Penas de 10 a 15 años de prisión por malversación para tres empleados de la estatal Conservas de Vegetales
Santiago de Cuba
Los comentarios destacan la publicidad dada a un caso de corrupción menor mientras se juzgan en secreto los delitos cometidos por altos cargos
Madrid/Tres trabajadores estatales fueron condenados por malversación a penas de 10, 14 y 15 años de cárcel por la Sala Primera Penal del Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba. En el mismo juicio resultó también sancionado un ciudadano por tráfico ilegal de moneda nacional y divisas, que deberá pagar una multa de 24.000 pesos a pagar en 600 cuotas de 40.
El caso fue difundido este domingo por el medio provincial Sierra Maestra y replicado por Cubadebate en una muestra más del afán divulgatorio de la corrupción que afecta a funcionarios de rangos inferiores frente al secretismo que se aplica a los de alto nivel.
Los acusados eran, por una parte, Amarilis Tellez Torres, contadora, y Julio César Palacios Peralta, jefe del grupo contable financiero de una unidad de base empresarial perteneciente a la empresa de Conservas de Vegetales de la provincia. Por la otra, María Luisa Creme Quiroga, económica de la Cooperativa de Créditos y Servicios Rodolfo Rodríguez Benítez.
Los tres se pusieron de acuerdo para repartirse parte de un crédito bancario de 20 millones de pesos que una entidad bancaria otorgó a la conservera. Tellez Torres y Palacios Peralta realizaron cuatro transferencias a la cuenta de Creme Quiroga por un total de 5.175.504 pesos, y se repartieron entre ellos 3.986.504 pesos.
Los tres se pusieron de acuerdo para repartirse parte de un crédito bancario de 20 millones de pesos que una entidad bancaria otorgó a la conservera
Además, Creme Quiroga compró con 1.195.434 pesos de su tarjeta la cantidad de 2.000 dólares estadounidenses a Kenly Hierrezuelo Tellez, el acusado de tráfico de monedas, para quien la condena fue una de las más leves previstas por el Código Penal, ya que se le sancionó solo con multa.
Los trabajadores estatales fueron acusados de falsificación de documentos bancarios y de comercio de carácter continuado para cometer malversación, delitos que el Tribunal consideró probados. Los trabajadores de la Empresa de conservas han sido penalizados también con la prohibición de ejercer cargo público y todos deben abonar el total del dinero obtenido por la defraudación.
La nota especifica, como es habitual, que "se cumplieron las garantías procesales y el respeto al debido proceso consagrado en la Constitución de la República de Cuba y en la Ley del Proceso Penal" y que contra esta sentencia cabe recurso.
La noticia ha generado infinidad de comentarios en la prensa y las redes sociales, donde muchos han recordado el caso del ex ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, condenado el pasado año por espionaje y corrupción en dos causas que estuvieron rodeadas inicialmente de un gran secretismo y con las puertas del Tribunal Supremo blindadas para impedir la presencia de curiosos.
De los delitos cometidos por Gil nunca se ha tenido no solo tantos detalles como de este, sino apenas más allá de la sentencia. Los juicios se desarrollaron casi en secreto por la consideración de los hechos como delitos contra la seguridad del Estado.