La empresaria cubana Saily González presenta una demanda por difamación
Los activistas de Archipiélago replicarán la demanda en las ciudades que se unieron a la Marcha Cívica por el Cambio
La Habana/La activista y empresaria Saily González ha presentado una demanda a la Intendencia de Santa Clara por daño moral a la dignidad y al honor, en su nombre y en el de los firmantes de la notificación de la Marcha Cívica por el Cambio. Lo mismo ha hecho Miryorly García Prieto en La Habana, y se espera que en las próximas horas secunden la iniciativa en otras ciudades, como Cienfuegos, que se unieron a la iniciativa del próximo 15 de noviembre.
Los miembros del grupo Archipiélago responden así al pronunciamiento de la Fiscalía sobre la Marcha del 15N, a la que declaró "ilegal". Esa respuesta, considera Saily González en declaraciones a 14ymedio, "fue el precedente para que luego aparecieran todas estas acusaciones en contra nuestra en la prensa oficialista y en la Mesa Redonda".
"Si nosotros desbaratamos ese precedente, si nos oponemos a él, más personas se van a dar cuenta de que la verdad está de nuestra parte", explica.
Para ella, presentar estas demandas "es un ejercicio cívico", que responde a que "hemos sido difamados, por unas personas que actúan a título personal pero que representan al poder". Un poder, dice, "dictatorial, que se defiende atacándonos con embustes".
Esto, concluye, es "una muestra más de civismo, de reconocimiento de nuestros derechos, aunque la dictadura se niegue a reconocerlos"
"Uno de los problemas fundamentales acá en Cuba históricamente ha sido que la ciudadanía no conoce sus derechos ni los mecanismos para ejercerlos", continúa González, "y esa es una de las cosas que más me atrajo desde el principio de Archipiélago: responder al autoritarismo con civismo". Esto, concluye, es "una muestra más de civismo, de reconocimiento de nuestros derechos, aunque la dictadura se niegue a reconocerlos".
En los documentos presentados, los activistas se dirigen a los intendentes de Santa Clara y de La Habana, respectivamente, recordándoles que la respuesta oficial "considera que la marcha es 'ilícita' porque son 'ilegítimas' las razones que las justifican". Sin embargo, argumentan, "no ofrece ningún fundamento de derecho que ampare la ilicitud en Cuba de expresiones públicas en contra de la violencia, a favor del respeto de los derechos de todos los cubanos, la liberación de los presos políticos y la solución democrática y pacífica de las cada vez más evidentes diferencias existentes al interior de la sociedad".
En concreto, las demandas refutan tres puntos señalados por las intendencias: que "los promotores (de la petición) y sus proyecciones públicas tienen la intención de promover un cambio de régimen", que la petición "forma parte de la estrategia de cambio de régimen para Cuba, ensayada en otros países" y que "algunos de los promotores de la petición mantienen vínculos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el Gobierno estadounidense". De ninguna de estas afirmaciones, dicen los documentos, presentan los intendentes evidencia. "La interpretación del intendente está basada en criterios personales políticamente influenciados y que implican un prejuzgamiento y etiquetamiento infundado de los firmantes", expresan.
No pasa un día sin que el Gobierno no intente desprestigiar al 15N de alguna manera. Este jueves, en el discurso de clausura del Séptimo Período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional, el mandatario Miguel Díaz-Canel apenas sobrevoló los graves problemas que azotan al país, como la crisis energética, la Tarea Ordenamiento, la pandemia de covid-19, la caída del PIB o la hiperinflación, y aseguró que "nadie va a aguarnos la fiesta", refiriéndose a ese día 15, en el que está previsto además la reapertura total del país tras las restricciones por la pandemia de covid.
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