Gaesa mete la mano en los millones destinados al cambio climático

La Habana/El Gobierno cubano ha decidido reforzar su interés en el cambio climático para tener acceso a las divisas que necesita con urgencia. Una fuente vinculada al sector científico asegura a 14ymedio que las autoridades han convertido la captación de fondos internacionales para proyectos ambientales, de resiliencia y gestión de desastres en “una prioridad estratégica”, mientras el conglomerado militar Gaesa encuentra las vías para beneficiarse de una parte importante de los gastos generados por esos programas. 

Según su testimonio, la orientación alcanza al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), el Instituto de Meteorología (Insmet), Recursos Hidráulicos, la Defensa Civil, el Instituto de Geofísica y Astronomía (IGA), el Instituto de Ciencias del Mar y varias universidades.

La orden, sostiene, es presentar la mayor cantidad posible de proyectos ante organismos de Naciones Unidas y agencias extranjeras de cooperación. Entre los objetivos se encuentran el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y agencias como la española Aecid, la japonesa Jica y la china Cidca. La fuente va más allá y asegura que la presión por conseguir financiación es tal que se ha instado a las instituciones a presentar cuantos proyectos sea posible, incluso cuando su pertinencia científica o ambiental resulte dudosa. 

Los programas internacionales actualmente vinculados a Cuba confirman que la financiación climática mueve ya decenas de millones de dólares

Los programas internacionales actualmente vinculados a Cuba confirman que la financiación climática mueve ya decenas de millones de dólares y que las autoridades han desarrollado una estructura destinada a mejorar el acceso del Estado a esos recursos, un circuito del que también se beneficia Gaesa. 

Uno de los ejemplos más importantes es Mi Costa, un programa de adaptación al cambio climático financiado por el Fondo Verde para el Clima y ejecutado con participación del Pnud. El proyecto, iniciado en 2021 y previsto hasta 2029, cuenta con una subvención internacional de aproximadamente 23,9 millones de dólares y otros 20,4 millones de cofinanciación, para un volumen superior a los 44 millones.

El programa es destinado a comunidades costeras mediante la restauración de ecosistemas y otras medidas de adaptación. No es, sin embargo, el único gran proyecto. IRES, dirigido a aumentar la “resiliencia climática de la producción agrícola” mediante sistemas agroforestales, moviliza una financiación considerablemente mayor. La documentación internacional sitúa en unos 120 millones de dólares los recursos asociados al programa entre aportaciones externas y cofinanciación.

La documentación internacional sitúa en unos 120 millones de dólares los recursos asociados al programa

El Fondo Verde para el Clima ha financiado incluso programas de "readiness", destinados precisamente a fortalecer la capacidad institucional de Cuba para acceder a sus recursos, preparar proyectos y relacionarse con los mecanismos internacionales de financiación climática. Para la fuente consultada por este diario, el problema no está en financiar la protección ambiental, sino en lo que sucede con una parte del dinero cuando comienza a gastarse dentro de Cuba.

"Gaesa es quien sigue administrando ese financiamiento", afirma tajantemente. Los proyectos necesitan pagar alojamiento, talleres, transporte, combustible y otros servicios que se contratan dentro del entramado empresarial controlado por el conglomerado.

Según su testimonio, una parte importante del presupuesto termina en "talleres" celebrados en hoteles de cuatro y cinco estrellas. El resto, sostiene, se traduce en vehículos –frecuentemente camionetas todoterreno–, computadoras, tabletas y teléfonos que benefician más a los directivos que a los científicos.

Tampoco las oportunidades asociadas a los proyectos se distribuyen de manera equitativa entre los trabajadores. Las misiones internacionales, afirma, suelen reservarse para directivos, personal recontratado o empleados cuidadosamente seleccionados por su confiabilidad política, mientras quedan fuera jóvenes investigadores y especialistas con experiencia que deberían constituir el relevo de las instituciones científicas.

Según su testimonio, una parte importante del presupuesto termina en "talleres" celebrados en hoteles de cuatro y cinco estrellas

La orientación incluye también, asegura, el envío de delegaciones al extranjero para identificar nuevas fuentes de financiación y establecer contactos con instituciones y agencias de cooperación. Como ejemplo concreto, afirma que el pasado 18 de julio una misión se dirigió a Guatemala con ese propósito.

La estructura empresarial cubana hace especialmente relevante seguir ese dinero. Gaesa controla a través del Grupo de Turismo Gaviota una parte sustancial de la planta hotelera de la Isla y tiene intereses en sectores estratégicos vinculados a la captación y circulación de divisas. Los hoteles utilizados para las reuniones de los proyectos, las empresas encargadas del transporte y los proveedores de combustible determinan cuánto dinero de la cooperación internacional termina indirectamente dentro del circuito empresarial militar.

No sería necesario, por tanto, que Gaesa recibiera directamente una transferencia del Pnud o del Fondo Verde para beneficiarse de esos recursos. El dinero puede entrar destinado a un proyecto ambiental utópico y, durante su ejecución, convertirse en pagos por alojamiento, combustible, transporte o logística.

La denuncia contiene además nombres de funcionarios cuya trayectoria coincide con el circuito institucional de la cooperación climática internacional

La denuncia contiene además nombres de funcionarios cuya trayectoria coincide con el circuito institucional de la cooperación climática internacional. Entre ellos está Celso Pazos Alberdi, director del Insmet, y Rudy Montero Mata, que ha ocupado responsabilidades en el Instituto de Geofísica y Astronomía, la Fundación Climática IRIS y el Citma.

Otro de los mencionados es Miguel Ángel Puig González. Documentos vinculados a Naciones Unidas sobre reducción del riesgo de desastres lo identificaron en 2013 como coronel y jefe de Operaciones del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil. Posteriormente, su nombre aparece asociado a actividades técnicas relacionadas con resiliencia y gestión de riesgos.

El testimonio vincula además la creación del nuevo Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Vivienda con el interés de concentrar bajo una misma estructura sectores capaces de atraer financiación internacional para proyectos de cambio climático, agua, protección costera, ordenamiento territorial y vivienda. Para la fuente, la reorganización facilita la búsqueda de recursos de organismos multilaterales y gobiernos extranjeros en medio de la grave escasez de divisas.