El Gobierno cubano convierte el robo de aceite dieléctrico en asunto de seguridad nacional

Combustible

Manuel Marrero pide “mano dura” contra el hurto de combustible, un negocio con muchas complicidades dentro del aparato estatal

El aceite dieléctrico funciona como aislante y refrigerante, disipa el calor de los bobinados y mantiene la bobina y el núcleo a temperaturas seguras.
El aceite dieléctrico funciona como aislante y refrigerante, disipa el calor de los bobinados y mantiene la bobina y el núcleo a temperaturas seguras. / Granma
14ymedio

26 de abril 2026 - 15:11

La Habana/“Tengo 100 litros de aceite de transformador, está mejor que el petróleo”. El mensaje, publicado en el grupo de Facebook Gasolina en La Habana, solicita a los potenciales clientes que dejen sus números y muestra una cifra que parece referirse al precio de un litro en pesos cubanos: 1.700. 

El robo de aceite dieléctrico tiene una puesta en escena que recuerda al sacrificio ilegal de ganado mayor. Los ladrones suelen aprovechar la oscuridad, las desconexiones del sistema eléctrico nacional (SEN) y las subestaciones sin vigilancia. Llegan con pomos, mangueras, recipientes o vehículos de tracción animal. Manipulan el equipo, extraen el fluido y se van con un botín que luego circulará por el mercado negro. Pero no siempre saben lo que tocan. Y no siempre sobreviven.

El Gobierno cubano ya no presenta el robo de este producto como una fechoría de ladrones nocturnos, sino como un asunto de seguridad nacional. Manuel Marrero Cruz lo colocó en la misma reunión donde pidió “mano dura” contra el robo de combustible y reclamó sanciones administrativas más severas. 

El Tribunal Supremo Popular, mediante el Dictamen 475 de mayo de 2025, pidió tratar como sabotaje los ataques contra grupos electrógenos, parques fotovoltaicos, telecomunicaciones, transporte público y recursos vinculados al SEN. Bajo el Artículo 125 del Código Penal, dañar o inutilizar medios relacionados con fuentes o transmisión de energía puede costar de siete a quince años de cárcel. Si hay agravantes, la sanción puede subir de diez a treinta años. 

También se ha reportado el uso del aceite dieléctrico en la elaboración de alimentos

El aceite dieléctrico se ha convertido en el protagonista más conveniente del discurso oficial sobre los delitos energéticos. Resulta menos incómodo insistir en ese hecho que profundizar en el desvío de combustible, una trama que suele comenzar mucho más adentro, en las empresas estatales, los servicentros, los controles administrativos fallidos y las complicidades dentro del propio aparato estatal.

La actual crisis energética en la Isla no solo se debe a las limitaciones para importar combustibles, sino a una creciente red de corrupción interna que parte del propio suministro estatal. Solo en 2025, el Ministerio del Interior reportó más de 400.000 litros de combustible confiscados en acciones contra redes de desvío, además de más de cuatro millones de pesos cubanos vinculados a esos delitos.  

También se ha reportado el uso del aceite dieléctrico en la elaboración de alimentos. El medio de prensa santiaguero Radio Mambí publicó en el mes de marzo: “Este aceite, altamente especializado y costoso, ha sido utilizado de manera inescrupulosa incluso con fines de consumo humano, lo cual constituye un grave peligro para la salud y la vida”. 

El aceite dieléctrico funciona como aislante y refrigerante, disipa el calor de los bobinados y mantiene la bobina y el núcleo a temperaturas seguras. Cuando falta, el transformador puede sobrecalentarse, hacer cortocircuito y quemarse. La consecuencia no es solo una avería, sino el apagón de una zona completa.

El daño social puede ser enorme incluso cuando nadie muere

En Altos de Esperanza, en Songo-La Maya, Santiago de Cuba, dos hermanos intentaron robar aceite de un banco de transformadores que alimentaba el rebombeo de agua de la comunidad. La operación terminó en una explosión. Uno murió y el otro sufrió quemaduras graves. La Empresa Eléctrica recuperó 70 litros de aceite a unos 100 metros del lugar, y el accidente disparó una línea de 33 kV que afectó a Songo-La Maya y Segundo Frente. El robo dejó de ser una sustracción para convertirse en tragedia.

Tampoco fue la única muerte registrada. En septiembre de 2025, otro hombre falleció en la carretera de Siboney, también en Santiago de Cuba, cuando intentaba extraer aceite de un transformador y tocó una parte energizada del equipo. 

El daño social puede ser enorme incluso cuando nadie muere. En San Luis, Santiago de Cuba, durante una desconexión del SEN, fueron sustraídos unos 300 litros de aceite de un transformador de 4 mega voltios-amperios en la subestación de Paquito Rosales. El hecho afectó a unas 17.000 personas de esa comunidad, Dos Caminos y varias circunscripciones de Estrella Roja. Según directivos eléctricos citados por la prensa oficial, equipos de ese tipo pueden costar entre cuatro y cinco millones de dólares en el mercado internacional.

¿Por qué se roba?

En Ciego de Ávila, en 2025, se reportaron 41 hechos delictivos, 84 transformadores afectados y 14.440 litros de aceite perdidos. En abril de este año, en Amancio, Las Tunas, el robo de 600 litros en dos transformadores dejó sin electricidad a casi 5.000 clientes, alrededor del 40% del municipio, y afectó servicios como el policlínico, Etecsa y el bombeo de agua. Ese mismo mes, en Jatibonico, Sancti Spíritus, tres hombres fueron procesados por sabotaje tras ser sorprendidos en la subestación del central azucarero Uruguay; a uno de ellos le decomisaron 120 litros. Y justo ayer se denunciaba un hecho de esta naturaleza, a plena luz del día, en San Antonio de los Baños. 

¿Por qué se roba? Por dinero, por escasez y por un mercado negro que paga lo que el Estado no puede garantizar. En Cuba faltan combustible, lubricantes, piezas y casi todo lo que sirve para mover una máquina. El aceite dieléctrico se vende ilegalmente como lubricante y también como sustituto precario del diésel para tractores u otros equipos. En algunas zonas supera los 1.000 pesos por litro, y otros reportes colocan el precio informal por encima de esa cifra. Para quien roba 120 litros, el botín puede equivaler a varios meses de salario. 

La respuesta oficial es castigar. Pero el castigo no explica por qué esas instalaciones siguen tan expuestas ni por qué un líquido técnico termina convertido en mercancía de supervivencia. El régimen dedica recursos, policías y tribunales a vigilar opositores y publicaciones en redes sociales, pero no logra impedir que alguien abra un transformador, le saque cientos de litros de aceite y deje a un pueblo a oscuras.

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