Miles de jornaleros trabajan por la libre en los campos cubanos, sin protección social

Madrid/“Lo mismo limpiamos tomate, sembramos boniato, deshojamos plátano, cosechamos malanga, plantamos, yuca… Trabajar es lo importante, aquí, o en Batabanó y Güines, en Mayabeque. ¡Ahhh! y cobrar a diario”, cuenta un guajiro al diario Trabajadores en un reportaje replicado por Cubadebate.

En los campos, los que trabajan por la libre no tienen tarjeta en la que recibir el pago, ni contrato formal o afiliación sindical. Al recibir el pago en efectivo se ahorran las comisiones de hasta el 20% que les cobran los negocios locales a cambio de billetes.

El fracaso de la bancarización es una de las causas, precisamente. Y no solo se refleja en la exigencia de efectivo que requiere el campo, sino en el anuncio que realiza el gobernador de Artemisa de que “por la complejidad con el pago para sostener la fuerza de tra­bajo en el surco, las sucursales ban­carias entregarán a los campesinos el 50% del dinero en efectivo y el otro valor sí irá a las tarjetas”.

La historia comienza en Güira de Melena, Artemisa, donde un grupo de campesinos acude a trabajar en el campo para lo que surja. “Esto lo cobramos caro. Como 3.000 pesos por jornada para cada uno. Hoy envasamos ajo de seis ca­rretas y trasladamos los sacos para la rastra. Si fuera el escarde de boniato serían 200 pesos el surco”, cuenta Yudelkis Rodríguez Cabrera, santiaguero y jefe de esta brigada improvisada que se avisa por WhatsApp o a viva voz de la faena que hay en una finca. 

“Por la complejidad con el pago para sostener la fuerza de tra­bajo en el surco, las sucursales ban­carias entregarán a los campesinos el 50% del dinero en efectivo y el otro valor sí irá a las tarjetas”

“No hay ni cajero au­tomático para extraer el dinero. Ir al banco cuesta no menos de 500 pesos, y solo te dan 1.000 por persona. Ade­más, los negocios no aceptan transfe­rencia, todo es con billetes”, comenta uno de ellos, y añade. “Siempre trabajo por la izquierda. Solo tengo tangible el plato en la mesa de mi casa día a día”.

En el centro de Cuba, en una vaquería privada de Placetas (Villa Clara), la situación es la misma pese a la distancia. “Trabajo por la libre. Prefiero cobrar los mil 500 pesos limpios al final de la mañana, que amarrarme a un papel. Si no vengo nada pasa; si tengo otra labor en la construcción, aprovecho”, explica un guajiro de solo 28 años. 

Otro hombre, espirituano en este caso, dice a Trabajadores que cuando la caña –en la que se desempeñó mucho tiempo– se hundió, pasó a la informalidad. “Por suerte en Siguaney han despuntado las vegas y las sitierías. Siempre hay campesinos en busca de brazos. El trabajo es duro pero la vida más”, dice. A sus 62 años confiesa tener “experiencia y fuerzas para echar pa’lante”. Es solo uno entre los miles de campesinos que prefieren asegurarse el dinero en mano en un contexto de alta demanda por la escasez de recursos humanos y materiales. 

William Li­court González, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Agropecuarios Forestales y Tabacale­ros, dice que hay potencial por encima de los 6.000 jornaleros en la Isla de los que solo 2.000 están afiliados a secciones del sindicato único. “Son obreros muy laboriosos, pero no están asociados, en su mayoría, a la organización. Nos falta integrarnos para sensibilizarlos con su contribución, de acuerdo con los ingre­sos personales y de los beneficios de la seguridad social”, indica.

La directora de Personal del Ministerio de la Agricultura, Adriana Ballester Hernández, considera que se han aprobado distintas leyes para intentar incorporar a los guajiros al sistema, incluyendo la figura del “gestor de fuerza de trabajo agro­pecuario”, que contrata a trabaja­dores que prestan servicios eventuales a los pro­ductores, o el régimen especial de seguridad social del sec­tor agropecuario y forestal. 

Estas normas, argumenta la funcionaria, dan opción a estos trabajadores temporales o permanentes a estar protegidos ante una baja laboral, incluida la invalidez, cubre las licencias de maternidad o pensiones por fallecimiento para los familiares. No contribuyen, pero tampoco reciben nada. 

“Al no responsabilizarse desde el presente, ellos mismos condenan el mañana, creando un problema que caerá so­bre los fondos de la asistencia social del Estado en un futuro no muy leja­no”, opina Norberto González Pedraza, delegado de la Agricultura en Artemisa, donde hay –dice– unas 20 brigadas informales. 

“Al no responsabilizarse desde el presente, ellos mismos condenan el mañana, creando un problema que caerá so­bre los fondos de la asistencia social del Estado en un futuro no muy leja­no”

Onelmis Hernández Polo, jefe de departamento en la Di­rección Provincial de Trabajo y Se­guridad Social en Sancti Spíritus, cree que las cifras pueden ser elevadísimas solo por lógica. “Es indudable, si en la provincia espirituana solo 209 están formal­mente registrados en ese empleo no estatal, prevalecen los eventuales ile­gales”, calcula.

Frente al argumento de los trabajadores informales, que reivindican su ardua labor, un pro­ductor de hortalizas de Camajuaní desconfía de este tipo de campesinos. “Quien está legal cuida su puesto de trabajo, tiene disciplina. Pero los jor­naleros eventuales son una lotería. Hay que motivarlos, pautar reglas, pero no siempre tenemos éxito”, dice antes de poner ejemplos concretos en sentido negativo. “Actualmente, en tie­rras villaclareñas, la labor se divide en dos turnos de cuatro horas maña­na y tarde, con pagos oscilantes entre los 1.000 y 1.500 pesos por jornada”, explica.

Otro productor, cooperativista, dice que paga cada día entre 20.000 y 30.000 pesos a este tipo de brigadas eventuales, que después se reparten. “Imagine, ¿cómo sostener las producciones agrícolas? Acopio, por ejemplo, nos debe más de 5.000.000 de pesos, por solo citar las últimas cosechas contratadas que vendieron y quizás cobraron. Si el banco no puede darnos el efectivo, ¿cómo pa­gamos a los jornaleros?”.

El círculo se cierra. La situación bancaria no solo condena a los trabajadores, también a los productores. “No hay ajuste, debemos pagar diario y con billetes. A eso se le suma el precio del combustible. En gran­des extensiones de tierra las labores no pueden desarrollarse con tracción animal. En esta misma finca, desti­nada a malanga, ajo, boniato, pláta­no, cebolla, frutales… ya hay caba­llerías sin nada sembrado”, añade.

El reportaje finaliza con el ejemplo de El Porvenir, una finca que ha logrado incorporar a más de 50 trabajadores “bajo una estructura sindical” y con servicios comunitarios, incluyendo una tienda, una casita infantil y proyectos de salón multiservicios y panadería. El modelo es el paradigma de lo que ahora el Estado quiere: “multiplicar fórmulas para revertir la tendencia hacia lo legal”.