"Me gustaría votar": los cubanos reaccionan a la decisión del Supremo de España
Ley de nietos
La justicia española suspendió cautelarmente el derecho al voto de los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática hasta que los consulados acrediten que cumplen con la condición de ser descendientes de exiliados
La Habana/La larga fila ante el Consulado de España en La Habana este martes es la habitual, con decenas de cubanos esperando su turno para acceder: la mayoría muestran silencio ante el último fallo del Tribunal Supremo español sobre la Ley de Memoria Democrática (LMD), otros están ajenos a las noticias y unos pocos están ilusionados con poder votar.
La justicia española suspendió cautelarmente el derecho al voto, así como las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), hasta que los consulados acrediten que los nacionalizados cumplen con la condición de ser descendientes de exiliados españoles.
Se trata de un requisito que no se ha exigido para solicitar el pasaporte español, como se desprende de la instrucción emitida tan solo unos días después de publicarse la LMD, en octubre de 2022. En su origen, esta norma ofrecía la posibilidad de obtener la nacionalidad española, en efecto, a los descendientes de españoles exiliados por la Guerra Civil y el franquismo, a los nacidos de españolas que hubieran perdido su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y a los hijos mayores de edad de quienes la adquirieron con la anterior ley de nietos –la Ley de Memoria Histórica de 2007– y que habían quedado excluidos de ella precisamente por tener más de 18 años.
Se trata de un requisito que no se ha exigido para solicitar el pasaporte español, como se desprende de la instrucción emitida tan solo unos días después de publicarse la Ley de Memoria Democrática
Sin embargo, la instrucción mencionada, elaborada con objeto de despejar, justamente, “posibles dudas que se planteen a los Encargados de las Oficinas del Registro Civil español en cuanto al alcance e interpretación del ámbito de aplicación de la mencionada disposición adicional octava”, interpretaba que no solamente podrían acogerse a ella los descendientes de exiliados de la guerra civil, sino todos los “nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles”. Este supuesto hizo que el volumen de solicitudes fuera ingente, especialmente desde Cuba, el segundo país en cantidad de peticiones por detrás de Argentina.
Según fuentes del Ministerio español de Asuntos Exteriores a 14ymedio, más de 600.000 cubanos llegaron a iniciar el trámite para obtener la nacionalidad española por la LMD en el Consulado de La Habana. La cifra incluye tanto a quienes ya presentaron formalmente el expediente como a quienes pidieron cita antes del cierre del plazo, el 22 de octubre de 2025.
Este miércoles, la cola sobrepasaba la entrada de la Lonja de Comercio, donde se ubica el consulado, y los solicitantes buscaban en los alrededores las pocas sombras que permite el intenso sol del septiembre cubano. Hasta allí se desplazan los vendedores ambulantes aprovechando las demoras en el proceso.
"Nosotros somos nuevos aquí en este tema y no puedo dar datos calificativos grandes ni elocuentes. Ni me abstengo ni doy una opinión verdadera"
Pese a esa espera y tiempo por delante, los cubanos prefieren no hablar por temor a que la ansiada concesión de la ciudadanía pueda sufrir algún contratiempo.
"Nosotros somos nuevos aquí en este tema y no puedo dar datos calificativos grandes ni elocuentes. Ni me abstengo ni doy una opinión verdadera", dice Pedro Matías, uno de los pocos que deciden responder a las preguntas de EFE.
La nacionalidad española sigue siendo una puerta de salida para un país que ha perdido más de un millón de habitantes desde 2020, quienes optaron por la migración como la mejor opción para mejorar sus condiciones de vida.
Cuba vive una grave crisis estructural desde hace seis años, por motivos internos y externos. Desde enero se ha agudizado la situación, coincidiendo con el bloqueo petrolero y las sanciones secundarias decretas por Estados Unidos contra el Gobierno de la isla.
Los consultados desconocen el último fallo del Tribunal Supremo español y la suspensión cautelar del derecho al voto en España.
Es el caso de Marisol Jiménez, en trámites junto a su marido para conseguir la nacionalidad. Sin embargo, sus razones de migrar no son solo económicas: "Coger la ciudadanía no quiere decir mejorar solamente la vida", afirma.
Una vez sea española esta ama de casa cubana también quiere poder participar en la sociedad civil: "Si voy a tener la ciudadanía y a convivir en el país, sí me gustaría (votar)"
Una vez sea española esta ama de casa cubana también quiere poder participar en la sociedad civil: "Si voy a tener la ciudadanía y a convivir en el país, sí me gustaría (votar)".
Cerca está Yénica Artaya, acompañando a su madre en el proceso de nacionalización. Coincide con Jiménez. "Como ciudadana, claro que es importante que cada cual pueda votar. Es un derecho. Claro que sí", dice a EFE.
La resolución judicial no anula las nacionalidades ya concedidas ni paraliza los trámites de ciudadanía. La suspensión cautelar tampoco afectará a aquellos que puedan acreditar un exilio de sus antepasados por razones políticas, ideológicas, de creencia o identidad sexual.
Cuba es uno de los países con más solicitudes de nacionalidad por la ley de nietos, y según datos de septiembre de 2025, un mes antes del cierre del plazo de peticiones, representaban cerca del 13% del total.
En el mundo, 2,4 millones de descendientes de quienes se vieron obligados al exilio tras la Guerra Civil (1936-1939) o por la persecución franquista han solicitado la nacionalidad española a través de esta vía, de los cuales 544.722 la tienen aprobada y 306.000 están ya inscritos como españoles, según los últimos datos oficiales
La ley de nietos aprobada en 2022 da la posibilidad de adquirir la nacionalidad española, además de a los hijos o nietos de exiliados que perdieron su nacionalidad, también a los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, y otros casos.