La Fiscalía de Florida reabre el caso contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate

Madrid/Tres décadas después del derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció este miércoles la reapertura de una investigación criminal a nivel estatal contra Raúl Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba y señalado como responsable de ordenar el ataque.

“Esa investigación continuará. Mantenemos una excelente relación de trabajo con el Gobierno federal”, declaró Uthmeier durante una conferencia de prensa en Miami. Aunque aseguró que no puede ofrecer detalles por tratarse de una pesquisa en curso, justificó la decisión en la proximidad del 30 aniversario del ataque y en la necesidad de “resolución y cierta rendición de cuentas”.

Según el fiscal, cuando se cometen injusticias contra ciudadanos de Florida, “tanto bajo las leyes estatales como federales, se deben rendir cuentas”. La afirmación apunta a la posibilidad de presentar cargos bajo jurisdicción estatal, una vía que ya había intentado su predecesora, Ashley Moody, en 2022. “Cuando esto llegó a mi conocimiento, reactivamos los archivos”, dijo Uthmeier.

El 24 de febrero de 1996, dos Cessna bimotores que sobrevolaban el estrecho de la Florida fueron derribados por cazas MiG de la Fuerza Aérea cubana. Murieron cuatro hombres: tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente en Estados Unidos. La tragedia provocó una crisis diplomática entre Washington y La Habana y dio paso, semanas después, al endurecimiento del embargo con la aprobación de la Ley Helms-Burton.

Según el fiscal, cuando se cometen injusticias contra ciudadanos de Florida, “tanto bajo las leyes estatales como federales, se deben rendir cuentas”

Hermanos al Rescate era una organización sin fines de lucro fundada en Miami a inicios de los años 90. Sus miembros patrullaban aguas internacionales en busca de balseros cubanos que intentaban huir de la Isla. La Habana los acusaba de violar su espacio aéreo y de realizar provocaciones políticas. Washington sostuvo siempre que los vuelos derribados se encontraban en espacio aéreo internacional.

Investigaciones posteriores revelaron que al menos dos agentes cubanos infiltrados en la organización proporcionaron información detallada sobre las rutas y horarios de vuelo al Gobierno cubano, lo que facilitó la operación militar. En 2003, un tribunal federal estadounidense acusó a un general cubano y a dos pilotos de combate por el derribo. Sin embargo, nunca se presentaron cargos formales contra los hermanos Castro.

El anuncio de Uthmeier reaviva una demanda histórica de legisladores del sur de Florida, donde reside la mayor diáspora cubana del país. El pasado 19 de febrero, Moody –ya como senadora federal– y tres congresistas floridanos solicitaron al Departamento de Justicia que formule una acusación contra Raúl Castro.

En Florida, el caso también se inserta en una agenda política local donde Cuba continúa siendo un eje movilizador. El presidente de la Cámara de Representantes estatal, Danny Pérez, expresó su respaldo a cualquier acción que contribuya al “fin del régimen”. “Nunca olvidamos lo que le arrebataron a nuestra cultura, a nuestra comunidad”, afirmó, en referencia al castrismo. “Cualquier cosa que podamos hacer para sacarlos de Cuba, la apoyaré”.

La reapertura del expediente, sin embargo, enfrenta obstáculos jurídicos y prácticos. Raúl Castro no reside en territorio estadounidense y aunque existe un antiguo tratado bilateral de extradición, su aplicación es inexistente desde 1959. Aun así, para los familiares de las víctimas y para una parte del exilio cubano, el gesto tiene un peso político y moral. El derribo de 1996 marcó un punto de inflexión en las relaciones bilaterales y consolidó la percepción de que el Gobierno cubano estaba dispuesto a emplear fuerza letal contra civiles en el contexto del conflicto migratorio.