estatal. 

Barrios como Romerillo, El Fanguito, Los Pocitos y La Timba son ejemplos de esta realidad. En Romerillo, por ejemplo, la falta de recolección de basura y la ausencia de un sistema de alcantarillado obligan a los residentes a convivir con desechos y aguas residuales en las calles. 

En las provincias también se refleja la crisis. Durante la visita de la viceprimera ministra Inés María Chapman a Holguín, en abril de este año, se mencionó la existencia de 29 “barrios ilegales” –solo en el municipio cabecera–, con más de 4.000 viviendas.  

Felito, quien reside junto a su esposa y su hija adolescente en uno de esos barrios en Holguín, contó a 14ymedio: “Ellos han mandado gente a hablar con nosotros, pero no nos ofrecen nada concreto. ¿Para dónde vamos a ir? Que nos multen, si quieren. Para comprar una casa decente hay que ser rico. ¿Qué vamos a hacer? Y nosotros no podemos, a estas alturas, irnos a vivir con mis parientes ni con los de mi esposa. Esto que tengo, aunque digan lo que digan, costó trabajo. Y no será muy bonito, pero es lo que hay”. 

Las condiciones en estos asentamientos son alarmantes. Las viviendas, construidas con materiales de desecho, carecen de ventilación, presentan humedad constante y no cuentan con instalaciones adecuadas de agua o electricidad. El hacinamiento es común, con familias enteras compartiendo espacios reducidos, lo que incrementa el riesgo de enfermedades y brotes epidémicos. 

La precariedad de las viviendas limita las oportunidades de desarrollo y perpetúa los ciclos de pobreza

La insalubridad no solo afecta la salud física de los residentes, sino que también tiene implicaciones sociales y económicas. La falta de acceso a servicios básicos y la precariedad de las viviendas limitan las oportunidades de desarrollo y perpetúan ciclos de pobreza. 

Aunque existen regulaciones que prohíben las construcciones ilegales, la falta de alternativas habitacionales ha llevado a una tolerancia tácita en muchos casos. Sin embargo, también se han reportado desalojos forzosos y demoliciones de viviendas, lo que agrava la vulnerabilidad de estas comunidades.

Díaz-Canel prometió en 2018 resolver de una vez y por todas, un problema que sus predecesores habían dejado acumular. Así lo dijo: “Si en cada municipio se crea capacidad para construir 1,7 viviendas diarias, dejando 15 días de descanso, haremos más de 100.000 viviendas al año y en una década se resuelve en lo fundamental el programa de la vivienda”. Más allá de las burlas y memes que generó su propuesta, nada indica que pueda cumplirla. Todo lo contrario. Su aporte a esa herencia de ruinas y escombros está resultando sobresaliente.