Familiares de presos denuncian llamadas de extorsión para evitar supuestos castigos en cárceles
Presos
Existe la sospecha de que algunos agentes del Ministerio del Interior estén implicados en esas operaciones
Matanzas/Todo comienza con una llamada telefónica. Al otro lado de la línea, una voz formal y neutra, con el tono que suelen utilizar los miembros del Ministerio del Interior en el ejercicio de sus funciones, se identifica con un nombre y un apellido comunes, además del grado de teniente. A continuación, informa que un familiar o amigo recluido ha protagonizado un altercado con otro interno y que, durante el incidente, rompió el televisor del penal. Para evitar que sea procesado por lo ocurrido, explica, deben abonar la suma de 24.000 pesos, que se dividiría entre los dos reclusos involucrados.
A la supuesta infracción le añaden un elemento de presión: aseguran que el preso se encuentra en una celda de castigo a consecuencia del incidente y que, además, no está comiendo. Podría parecer el guion de una serie carcelaria estadounidense, pero se trata del comienzo de una estafa que, según los testimonios recopilados, está afectando a familias de personas sancionadas o pendientes de juicio en diferentes cárceles de Cuba.
Inés fue contactada de esta manera. La llamada la dejó muy nerviosa, aunque algo no encajaba en la historia que le estaban contando. Ella conoce a casi todos los oficiales del Combinado del Sur y aquel supuesto teniente no le resultaba familiar.
Al consultarlo con el padre de su hijo, un ex policía, este movió algunos contactos y logró confirmar que la llamada había sido realizada desde Camagüey. También le facilitó al Ministerio del Interior la tarjeta bancaria a la que los supuestos funcionarios pretendían que se depositara el dinero.
"Pueden pasar varios días sin contactar con la familia. Eso les da tiempo a los estafadores para actuar”
Dos días después de la primera comunicación, recibió otra llamada desde el mismo número. Esta vez el tono era mucho más apremiante. Le dijeron que se trataba de la última oportunidad y que, después de algunas gestiones, habían conseguido reducir el pago a 8.000 pesos por cada recluso involucrado. Sin embargo, el dinero debía entregarse ese mismo día o, de lo contrario, ambos serían procesados.
“Ahí me di cuenta de que estaban tratando de robarme, aunque fuera menos dinero”, relata Inés. “Decidí colgarles y, por suerte, mi hijo me llamó esa tarde y desmintió todo. Me dijo que varios familiares de sus compañeros también habían sido contactados de la misma forma”.
Para ella, resulta especialmente indignante comprobar cómo algunas personas se aprovechan de las desgracias ajenas y de la incertidumbre en la que viven los familiares de los presos en Cuba para obtener dinero. Preguntada por si considera que esta situación podría evitarse, explica que las propias condiciones de comunicación entre los internos y sus familiares pueden facilitar este tipo de engaños.
“En el Combinado del Sur, en Matanzas, a diferencia del Combinado del Este, en La Habana, no hay teléfono público”, relata Inés, y explica que los presos deben esperar hasta la tarde para llamar desde el teléfono de su destacamento, durante cinco minutos. “Hay veces que solo pueden hacerlo una vez a la semana, quizás dos. Y si alguna línea se rompe, pueden pasar varios días sin contactar con la familia. Eso les da tiempo a los estafadores para actuar”.
Al igual que Inés, María fue contactada por personas que utilizaron el mismo procedimiento. En el caso de Violeta, sin embargo, la historia tuvo un desenlace diferente: ella sí llegó a depositar el dinero en la cuenta de los estafadores.
“Yo no lo pensé dos veces”, cuenta Violeta, cuyo sobrino está cumpliendo una condena por homicidio. “Tener un problema sancionable podría repercutir en que lo trasladaran a una prisión más lejos de la ciudad de Matanzas, posiblemente a Agüica, que es la prisión con el régimen carcelario más duro de toda Cuba. Nadie quiere tener un familiar ahí”. Ella entendió después que la habían estafado, pero ya no podía hacer nada. “Solo me quedó informar a la Policía”, dice.
Algunos familiares creen que alguien afín al Ministerio del Interior en conjunto con presos de los mismos centros penales están implicados
Días después, su sobrino logró comunicarse y le contó que no se trataba de un caso aislado. Según le explicó, la misma situación estaba ocurriendo en varias cárceles, pues otros internos procedentes de la prisión de La Cerámica, en Camagüey, y del Combinado del Este aseguraban que sus familiares también habían recibido llamadas similares.
Ante la repetición de estos hechos, los propios familiares han comenzado a alertarse entre sí para evitar que otras personas caigan en la trampa. También algunos de ellos creen que alguien afín al Ministerio del Interior en conjunto con presos de los mismos centros penales están implicados.
Esta modalidad de estafa pone de manifiesto la vulnerabilidad de quienes tienen familiares encarcelados. Los delincuentes no solo parecen conocer las condiciones de comunicación de los centros penitenciarios, sino que utilizan información sobre los internos, sus posibles conflictos y las consecuencias que podría tener una sanción disciplinaria para construir historias creíbles.
El miedo a un traslado, a un castigo adicional o a que un familiar deje de recibir alimentos convierte cada llamada en una situación de angustia. En ese estado de desesperación, y con la incertidumbre de qué le puede suceder a sus seres queridos privados de libertad, muchos terminan por pagar sin comprobar la veracidad de lo que les están diciendo.