En peligro las actas civiles conservadas en condiciones deplorables en el Archivo de Santiago de Cuba
Santiago de Cuba
Crece la preocupación por los legajos apilados en el exterior del edificio para salvarlos de las inundaciones y la humedad en una sede inaugurada hace apenas seis años
Madrid/El Archivo Nacional de la República de Cuba ha reconocido que la sede del Archivo Histórico Provincial de Santiago de Cuba, construida expresamente para custodiar documentos e inaugurada en 2020, tiene fallas constructivas y una ubicación geográfica “no idónea”, situación “agravada por las persistentes lluvias”. En un texto publicado en Facebook este jueves, responden a la preocupación expresada en redes sociales por el deterioro de varias unidades de conservación, y la atribuyen a una inundación, aunque no precisa el alcance de los daños.
El comunicado repite el estilo del optimismo ciego ante la adversidad. Describe un edificio de apenas seis años, concebido para conservar papeles, mal planificado y mal ubicado según su propio texto, incapaz de resistir unas lluvias previsibles en un país tropical. Y dibuja a unos trabajadores incansables, listos para enfrentar las adversidades que las mismas autoridades generan, sin reconocerlo. No menciona a ningún responsable ni explica quién decidió el emplazamiento.
El 17 de noviembre, el artista Luis Joaquín Rodríguez publicó en Facebook fotos de papeles dañados y legajos apilados en el exterior de la institución santiaguera, con el aviso de que información histórica se perderá si nadie actúa con responsabilidad. En esa publicación, Moraima Betancourt Revilla, escribió que, al ver dónde lo habían ubicado, “supe que iba a ser desastroso”. Quienes conocen la ciudad lo vieron venir, evidentemente las autoridades no.
Pero lo que está en juego trasciende a Santiago. Los archivos guardan los documentos que muchos cubanos necesitan para emigrar o solicitar ciudadanías extranjeras. Detrás de cada expediente hay una cadena de papeles: el acta del solicitante, la de su padre o su madre, la del abuelo, el matrimonio que los une. Basta que falte un eslabón para que el trámite se detenga, y esas actas viven en libros de papel, expuestos a la humedad, los hongos y el abandono, sin que siempre exista copia digital. Un tomo dañado por el agua o perdido por la desidia puede dejar a una familia sin poder probar de dónde viene. La mala gestión de un edificio puede cerrar así la puerta a quienes dependen de un certificado.
El caso de Santiago no es aislado. En el Archivo Histórico de Trinidad, los documentos, acumulados desde 1724, están hacinados, con termitas y filtraciones, y algunos solicitantes de nacionalidad española no han podido validar sus vínculos familiares por el estado calamitoso de los legajos. En Las Tunas cerró “por higiene” la dependencia de duplicados del Registro Civil, que guarda los originales de nacimientos, matrimonios y defunciones de toda la provincia, incluidos algunos registros de ciudadanía de españoles. Una funcionaria aseguró que el ministro de Justicia conoce el problema y “ha pedido apoyo, pero nada”.
Sin copias digitales, un registro deteriorado resulta más difícil de contrastar. No consta ningún fraude vinculado al deterioro de Santiago, pero hay antecedentes de falsificación documental en la Isla: este diario informó del juicio a más de 20 personas por falsificar documentos migratorios internos, con una oficina de Vivienda del Cerro como epicentro. Este tipo de desastres abre las puertas a la inseguridad jurídica de los ciudadanos y amplía la cartera de servicios delincuenciales asociados a la gestión irregular de documentos.
El propio comunicado admite que mantener las condiciones óptimas de conservación es “un reto constante”. Enumera el estado constructivo del edificio, equipos para controlar la temperatura y la humedad, unidades de conservación de pH neutro adquiridas en el mercado internacional, insumos de restauración y digitalización. Todo un inventario de lo que falta de manera general en los archivos del país.
La digitalización, que protege los originales del agua y las plagas, avanza con lentitud. En agosto el Ministerio de Justicia había digitalizado 895 tomos de nacimientos del Registro Unificado de La Habana con 16 escáneres donados desde Madrid, frente a unos 72.000 libros que guardan los registros civiles de la Isla. La totalidad de los escáneres que financia la asociación madrileña costarían unos 7.500 dólares a precio de fabricante. No consta un plan nacional, con plazos y presupuesto, para digitalizar todos los registros. En este terreno, el país sigue anclado en el siglo XX. El marco legal existe, con el Decreto-Ley 3 de 2020, lo que no aparece es el dinero ni la intención política para cumplirlo.