Las hoteleras españolas hacen frente común contra la Helms-Burton
Meliá, Iberostar y Barceló cuentan con el apoyo de su Gobierno y de la Unión Europea para proteger sus intereses
Madrid/La estrategia de las grandes hoteleras españolas contra las demandas por la Ley Helms-Burton pasa por la unidad en todos los frentes. Las empresas coordinan medidas conjuntas para bloquear las notificaciones en España de demandas presentadas en EE UU en relación al título III de la norma. Así lo explica el diario económico Expansión, que ha tenido acceso a un documento en el que se avanzan algunas propuestas.
La más importante pasa, como ya se preveía, por el ámbito europeo. Las empresas proponen articular un sistema de registro y listado de reclamaciones con los datos de los denunciantes y los fondos que financian estos procesos. Además, se pretende formar órganos de cooperación entre todos los afectados en la Unión Europea o fuera de ella para compartir conocimientos sobre medidas de protección y acometer una presión conjunta.
El diario ha consultado a varios despachos de abogados que llevan el asunto y han confirmado que la colaboración con las autoridades españolas y europeas es constante
El diario ha consultado a varios despachos de abogados que llevan el asunto y han confirmado que la colaboración con las autoridades españolas y europeas es constante, así como la cooperación entre los distintos bufetes.
"Lo único que tienen las empresas españolas sobre la mesa son notificaciones para iniciar futuros procedimientos judiciales en base a la Helms-Burton. Por ello, se están asesorando por equipos legales para prepararse ante futuras denuncias", explica al diario Hermenegildo Altozano, de Bird & Bird. Los procesos legales están avanzando en EE UU, pero no en España, donde sí hay aproximadamente una veintena de demandas contra compañías con inversiones pero ninguna contra hoteleras.
La cadena hotelera española Meliá, que gestiona 38 hoteles en la Isla y es la mayor afectada potencialmente, obtuvo su primera pequeña victoria a comienzos de este año cuando una jueza de Florida apartó -a petición de los propios demandantes- a la compañía para agilizar el proceso, que se complicaría aún más al intentar aplicar una norma estadounidense fuera de sus fronteras.
El jefe de la diplomacia europea y exministro de Exteriores español, Josep Borrell, ya anunció que este es el eje de la defensa que Europa empleará. "No aceptamos y combatiremos las medidas ultraterritoriales que tratan de imponer, porque no es acorde con el derecho internacional imponer sanciones extraterritoriales", indicó.
Tampoco han prosperado las demandas contra Norwegian Cruise Line y MSC, ambas europeas, por la utilización de la terminal de cruceros de La Habana, ya que la jueza estadounidense consideró que la concesión portuaria había vencido hace más de una década.
"No puede pretenderse una reclamación al amparo de la ley por la utilización de propiedades nacionalizadas por el Gobierno de Cuba a partir de 1959, si el derecho sobre esos activos ha expirado", indica uno de los abogados consultados por la publicación.
"No puede pretenderse una reclamación al amparo de la ley por la utilización de propiedades nacionalizadas por el Gobierno de Cuba a partir de 1959, si el derecho sobre esos activos ha expirado"
Iberostar, que gestiona 17 complejos hoteleros en Cuba y anunció este lunes su intención de abrir otros tres, es la segunda cadena española con más opciones a verse involucrada en esta disputa legal. Barceló, que apenas tiene tres, dijo a Expansión que está muy tranquilo con respecto a su negocio. "Nuestra presencia en Cuba no es muy elevada y el impacto en el peor de los escenarios posibles sería mínimo. De cualquier modo, todos nuestros movimientos en Cuba estaban muy estudiados para que no hubiera ningún tipo de incidencia", indicó.
En mayo de 2019, el presidente Trump permitió por primera vez en la historia la activación de los Títulos III y IV de la ley Helms-Burton, que todos los presidentes estadounidenses anteriores a él habían mantenido suspendidos desde que se aprobó la norma, en 1996.
Desde aquel momento la Unión Europea activó sus mecanismos para protegerse legalmente frente a esa ley y promulgó un reglamento para proteger los intereses de sus ciudadanos y empresas. Esta norma exime a las personas físicas residentes en la UE, así como a toda sociedad constituida en un Estado miembro, de respetar la Ley Helms-Burton.
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