"Lo que me parece bien lo apoyo y lo que me parece mal lo denuncio"

El doctor Manuel Guerra, que salió en defensa de su colega Raúl Pupo, denuncia presiones por parte de la Seguridad del Estado

Manuel Guerra trabaja en el Hospital Municipal Nicodemus Regalado de Buenaventura, en el municipio Calixto García, de Holguín. (Facebook)
Manuel Guerra trabaja en el Hospital Municipal Nicodemus Regalado de Buenaventura, en el municipio Calixto García, de Holguín. (Facebook)

El doctor Manuel Guerra no está dispuesto a callarse más. Su nombre se conoció por primera vez el mes pasado, cuando salió en defensa de su colega Alexander Raúl Pupo Casas, que fue difamado por publicar su opinión crítica sobre la situación política en la Isla y renunció a su puesto de trabajo en el hospital Ernesto Guevara de Las Tunas, donde hacía su residencia en Neurocirugía.

Este lunes, Guerra, que reside en Holguín, denunció en su cuenta de Facebook que la Seguridad del Estado lo está investigando en su barrio y en el Hospital Municipal Nicodemus Regalado de Buenaventura, en el municipio Calixto García, donde ejerce como obstetra (aunque no ha concluido aún su especialidad).

"Me informan mis compañeros de trabajo que un agente de la Seguridad había estado indagando acerca de mi persona con pacientes, trabajadores del centro, incluso en la dirección del Hospital. Dicho agente intenta hacerlo todo bajo perfil, pues no fue a citarme, no fue a hablar conmigo, no fue ni siquiera a conocerme, él solo se dirigió a realizar averiguaciones debido a mis recientes publicaciones en las redes sociales", escribió en su post.

"Estudiamos juntos en la carrera, vi lo que le pasó, lo sentí en carne propia y por eso me solidaricé"

"¿Qué tienen que averiguar sobre mí? ¿Acaso me están haciendo un levantamiento para las filas del Partido? ¿Acaso me voy como mano de obra barata para alguna misión internacionalista?", se preguntó, al tiempo que recordaba: "El artículo 54 de nuestra actual Constitución expresa que 'el Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión'.

Sin esos motivos, Guerra no alcanza a explicar por qué el pasado 10 de octubre había "tres agentes de la corrupta Seguridad del Estado" frente a su casa desde la una de la madrugada. "Pues parece que a alguien no le gustan mis publicaciones. Son arbitrarios, corruptos y abusivos, pero tenga algo claro, no pienso dejarles pasar una sola".

En conversación con 14ymedio, Guerra explica que se solidarizó con Pupo porque es su amigo. "Estudiamos juntos en la carrera, vi lo que le pasó, lo sentí en carne propia y por eso me solidaricé", detalla. "A raíz de eso citaron a todos mis amigos para indagar sobre cómo pienso y qué opiniones tengo. El 10 de octubre pensaron que yo iba a hacer algo y me montaron vigilancia. Simplemente lo que me parece bien lo apoyo y lo que me parece mal lo denuncio, nada más", refiere.

Sin embargo, sus problemas laborales surgieron hace tiempo, cuando en diciembre de 2018 pretendió irse a vivir con su novia a Estados Unidos, donde también reside su padre desde 2013.

"Aquí me criaron mis abuelos", acota. "Mi mamá se pasó 13 años de misión en Venezuela y es cuadro del Partido, mi relación con ella se ha complicado con toda esta polémica de mis publicaciones".

Una vez que se decidió a irse del país, fue a renovar su pasaporte, pero le dijeron que no podía, porque "estaba regulado por Salud Pública a causa de mi especialidad". En ese momento reclamó porque, según explica, la norma de regular se aplica a los médicos a partir del cuarto año de la especialidad, lo cual no era su caso. Le respondieron que debía obtener de todas formas un permiso de su centro de trabajo.

De eso hace dos años y todavía sigue regulado por las autoridades, algo que le impide poder reunirse con su pareja y su padre

"Fui a ver al director, pero me dijo que no me podía liberar en ese momento porque había muy pocos residentes". La contestación le indignó y pidió la baja de la especialidad, pero tampoco se lo permitieron. Entonces, se fue con su pareja de vacaciones y, desde el hotel, publicó que si no le daban vacaciones, él mismo se las cogía. "Dijeron en mi trabajo que eso era ofensivo y ahí sí me dieron la baja de la especialidad".

Guerra pensó en ese momento que ya era libre para salir del país, pero no: cuando fue a la Oficina de Salud Pública de su provincia, le explicaron que podía demorar de uno a tres años y que la única vía más rápida de tener la liberación era incorporarse a su centro laboral y exigirla desde esa posición. De eso hace dos años y todavía sigue regulado por las autoridades, algo que le impide poder reunirse con su pareja y su padre.

Después de su primer intento de salida por las vías establecidas, probó a hacerlo ilegalmente en febrero de 2019. Tras fracasar, siguió trabajando, sin renunciar a que lo dejaran libre. Terminó su servicio social y en la actualidad espera que lo quiten de la lista de regulados.

A estas alturas, Guerra ha perdido el miedo. Así, se preguntaba en su publicación del lunes:

"¿Hasta cuándo tenemos que pasar por esto? ¿Hasta cuándo van a violar nuestros derechos y nos vamos a quedar callados?". Y sentenciaba: "Lo que no me guste lo voy a denunciar; si ustedes no respetan su nefasta Constitución eso no es asunto mío, van a tener que desaparecerme para silenciarme".

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