Por pedir "sentencias injustas", una fiscal de Artemisa entra en la lista de represores cubanos

Madrid/Niurka Margarita Tabares Valdés, fiscal de la provincia de Artemisa, entró este lunes en la lista de represores cubanos que elabora la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Hace apenas una semana, la funcionaria pidió penas de hasta 10 años de prisión para tres miembros de la organización Cuba Primero, José Antonio Pompa López, Daniel Alfaro Frías y Lázaro Mendoza García, acusándolos de un delito de propaganda contra el orden constitucional, asociación, reunión y manifestaciones ilícitas.

 “Como en otros juicios en Cuba en los que se comete el crimen de lesa humanidad de Persecución por motivos políticos, la procuradora Tabares Valdés se prestó a la prevaricación de proponer sentencias largas e injustas a sabiendas de que lo son, siguiendo el guión pautado por la policía política”, dijo la organización en un comunicado emitido este lunes. 

El documento adjunta fragmentos de la resolución en la que Tabares Valdés describe algunos de los objetos incautados a los acusados, entre ellos 95 pegatinas con el logotipo “contra la violencia, actúa”, “nueve carnés del movimiento opositor Por una Nueva República”, además de siete pulóveres, dos de ellos negros y cinco blancos, con el logotipo de la organización Cuba Primero, con la frase Violencia y una X encima”. Además, la Fiscalía argumenta que Pompa López ha recibido financiación del exterior.

Los tres acusados entraron en las cárceles de Guanajay y Combinado del Este a principios de 2024 y han pasado en prisión preventiva sin juicio más de un año y medio. El proceso se celebró finalmente el pasado día 5 de agosto y está visto para sentencia, pero hasta el momento solo se sabe la solicitud de la Fiscalía, que pide 10 años para Daniel Alfaro Frías, 8 para José Antonio Pompa López y cinco para Lázaro Mendoza García. 

Tabares Valdés “acusó a los encartados, cuyo delito es haber distribuido octavillas antigubernamentales, de ser financiados y dirigidos desde el exterior

Tabares Valdés “acusó a los encartados, cuyo delito es haber distribuido octavillas antigubernamentales, de ser financiados y dirigidos desde el exterior, porque no puede admitirse públicamente que los cubanos de la Isla se rebelen contra un régimen que les mantiene sumidos en la peor crisis de la historia de Cuba, sufriendo por hambre, apagones, falta de agua, medicamentos, viviendas, en medio de una rampante inseguridad, y que se aferra al poder a punta de pura represión”, añade el comunicado de la fundación.

Decenas de cubanos han sido sancionados ya por incitar contra el orden constitucional desde que fue aprobado el nuevo Código Penal en 2022, recuerda el texto, que subraya cómo es posible acabar acusado por este tipo de delitos simplemente por el hecho de dejar constancia de su opinión política por escrito en redes sociales.

“El proyecto represorescubanos.com se propone continuar denunciando, coleccionando sus datos personales y avergonzando en su base de datos interactiva a todos aquellos funcionarios que comprometen su integridad dictando estas sentencias destructoras de vidas solo para continuar medrando con las sobras del festín que les deja caer el régimen”, destaca el comunicado, que se dirige a los ciudadanos que de una u otra forma colaboran con el régimen para recordarles que este es el momento de decir no y oponerse a cometer injusticias irreparables. 

La Fundación lleva años elaborando esta lista en la que están, entre muchos otros, funcionarios de prisiones que han tomado decisiones que perjudicaban o dañaban la integridad física y moral de los presos políticos, jueces y fiscales que han vertido acusaciones infundadas o, simplemente, injustas contra opositores; médicos que se opusieron a dar opciones de tratamientos en el exterior; y, por supuesto, militares y miembros del Partido y el Gobierno que forman parte decisiva de la cúpula del régimen.