Escalada de represión en Cuba: arrestos en las protestas y récord de presos políticos

La Habana/La noche de ayer fue la sexta consecutiva en la que se reportaron protestas en distintos municipios de la capital en rechazo a los prolongados apagones. Las respuestas policiales se han vuelto más represivas, y se han informado arrestos de manifestantes.

Una de las protestas más intensas fue la ocurrida en el barrio de Lawton, del municipio Diez de Octubre, donde, según usuarios en redes sociales, los manifestantes cortaron calles y quemaron basureros mientras tocaban cacerolas. Videos difundidos en redes muestran que la policía intentó apaciguar la situación y detuvo, al menos, a una persona. Mientras los vecinos trataban de impedir el arresto, surgieron enfrentamientos entre agentes y manifestantes, a la par que se le gritaba a los policías “¡Descarados!”, “¡Abusadores!” y “¡Abajo la dictadura!”.  

Este arresto no es un caso aislado. La periodista independiente Yunia Figueredo también fue detenida el martes en Jaimanitas, luego de participar en una protesta contra los apagones, y todavía se desconoce su paradero. 

En este contexto de escalada represiva del régimen, la organización legal independiente Cubalex presentó esta semana un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Provincial Popular de Artemisa a favor del artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara, detenido durante las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Cuba. El artista ha permanecido en prisión desde entonces, primero bajo medida de prisión provisional y luego tras ser condenado por ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos.

La petición solicita que el tribunal ordene la presentación de Otero Alcántara ante la corte en un plazo máximo de 72 horas y examine la legalidad de su encarcelamiento

El recurso de Cubalex sostiene que el activista ya habría cumplido la condena de cinco años de prisión impuesta en 2022 y que su permanencia en la cárcel podría constituir una detención ilegal. El documento invoca el artículo 96 de la Constitución cubana, que reconoce el derecho de cualquier persona detenida ilegalmente a solicitar la revisión judicial de su privación de libertad.

La petición solicita que el tribunal ordene la presentación de Otero Alcántara ante la corte en un plazo máximo de 72 horas y examine la legalidad de su encarcelamiento.

En el informe de febrero de la ONG Prisoners Defenders, se reporta que Cuba registra actualmente 1.214 presos políticos, la cifra más alta documentada hasta ahora. En el pasado mes se sumaron 28 nuevos encarcelados por motivos políticos –23 hombres y cinco mujeres–, mientras 21 salieron de la lista, la mayoría por haber cumplido sus condenas.

Entre los presos políticos actuales hay 131 mujeres, 31 personas que fueron detenidas siendo menores de edad y al menos 467 reclusos con patologías médicas graves, además de 47 con trastornos de salud mental sin tratamiento adecuado. 

Según la organización, muchos de los nuevos arrestos están vinculados a acusaciones de “propaganda contra el orden constitucional”, utilizadas contra ciudadanos que realizan pintadas, exhiben carteles críticos o publican mensajes políticos en redes sociales.

El informe denuncia que las detenciones suelen realizarse sin orden judicial, mediante operativos policiales, registros domiciliarios y citaciones utilizadas como emboscadas.

Muchos de los nuevos arrestos están vinculados a acusaciones de 'propaganda contra el orden constitucional'

Prisoners Defenders alertó también sobre la muerte del preso político Luis Miguel Oña Jiménez, manifestante del 11 de julio de 2021. Su caso se suma a otras muertes recientes de reclusos políticos denunciadas por organizaciones de derechos humanos, que señalan condiciones de reclusión marcadas por la violencia, el abandono sanitario y la ausencia de garantías legales dentro del sistema penitenciario cubano.

Varias organizaciones de derechos humanos denunciaron esta semana la situación de las personas privadas de libertad en Cuba, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Guatemala, durante su 195 período de sesiones. 

Cristhian Jiménez, representante de Amnistía Internacional, afirmó que la privación de libertad en la isla sigue siendo “una herramienta sistemática de castigo contra quienes ejercen derechos humanos como la libertad de expresión, de reunión pacífica, de asociación y de protesta”.