Justicia 11J pide a la Federación de Mujeres que denuncie la represión contra familiares de presos políticos

Madrid/La plataforma Justicia 11J y otras organizaciones independientes como Casa Palanca o el Observatorio de Género Alas Tensas exigieron este jueves a la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) que se pronuncie contra la violencia y las represalias que sufren las madres, esposas, hijas y hermanas de los presos políticos en la Isla. En una carta dirigida a la secretaria general de la organización, Teresa Amarelle Boué, denuncian que las mujeres que llevan alimentos y medicinas a las cárceles, o reclaman públicamente por sus familiares, son objeto de interrogatorios, vigilancia, detenciones y amenazas.

“La Constitución de la República establece que el Estado protege a las mujeres de la violencia de género ‘en cualquiera de sus manifestaciones y espacios’”, expone la misiva. “Ese mandato no admite excepciones por motivos políticos. Cuando los agentes del Estado utilizan la maternidad, las amenazas contra los hijos o la violencia sexual para intimidar y castigar a estas mujeres, la represión adquiere también una dimensión de violencia de género”.

En el texto, las firmantes reprochan: “No conocemos ningún pronunciamiento de la Federación sobre la situación de las mujeres familiares de personas presas por razones políticas. Una organización que dice defender a las mujeres cubanas no puede guardar silencio cuando el Estado las castiga por cuidar y defender a los suyos”.

"Una organización que dice defender a las mujeres cubanas no puede guardar silencio cuando el Estado las castiga por cuidar y defender a los suyos"

El documento se publica al día siguiente de que la asociación civil, creada a raíz del 11 de julio de 2021 para monitorear las detenciones tras las históricas manifestaciones de aquel día y hoy integrada a la Iniciativa para la Investigación y la Incidencia A.C. (Iniciativa AC), registrada en México, publicara un extenso informe sobre la represión contra las familiares de prisioneros de conciencia, en coincidencia con “el mes de lucha contra la violencia hacia las mujeres”.

Su principal conclusión es que las agresiones no se limitan a quienes están en la cárcel: también alcanza de manera sistemática a sus allegadas, sobre todo a las que denuncian las detenciones y reclaman justicia. Así, la investigación, que lleva por título Mujeres que sostienen la lucha, documenta que entre el 11 de julio de 2021 y el 31 de octubre de 2026 ha habido en torno a 400 eventos represivos contra más de un centenar de familiares mujeres de presos políticos.

La mayor parte han consistido en citaciones e interrogatorios (102), amenazas (87), detenciones arbitrarias (77) y vigilancia policial (69), pero también han registrado una veintena de agresiones sexuales –“desnudos forzados durante interrogatorios, requisas y visitas; propuestas y contactos sexuales no consentidos por parte de agentes; agresiones físicas contra una mujer embarazada y otra que acababa de dar a luz, y campañas para deteriorar las relaciones de pareja”–, así como la utilización de la maternidad como instrumento de presión, por ejemplo, amenazando con retirar la custodia de los hijos.

El informe señala también que al menos seis mujeres que inicialmente acompañaban a familiares presos terminaron siendo procesadas, encarceladas o condenadas –una de ellas, Ana Ibis Tristá Padilla, esposa del prisionero político Damián Hechavarría Labrada, recibió una pena de 14 años de prisión– y asevera: “La Seguridad del Estado aparece como responsable del 65% de los episodios documentados”.

Desde el 11J, en definitiva, ha aumentado el número de mujeres que soportan las consecuencias de la encarcelación de sus familiares

Justicia 11J considera que esta represión tiene tres estrategias –prevenir nuevas acciones, responder a las denuncias y utilizar el castigo como escarmiento– para un objetivo último: desarticular la organización de las familias, aislarlas y desalentar sus reclamaciones públicas de justicia, como lo hicieron las Damas de Blanco tras las condenas contra sus esposos durante la Primavera Negra de 2003.

