Las incongruencias de la versión oficial sobre la lancha en Villa Clara

La Habana/Roberto Azcorra Consuegra, uno de los nombres incluidos por el Ministerio del Interior en la lista de presuntos implicados en el incidente con una lancha interceptada en aguas de Villa Clara que se saldó con cuatro muertos y siete heridos, negó públicamente cualquier vínculo con los hechos y aseguró que ni siquiera se encuentra en Cuba. En entrevista con el jurista Eloy Viera para El Toque, el joven cienfueguero afirmó que reside en Estados Unidos desde 2017 y dijo estar asombrado de “lo mal que trabajan” en la Seguridad del Estado, refiriéndose a la inclusión de su nombre sin verificación alguna. Azcorra también sugirió que el grupo había estado infiltrado.

En otra conversación con el influencer Eliecer Ávila, Azcorra confirma que robó una embarcación de las Tropas Guardafronteras para escapar de la Isla, que estuvo en Bahamas y que actualmente tiene asilo político en EE UU. Es decir, que no es un desconocido para las autoridades en Cuba. El joven sugiere que podrían haber enviado su nombre previamente a Cuba, y ellos asumieron que se encontraba entre los expedicionarios. 

Luego de divulgarse el testimonio de Azcorra en múltiples medios de comunicación, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, rectificó y eliminó su nombre de la lista de implicados en una extensa declaración. En ese texto, además, identifica a los cuatro fallecidos: Michael Ortega Casanova –el único mencionado en un primer momento–, Pavel Alling Peña, Ledián Padrón Guevara y Héctor Duani Cruz Correa.

En cuanto a los heridos, se mantienen cinco de los nombres difundidos previamente: Cristian Ernesto Acosta Guevara, Conrado Galindo Serrior, José Manuel Rodríguez Castelló, Leordán Cruz Gómez y Amijail Sánchez González. El nombre de Roberto Azcorra es sustituido ahora por el de Roberto Álvarez Ávila, aunque el viceministro insiste en que Azcorra “es una persona conocida por su trayectoria vinculada a acciones e intenciones violentas contra Cuba”.

El testimonio de Azcorra introdujo una primera grieta visible en la versión oficial sobre el operativo ocurrido cerca de Cayo Falcones

El funcionario añade que “el Gobierno cubano tiene disposición a intercambiar con el estadounidense”, y asegura que las autoridades de ese país “han mostrado disposición a cooperar en el esclarecimiento de estos lamentables hechos”.

En cualquier caso, el testimonio de Azcorra introdujo una primera grieta visible en la versión oficial sobre el operativo ocurrido cerca de Cayo Falcones, donde las Tropas Guardafronteras interceptaron una lancha rápida procedente de Florida. Según La Habana, los ocupantes desobedecieron la orden de alto y abrieron fuego, lo que derivó en un tiroteo con saldo de cuatro muertos y seis heridos entre los tripulantes, además de un agente cubano lesionado.

Las dudas no terminan ahí. El hermano de la única víctima mortal identificada hasta ahora –Michel Ortega Casanova– declaró a Martí Noticias que su familiar, de 54 años, perteneciente al Partido Republicano de Cuba (PRC) y natural de Morón, llevaba más de dos décadas viviendo en Estados Unidos. “Esto está mal contado”, afirmó, cuestionando la manera en que el Gobierno ha presentado los hechos, mostrando a su hermano como un “terrorista”. Ortega, además, estaba casado y tenía a sus hijos viviendo fuera del país. 

El propio Miguel Díaz-Canel, en su comparecencia del pasado 5 de febrero, adelantaba los hechos

Aunque varios de los nombres han sido relacionados con el PRC, su presidente, Ibrahim Bosch, se desmarcó del incidente armado, afirmando que la organización “no tiene nada que ver con esta acción”. Bosch reiteró que la organización no promueve acciones armadas ni controla decisiones individuales de sus miembros. Aunque el grupo confirmó que uno de los fallecidos, Ortega Casanova, pertenecía a sus filas, aseguró que desconocía por completo sus supuestas intenciones y expresó condolencias a las familias, subrayando que el caso aún se encuentra en fase de esclarecimiento.

También genera interrogantes la situación de Duniel Hernández Santos, señalado por las autoridades como el supuesto enlace en tierra para recibir a la embarcación. Aunque el Ministerio del Interior lo presenta como pieza clave de la operación, hasta el momento ha ofrecido escasos datos verificables sobre su papel concreto, antecedentes o vínculos con los tripulantes. Personas que dicen conocerlo sostienen que fue deportado a Cuba desde Estados Unidos en 2024.

El enfoque político del caso también ha alimentado suspicacias. Llama la atención que el Gobierno cubano venía advirtiendo sobre supuestos planes violentos contra el país, lo que ha llevado a especular sobre la posibilidad de que las autoridades conocieran de antemano los detalles de la expedición, así como los nombres de los implicados. El propio Miguel Díaz-Canel, en su comparecencia del pasado 5 de febrero, adelantaba: “Nosotros hoy conocemos de planes para hechos terroristas que están siendo apoyados, financiados y están preparándose desde EE UU para agredir a Cuba”. 

Marco Rubio evitó especular sobre responsabilidades o posibles respuestas hasta verificar los hechos

El secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, afirmó que Washington investiga de forma independiente el incidente de la lancha frente a las costas cubanas tras ser notificado por La Habana, y subrayó que la mayor parte de la información disponible proviene todavía de las autoridades cubanas. 

Rubio evitó especular sobre responsabilidades o posibles respuestas hasta verificar los hechos, confirmó que no se trataba de personal del Gobierno estadounidense y señaló que la Guardia Costera, el Departamento de Seguridad Nacional y la Embajada en La Habana trabajan para determinar la identidad de los ocupantes y obtener acceso a ellos si son ciudadanos o residentes de EE UU. Al mismo tiempo, insistió en que Estados Unidos no tomará decisiones basadas únicamente en la versión oficial cubana y adelantó que responderá una vez se establezcan los hechos con certeza.

Desde Florida, varios congresistas también exigieron una investigación independiente y dejaron clara su desconfianza hacia los partes oficiales del régimen cubano. La presión política sugiere que el episodio podría escalar diplomáticamente si se confirman las irregularidades.

El Gobierno cubano defiende su derecho a proteger las aguas territoriales y sostiene que actuó en legítima defensa. Sin embargo, los antecedentes invitan a desconfiar. La falta de transparencia, las identidades aún incompletas y el desmentido desde territorio estadounidense mantienen abierto el caso.