España se ha convertido en uno de los principales sostenes del castrismo, según un informe

Madrid/España ha perdonado o reconvertido en programas de cooperación cerca del 90% de la deuda de Cuba durante la última década, mientras más de 150 empresas españolas continúan sin poder cobrar cientos de millones de euros retenidos en la Isla, según un informe publicado esta semana. 

“Cuanto peor es la situación política, más dinero recibe el régimen”, denuncia el Instituto Juan de Mariana. El informe señala que la financiación de la Unión Europea para Cuba pasó de unos 50 millones de euros en el período 2014-2020 a 125 millones para el ciclo 2021-2027, pese al aumento de los presos políticos, la represión contra la disidencia y el creciente alineamiento de La Habana con Rusia. Sus autores cuestionan además la falta de mecanismos eficaces para conocer el destino final de unos recursos que se ejecutan en un país donde las instituciones, las organizaciones sociales y buena parte de la economía permanecen bajo el control del Estado.

Los autores del informe afirman que el “coste económico efectivo” para España se aproxima a 4.994 millones de euros. Para llegar a esa cantidad, calculan cuánto habría debido pagar Cuba si se hubiera financiado durante diez años en los mercados internacionales con un interés compuesto anual del 8%. Ese ejercicio eleva los 2.444 millones reconocidos en 2016 a 5.280 millones en 2026. A esa cantidad restan los 286 millones que, según el informe, aún permanecen pendientes de pago. 

Mientras el Estado cubano recibe quitas y aplazamientos, las compañías españolas afrontan una situación muy distinta

Uno de los aspectos centrales del documento es la asimetría entre el trato recibido por el Estado cubano y el que padecen las compañías españolas. El punto de partida es el acuerdo bilateral firmado en 2016, después de que el Club de París aceptara reestructurar la deuda cubana tras casi tres décadas de impagos. España reconoció entonces obligaciones por 2.444 millones de euros y condonó directamente 1.492 millones, cerca del 60%. Para los 952 millones restantes estableció un calendario de devolución de 18 años.

Sin embargo, La Habana volvió a incumplir los plazos. Madrid respondió en 2021 con una nueva prórroga y, en julio de 2025, puso en marcha un programa de conversión de deuda de hasta 375 millones de euros. En lugar de devolver esa cantidad, Cuba puede destinarla a proyectos acordados por ambos gobiernos en sectores como el agua, la energía y la seguridad alimentaria.

A esa operación se sumó en septiembre de 2025 otra reestructuración de créditos procedentes del Fondo para la Internacionalización de la Empresa, valorada por el informe en 291 millones de euros. El documento concluye que, al sumar la condonación de 2016, la conversión de deuda y esta nueva adenda, Cuba habría recibido un alivio nominal de 2.158 millones, reduciendo sus obligaciones con España a unos 286 millones.

Mientras el Estado cubano recibe quitas y aplazamientos, las compañías españolas afrontan una situación muy distinta. El último informe de la Oficina Económica y Comercial de España en La Habana situó en 255,9 millones de euros los impagos declarados por las empresas.

¿Por qué el historial de incumplimientos de La Habana conduce a nuevas concesiones públicas, mientras las empresas españolas que vendieron alimentos, medicinas, equipos y servicios a Cuba siguen esperando cobrar?

La exposición real podría alcanzar los 330 millones si se incluyen 39,5 millones en dividendos retenidos, 23,6 millones procedentes de operaciones comerciales y 11,3 millones depositados en cuentas cuyos fondos no pueden transferirse fuera de Cuba. La encuesta fue enviada a 930 empresas, pero solamente contestaron 182, por lo que el volumen total podría ser superior.

Algunas de las firmas afectadas han entrado en concurso de acreedores. En otros casos, la cantidad que les adeudan las entidades cubanas supera toda su facturación anual. Buena parte de los pasivos se generó entre 2017 y 2019, sin que las reclamaciones institucionales hayan permitido recuperar el dinero.

Las empresas han pedido que una parte del programa de conversión de deuda se utilice para pagarles, pero el Gobierno español sostiene que no puede compensar con recursos públicos las pérdidas derivadas de contratos privados. El Ejecutivo asegura que reclama los pagos a las autoridades cubanas, aunque ha destinado la primera operación del programa a comprar alimentos producidos por cooperativas de la Isla.

El informe también señala la falta de transparencia de los acuerdos. Según el documento, una sentencia del Tribunal Supremo dictada en mayo de 2026 obligó al Ministerio de Economía a revelar información sobre fondos condonados, aplazados o cobrados que el Ejecutivo había considerado reservada.

El estudio deja planteada una pregunta difícil para Madrid: ¿por qué el historial de incumplimientos de La Habana conduce a nuevas concesiones públicas, mientras las empresas españolas que vendieron alimentos, medicinas, equipos y servicios a Cuba siguen esperando cobrar?