España dedica medio millón de euros para comprar alimentos destinados a la población cubana

Madrid/El programa de conversión de deuda firmado entre España y Cuba hace diez años se está utilizando para donar alimentos a la Isla, según cuenta este lunes el diario El País. El comité bilateral que lo gestiona autorizó el pasado febrero un proyecto de medio millón de euros para la compra de comida como ayuda urgente para la población, siguiendo el modelo de uno anterior en el que las cooperativas agrícolas de la zona oriental proveían a las escuelas con alimentos.

El fondo –mecanismo en el que se perdona la deuda a cambio de inversión en proyectos de interés común– al que se ha recurrido tiene un valor de 375 millones de euros y fue firmado en 2016, aunque hasta el año pasado no se acordó cómo canalizarlos. En julio de 2025, los ministros de Economía de ambos países firmaron que ese dinero iría destinado a financiar proyectos de desarrollo sostenible en sectores como energía, agua o seguridad alimentaria. 

Técnicamente –según dijeron fuentes de la Secretaría de Estado de Comercio a El País– ese dinero no podía emplearse en gastos corrientes, como sería este, sin embargo, el comité decidió autorizarlo por la crisis cubana, agravada en ese momento en que se acababa de hacer pública la orden ejecutiva por la que EE UU impide el envío de petróleo a la Isla bajo amenaza de sanciones.

La deuda pública de Cuba con España asciende a casi 2.000 millones de euros, la mayor parte procedentes del antiguo Fondo de Ayuda al Desarrollo

La deuda pública de Cuba con España asciende a casi 2.000 millones de euros, la mayor parte procedentes del antiguo Fondo de Ayuda al Desarrollo, en las décadas de los 80 y 90, que el país europeo considera imposible recuperar. Para intentar resolver la situación, los distintos gobiernos han firmado tres acuerdos con la Isla, dos de ellos durante el segundo mandato de Mariano Rajoy (2015 y 2016) y un tercero durante el primer Gobierno de Pedro Sáchez (2021).

El primero, dentro de un pacto más amplio con el Club de París, se firmó en noviembre de 2015 y consistía en un acuerdo de reestructuración de deuda a corto plazo por 201 millones de euros, de los que se condonaron 110,8. Con otros 40 se hizo un fondo contravalor que aporta subvenciones a empresas españolas que invierten en Cuba para sus gastos en moneda local. En marzo de 2024, España informó de que ya casi se había utilizado por completo. 

En 2016 se firmó el segundo acuerdo, valorado en 2.242 millones de euros de deuda a medio y largo plazo. De estos fueron perdonados 1.492 millones y se organizó otro fondo contravalor por 375 millones, el que está usándose ahora para donar alimentos. El último acuerdo, de 2021, consistía en una reorganización de los pagos sin condonación.

Aunque la decisión de activar este primer proyecto por valor de medio millón se tomó el pasado febrero, El País señala que esta vía podría seguir usándose, convirtiéndose en una opción para donar ayuda a la Isla. El pasado 19 de abril, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmaron un comunicado en la cumbre celebrada en Barcelona en la que llamaban a buscar formas de cooperación para resolver la crisis en Cuba.   

“Expresamos nuestra enorme preocupación por la grave crisis humanitaria que atraviesa el pueblo de Cuba y emplazamos a que se adopten las medidas necesarias para aliviar esta situación y se eviten acciones que agravan las condiciones de vida de la población o contrarias al derecho internacional", decía el texto.

Sin embargo, las empresas privadas a las que Cuba debe dinero no están contentas, de acuerdo con el diario. El monto de la deuda se situó en unos 350 millones a 300 empresas, según la catalana Fomento del Trabajo Nacional, aunque El País habla de 316 millones de euros reclamados por unas 200 compañías, agrupadas en la Plataforma de Afectados por los Impagos del Gobierno Cubano.

'El País' habla de 316 millones de euros reclamados por unas 200 compañías, agrupadas en la Plataforma de Afectados por los Impagos del Gobierno Cubano

Este colectivo, formado en un 50% por empresas de Cataluña y en un 20% del País Vasco, ha lamentado este movimiento a la vez que considera que hay inactividad a la hora de reclamar al Gobierno cubano la deuda privada. El pasado 5 de mayo, el Senado debatió una moción para instar al Ejecutivo a aplicar medidas “que ayuden a las empresas españolas que trabajan o comercian con Cuba a liquidar los importes pendientes por parte del Gobierno cubano y las empresas públicas cubanas”.

La iniciativa contó con el voto a favor del Partido Popular (oposición de centro derecha, con mayoría en esa Cámara) y los nacionalistas catalanes y vascos (Junts y PNV, aliados del Gobierno), mientras que todos los demás se abstuvieron. En aquella sesión, el portavoz del partido socialista argumentó que el Gobierno presiona para que el Estado cubano pague, pero no puede usar dinero público para sufragar esos impagos privados. 

“La Secretaría de Estado de Comercio hace un seguimiento constante a través de la encuesta de deuda que elabora la oficina comercial y ha realizado numerosas reclamaciones ante autoridades cubanas en nombre de esas empresas", explicó. "La implicación para que se acabe con los impagos del Gobierno cubano es total. Lo que no podemos compartir es el pago de compensaciones por parte del Estado español como consecuencia de operaciones comerciales de empresas privadas con el Gobierno de Cuba. No se puede dedicar gasto público a partidas que la ley no faculta”.

Como resultado de aquella sesión quedó aprobada la moción, en la que se insta al Gobierno a cuantificar la deuda privada, elaborar un plan de defensa de los intereses de las empresas, estudiar instrumentos de apoyo a la liquidez de las afectadas y trasladar la situación a los organismos competentes de la Unión Europea para adoptar una posición conjunta que exija “al Gobierno cubano seguridad jurídica, respeto a los contratos, mecanismos verificables de pago a empresas europeas y avances reales en materia de libertades, derechos humanos y Estado de derecho”.