Excarcelado con desnutrición severa el preso político Alexander Díaz Rodríguez

La Habana/El opositor cubano Alexander Díaz Rodríguez fue excarcelado el pasado 4 de abril en Artemisa tras cumplir íntegramente una condena de cuatro años de privación de libertad tras manifestarse pacíficamente el 11 de julio de 2021. El estado de deterioro físico y desnutrición en el que estaba tras su excarcelación pone en evidencia los niveles de maltrato a los que son sometidos los prisioneros de conciencia en Cuba.

“Cuando vi el estado en el que se encontraba, noté lo que en otras ocasiones he visto en los presos al salir de Cuba: parecen rescatados de un campo de concentración”, declaró a 14ymedio Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders (PD), con quien contactó por videollamada Díaz Rodríguez nada más salir de la cárcel.

Las fotografías del activista tomadas tras su liberación, que Larrondo pide compartir a pesar de su dureza, hablan por sí solas. “No podía creerlo. Quería darle la enhorabuena pero estaba hablando con un ser humano en los huesos, destruido completamente”, señala Larrondo. 

Durante su encarcelamiento, en 2022, Díaz Rodríguez fue diagnosticado con un cáncer de tiroides en fase avanzada, pero en ningún momento recibió tratamiento adecuado. A ello se le sumó el padecimiento posterior de hepatitis B, anemia, inflamación en las extremidades y un progresivo estado de desnutrición.

“Sabíamos que estaba fatal y hemos luchado durante años por su vida. Ha pedido licencias extrapenales, hemos llevado su caso ante las Naciones Unidas… pero el régimen cubano le ha hecho cumplir la sentencia íntegra, al completo”, añade sobre su caso el presidente de PD.

Hubo numerosas denuncias sobre su deteriorado estado de salud y las irregularidades que rodearon todo el proceso judicial en su contra

En efecto, durante la condena del ya ex recluso, de 45 años, hubo numerosas denuncias sobre su deteriorado estado de salud y las irregularidades que rodearon todo el proceso judicial en su contra. Según familiares y organizaciones independientes como Justicia 11J, Prisoners Defenders y Cubalex, el prisionero político fue privado de medicamentos y atención especializada. En varias ocasiones tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital Abel Santamaría en estado crítico, llegando incluso a vomitar sangre, pero siempre era devuelto a prisión sin garantías de tratamiento.

Pese a su condición, fue sometido a trabajos forzados. El ex preso político declaró que se vio obligado a trabajar para acceder a un régimen de menor severidad, a pesar de su estado físico, y que al negarse a colaborar con la Seguridad del Estado perdió beneficios penitenciarios, incluida la reducción de sanción.

Las denuncias también incluyen agresiones físicas: en 2024 y 2025, su madre reportó que fue golpeado por funcionarios penitenciarios. Además, fue objeto de amenazas para que su familia dejara de denunciar en redes sociales. También sufrió interrogatorios constantes y restricciones arbitrarias, como la retirada de su trabajo en prisión tras negarse a colaborar con la Seguridad del Estado.

A pesar de su estado crítico, las autoridades rechazaron concederle una licencia extrapenal. La negativa se basó en su condición de “contrarrevolucionario”

A pesar de su estado crítico, las autoridades rechazaron reiteradamente concederle una licencia extrapenal. Según denuncia su familia, la negativa se basó en su condición de “contrarrevolucionario”, a pesar de cumplir con los requisitos médicos para acceder a este beneficio.

Díaz Rodríguez fue detenido durante las protestas del 11J en Artemisa y permaneció en prisión provisional hasta su juicio. El 27 de diciembre de 2021, el Tribunal Municipal Popular de Artemisa lo condenó a cuatro años de cárcel por los delitos de desacato y desórdenes públicos.

Prisoners Defenders presentó el caso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU como parte de la denuncia colectiva “1.000 Cuban Families vs. Cuban Government”. 

En este documento se reclama que el proceso de Díaz Rodríguez estuvo plagado de irregularidades legales. Entre ellas, la imposición de prisión preventiva sin intervención judicial y la falta de acceso a una defensa independiente, al ser representado por abogados de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, subordinada al Estado.

El documento también señala la ausencia de imparcialidad judicial y el uso de pruebas y testimonios cuestionables, en su mayoría provenientes de funcionarios estatales, y la desestimación total de los testigos de la defensa.

Cuba se ha consolidado como el país con más condenas por detención arbitraria del mundo según el Grupo de Trabajo de la ONU (WGAD)

El tribunal utilizó valoraciones subjetivas como “mala conducta social” o “acciones desestabilizadoras” para justificar la severidad de la pena, que alcanzó el límite máximo previsto. Según la denuncia de Prisoners Defenders, estas expresiones, recogidas en la sentencia, evidencian un sesgo político y una falta de neutralidad incompatible con estándares internacionales.

Las imágenes, difundidas entre activistas y opositores, fueron también compartidas por el líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) José Daniel Ferrer, quien denunció públicamente la situación mediante un video en redes sociales, y recordó la situación de otros prisioneros de conciencia que también sufren maltratos, como Roilán Álvarez, Luis Manuel Otero Alcántara o Félix Navarro, entre los 1.213 presos políticos que Prisoners Defenders reporta al día de hoy.

Mientras tanto, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, en su reciente entrevista con NBC, ha vuelto a negar la existencia de presos políticos en la Isla: “Esa imagen de que, en Cuba, a todo el que habla en contra de la revolución lo ponemos preso, es una mentira”.

La ONU ha evidenciado que las detenciones son de naturaleza política y violan derechos fundamentales de expresión y reunión

Prisoners Defenders reporta que Cuba se ha consolidado como el país con más condenas por detención arbitraria del mundo según el Grupo de Trabajo de la ONU (WGAD). La ONU ha evidenciado que las detenciones son de naturaleza política y violan derechos fundamentales de expresión y reunión. 

Javier Larrondo también recuerda que según el último Informe del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, Cuba es el cuarto país del mundo en acciones urgentes por este delito, solo por detrás de México, Irak y Colombia. A diferencia de estos países, señala, en Cuba las desapariciones forzadas son atribuidas directamente al Estado.