Las "penas desproporcionadas" contra activistas buscan "desalentar" el derecho a la protesta en Cuba
El Observatorio Cubano de Derechos Humano pide a la ONU medidas urgentes para proteger a los manifestantes el 15 de noviembre
Washington/(EFE/ EUROPA PRESS). -La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este jueves su preocupación por las violaciones al debido proceso y las "penas desproporcionadas" denunciadas por organizaciones sociales en Cuba y señaló que tienen como misión "desalentar" el derecho a la protesta.
Como parte de su 181 periodo ordinario de sesiones, que arrancó este jueves, la Comisión acogió una audiencia pública dedicada a la "situación de derechos humanos en el contexto de la protesta en Cuba", en la que participaron distintas organizaciones civiles y ningún representante del Gobierno de la Isla.
"Cuba tiene obligaciones en materia de derechos humanos que debe de cumplir", afirmó el relator de la CIDH para Cuba, Edgar Stuardo Ralón, en su intervención.
El relator de la CIDH para Cuba, Edgar Stuardo Ralón, lamentó que se hayan llegado a imponer penas de prisión de "18 años de cárcel o de varios años"
Sobre las movilizaciones del 11 de julio, la abogada cubana Laritza Diversent, de la organización Cubalex, indicó que desde ese día se ha registrado la detención de 1.130 personas, de las cuales 572 están privadas de la libertad.
Al respecto, Ralón se dijo "de sobremanera" preocupado por las denuncias sobre "una serie de violaciones al debido proceso y de penas desproporcionadas", que consideró tienen como "única finalidad" desalentar "el libre ejercicio del derecho a la protesta".
El funcionario lamentó que hayan tenido lugar en la Isla "procesos sumarios, donde no hay garantías" en los que se han llegado a imponer penas de prisión de "18 años de cárcel o de varios años" por ejercer el derecho a manifestar, que aseguró "debería estar protegido y garantizado".
Por su parte, la activista Katherine Mojena Hernández expresó en su exposición la "profunda preocupación por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas y que siguen sucediendo hasta la fecha" en la Isla.
En este sentido, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha solicitado este viernes a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que promueva una acción internacional en favor del derecho de los cubanos a "manifestarse libremente sin ser reprimidos" de cara a las protestas previstas para el próximo 15 de noviembre en el país.
En una carta suscrita por el director ejecutivo del OCDH, Alejandro González Raga, el organismo ha pedido además al Gobierno cubano la liberación de todos los presos políticos encarcelados en la actualidad, si bien ha lanzado un mensaje de alerta a la población dado que las protestas han sido prohibidas por las autoridades.
Para el OCDH existe una alta posibilidad de que se "repitan las acciones violentas contra los manifestantes como el pasado mes de julio". "La respuesta del Gobierno ha sido la expulsión de sus centros de trabajo de algunos de los convocantes y la amenaza de la Fiscalía sobre el hecho de que tendrán que enfrentarse a las consecuencias en caso de que decidan marchar", recoge el texto.
La información destaca que las autoridades locales no tienen reconocimiento "dentro del ordenamiento jurídico nacional, para limitar los derechos fundamentales que reconoce la Constitución"
La carta recuerda la represión desatada en el marco de las protestas de julio y matiza que Bachelet "no debe permanecer en silencio cuando son violados gravemente los derechos de cientos de cubanos, en su gran mayoría jóvenes e incluso menores de edad".
Así, se ha referido a los que permanecen detenidos y ha apelado a la "empatía" de Bachelet: "los cubanos sufren por querer ejercer sus derechos". Junto a la carta, el OCDH ha enviado un informe jurídico que reafirma la legitimidad de la marcha del 15 de noviembre basándose en las propias leyes cubanas y en los compromisos internacionales que el Gobierno de Cuba está obligado a cumplir en materia de Derechos Humanos.
La información destaca que las autoridades locales no tienen reconocimiento "dentro del ordenamiento jurídico nacional, para limitar los derechos fundamentales que reconoce la Constitución".
El OCDH ha manifestado así que las opiniones o condiciones políticas de los promotores de la marcha "no los sustrae de su condición humana ni de sus derechos fundamentales universales". "Argumentar la negativa de derechos en tales razones, constituye discriminación", ha zanjado.
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