Citando una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), el texto reclama que estas prácticas “vulneran las obligaciones internacionales de Cuba en materia de protección de los vínculos familiares, trato digno a los visitantes de las prisiones, protección de niños y adolescentes, acceso a la información y protección frente a represalias”.

La carta de este jueves a la FMC es una continuación de esta denuncia, de ahí que en ella las firmantes resuman las conclusiones del informe. Desde el 11J, en definitiva, ha aumentado el número de mujeres que soportan las consecuencias de la encarcelación de sus familiares.

Y la Federación no solo no las ha defendido, sino que ha contribuido a los ataques. Al respecto, Justicia 11J señala que dirigentes de la FMC en varias provincias han sido identificadas como promotoras de actos de repudio contra activistas.

Ante esta situación, reclaman a la instancia oficial que condene públicamente las represalias, reconozca como violencia de género los desnudos forzados, la coerción sexual y las amenazas relacionadas con la maternidad, y exija que estos hechos sean investigados. También piden que las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia atiendan a estas mujeres sin discriminación por sus opiniones políticas o las de sus familiares.

Entre sus demandas figuran además que la Federación se desvincule de los actos de repudio y las campañas de estigmatización contra mujeres que denuncian vulneraciones de derechos, y que informe al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las medidas adoptadas para proteger a las defensoras de derechos humanos y a las familiares de personas encarceladas.

La publicación de la carta coincide también con otros informes que denuncian la represión creciente en la Isla. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (Ocdh) denunció la pasada semana que el régimen cubano está incrementando la represión para forzar el exilio de los activistas, intimidar a la ciudadanía y presionar a Estados Unidos y a la Unión Europea. En octubre, la organización documentó al menos 387 acciones represivas contra la población, incluyendo 30 detenciones arbitrarias y 357 abusos de distinta índole. Entre los hechos documentados contabilizó 145 cercos policiales a viviendas de opositores, periodistas independientes y miembros de las Damas de Blanco, además de 63 abusos contra presos políticos y 12 citaciones policiales con amenazas.

Solo en los últimos seis meses, PD ha documentado 204 nuevos presos políticos en Cuba, y 346 en el último año, lo que equivale a “un promedio de 29 nuevos presos políticos al mes”

Los datos se complementan este jueves con el informe correspondiente a ese mes de Prisoners Defenders, que sitúa en 1.353 los presos políticos en Cuba y advierte de un “crecimiento de la represión alarmante que no distingue edades, ni sexo”.

La organización, con sede en Madrid, documentó 37 bajas de la lista y puntualizó que se deben a la “cantidad de presos políticos que, (…) tras los procesos penales por las manifestaciones pacíficas del 11 de julio (11J) de 2021, van progresivamente cumpliendo las altas penas impuestas”. Solo en los últimos seis meses, PD ha documentado 204 nuevos presos políticos en Cuba, y 346 en el último año, lo que equivale a “un promedio de 29 nuevos presos políticos al mes”.

Además, las incorporaciones de octubre muestran “patrones especialmente significativos en la naturaleza de la represión” vinculadas con “protestas, carteles, consignas, grafitis, propaganda, difusión de mensajes críticos u otras formas de expresión política”.

“Dos de cada tres nuevas incorporaciones en octubre tienen su origen en hechos relacionados directamente con la expresión de opiniones o la protesta” en la Isla, añade la organización, que pone como ejemplo las altas penas de prisión demandadas –hasta 13 años– para los manifestantes de Morón, en Ciego de Ávila, que el pasado marzo fueron detenidos por exigir luz en medio de extensos apagones.

La ONG criticó también “la deplorable e inhumana situación sanitaria a la que son sometidos los presos políticos”, tras documentar 464 casos con “serias enfermedades”. La desnutrición forzosa afecta a 236 prisioneros, pero también hay 80 enfermos con hipertensión, 39 de asma y 24 de diabetes, además de varios pacientes con trastornos mentales.