Dictó sentencias contra opositores en Cuba y ahora es abogado en Florida

Madrid/El juez Amalio Alfaro Matos, ex presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Guantánamo, se ha convertido de un día para el otro en abogado procesalista en Tampa, Florida, aunque oficialmente no puede ejercer por el momento. "Llegó a Estados Unidos el 12 de abril de 2023, mediante el programa de parole humanitario, y ha solicitado acogerse a la Ley de Ajuste Cubano para obtener la residencia permanente. Está preocupado porque no ha recibido ni siquiera el permiso de trabajo", dijo a Martí Noticias una fuente familiar que pidió el anonimato.

En el perfil que Alfaro Matos tiene en la red social LinkedIn aparece, sin embargo, que forma parte del equipo legal de la multinacional agrícola Bunge, domiciliada en Suiza y sede principal en Missouri. 

En Cuba, Alfaro Matos ha sido responsable de dictar sentencia contra al menos dos conocidos presos políticos. Uno de ellos es el periodista Roberto de Jesús Quiñones, condenado en septiembre de 2019 a un año de prisión que le fue inicialmente conmutado por trabajo correccional con internamiento. La flexibilización de la pena fue retirada casi inmediatamente al negarse a acatar la sentencia, que consideraba fruto de un montaje.

El colaborador de Cubanet había sido detenido cuando aspiraba a cubrir un juicio contra los pastores Ramón Rigal y Ayda Expósito, acusados por no llevar a sus hijos a la escuela y educarlos en casa y también condenados –a 11 meses– por Alfaro Matos. Durante su arresto, en el que hubo violencia, Quiñones intentó resistirse y fue, por ello, imputado y finalmente condenado por resistencia y desobediencia.

Ahora, desde el exilio, comentó para Martí Noticias la noticia de que una de las personas que firmó su condena esté residiendo en EE UU, algo que considera una “afrenta”. “Me negó el amparo, pese a que presenté un recurso de súplica. Nunca se permitió la apelación, un derecho fundamental para cualquier acusado”, dijo

Quiñones lamenta que este sea un caso más de los muchos similares que han salido a relucir en los últimos meses. “Es lo que representa Florida para quienes han sufrido prisión, represión y exilio. No es justo que alguien que actuó como represor y jamás ha pedido perdón viva aquí, cómodamente, mientras los verdaderos perseguidos siguen atrapados en la Isla”, lamentó.

El pasado abril, precisamente, el escritor exiliado Roberto Ruiz Rebo entrevistó a Quiñones y reveló, en la introducción a la conversación, que el periodista –también abogado– defendió años atrás a un hermano menor suyo en Cuba y lo hizo de manera brillante. Pese a ello, fue condenado, por lo que Ruiz se acercó a la jueza y le preguntó la razón de esa sentencia si su defensa había demostrado que era inocente. 

“Compañero, es cierto, pero nuestros superiores nos han orientado que ese tipo de comportamiento sea castigado con un año de cárcel”, alegó la jueza. “En Cuba no hay debido proceso. Los tribunales están subordinados al Partido Comunista y a la Seguridad del Estado”, señala ahora Quiñones.

A su caso se une la condena a Eider Frómeta Allen, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) y activista encarcelado en dos ocasiones, la segunda tras una condena firmada también por Alfaro Matos. En la primera, resultó beneficiado por unas excarcelaciones realizadas en 2015 por el régimen, pero en 2019 regresó a prisión tras liderar la campaña #YoNoVoto, que pedía la abstención en el referéndum constitucional. 

“La justicia debe prevalecer. No puede ser que quienes negaron libertades vivan hoy bajo su protección”, dijo Quiñones, que contó también a Martí Noticias que una funcionaria que fue testigo clave del juicio contra Rigal y Expósito, la ex directora de un Joven Club en Guantánamo Anabel Campos, también vive en EE UU ahora.

Alfaro Matos está en EE UU, presuntamente con su hija. Es un caso similar, aunque diferente, al de Juana Orquídea Acanda Rodríguez, ex jueza de la sala Penal de Matanzas, que fue detenida el pasado 20 de marzo cuando intentaba llegar a Miami con una visa de reunificación familiar. 

También a ese grupo de funcionarios cubanos beneficiados por el parole humanitario está la jueza Melody González Pedraza, que llegó a Florida con su esposo –ya deportado a la Isla– y está a la espera de saber la sentencia de su juicio, celebrado el 8 de mayo. La magistrada podría ser devuelta a Cuba o recibir el asilo que ha reclamado. 

Varios especialistas consultados por Diario de Cuba consideran que su petición está bien fundamentada, ya que las declaraciones que ha realizado en EE UU contra el sistema penal de la Isla la ponen en peligro. Ese resultado podría abrir una fuerte polémica entre el exilio, ya que está en la lista de represores por “crímenes de lesa humanidad” al haber condenado a cuatro jóvenes que protestaban en Encrucijada (Villa Clara) a penas de 3 y 4 años de privación de libertad por atentado.