Pese a sus antecedentes de protección a prófugos, el régimen niega vínculos con el fraude a Medicare

La Habana/El régimen cubano salió este miércoles a rechazar como “calumnia” las acusaciones lanzadas desde Washington sobre una posible conexión de La Habana con el fraude al programa Medicare en el sur de Florida. En un comunicado fechado este 8 de abril, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que funcionarios del Gobierno de Estados Unidos “especulan, sin evidencia alguna” sobre una eventual implicación cubana en esos delitos y presentó a la Isla como un socio dispuesto a cooperar contra el crimen transnacional.

La respuesta del castrismo llegó después de que el administrador de los Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), Mehmet Oz, afirmara en una entrevista televisiva que en el sur de Florida hay un fraude “desenfrenado” en detrimento del programa federal de seguro médico público y que la Administración estadounidense cree que “el Gobierno cubano podría estar involucrado” en esa trama.

Aunque existen redes criminales con actores cubanos y conexiones con la Isla, aún no hay una acusación judicial pública y formal contra el Estado cubano como organizador del delito. Lo que sí está en curso es una ofensiva federal contra el fraude sanitario y una alarma creciente sobre el sector de Dmepos –equipos médicos duraderos, prótesis, órtesis y suministros–, uno de los nichos más vulnerables a estafas multimillonarias.

Durante años, Cuba ha funcionado como refugio, punto de fuga o zona de opacidad para acusados vinculados al fraude sanitario en Florida

Un aviso federal publicado para justificar nuevas restricciones a la inscripción de proveedores deja claro que el fraude en Dmepos sigue siendo una “preocupación mayor”. Ese documento recoge advertencias sobre ortesis, catéteres y otros suministros facturados sin necesidad médica, sin documentación suficiente o mediante esquemas fraudulentos que ya le han costado millones al programa.

Durante años, Cuba ha funcionado como refugio, punto de fuga o zona de opacidad para acusados vinculados al fraude sanitario en Florida. Una investigación reseñada por Fierce Healthcare citó en 2015 estimaciones del FBI según las cuales entre 30 y 50 prófugos por fraude sanitario habían huido a la Isla. Ese dato refuerza la sospecha de que La Habana funciona como refugio para burlar a la Justicia estadounidense.

Más recientemente, en marzo de 2024, el Departamento de Justicia informó de la extradición desde España del cubano Ariel Nuñez-Finalet, sentenciado a 36 meses de prisión por conspiración para cometer fraude sanitario y fraude electrónico. Cuando fue acusado en abril de 2016 ya había huido a Cuba, donde vivió varios años antes de trasladarse a México en 2022. En marzo de 2023 viajó a España, donde finalmente fue arrestado a su llegada en virtud de una notificación roja de Interpol.

Cuba aparece como paradero probable de varios prófugos acusados de fraude sanitario

La defensa de la Cancillería cubana se apoya en una verdad a medias. La Habana sostiene que ha actuado contra personas vinculadas con el fraude al Medicare, pero evita dar detalles y esquiva cualquier balance verificable de esa supuesta cooperación con Washington. 

El antecedente más claro no favorece precisamente al régimen. El caso de Orelvis Olivera Amador, condenado en EE UU por una estafa de 7,3 millones de dólares, demuestra que parte de ese dinero logró asentarse en Cuba con absoluta comodidad, convertido en propiedades, cuentas bancarias y negocios administrados por testaferros. Si la Justicia cubana intervino en 2019, no fue para impedir que el fraude echara raíces en la Isla, sino cuando ya había dejado tras de sí un rastro visible de patrimonio, complicidades y dinero reciclado.

En la lista actual de fugitivos de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud de EE UU, Cuba aparece como paradero probable de varios acusados de fraude sanitario. Entre ellos figuran Amaury Pérez, procesado por conspiración para cometer fraude sanitario y lavado de dinero; Manuel B. Aneiros López, buscado por fraude sanitario; Maricel Beatriz Hernández, acusada de conspiración, fraude sanitario y lavado; Luciano Velázquez, reclamado por fraude sanitario, declaraciones falsas e identidad agravada; y Bárbaro Ortega, también acusado de conspiración y fraude sanitario.