Pobres, abandonados y sin medios para emigrar a EE UU, los 'palestinos' sobreviven en La Habana

La Habana/Decenas de miles de cubanos son "ilegales" en su propio país, según los parámetros del Gobierno, sobre todo en La Habana, última parada para los migrantes que llegan del oriente de la Isla para escapar de la pobreza extrema y no tienen los medios para emigrar hacia EE UU o a cualquier otro destino. Hasta ayer, antes de la destitución de la ministra del Trabajo, Marta Elena Feitó, eran también invisibles o mendigos "disfrazados".

El oficialismo atribuye la intensificación reciente de este fenómeno migratorio "a una mayor urbanización de la sociedad”, como afirma Antonio Ajas, director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, en declaraciones recogidas por Granma el pasado 13 de julio. Según el experto, se trata de una tendencia natural en el proceso de desarrollo del país, donde cada vez más personas abandonan zonas rurales para asentarse en áreas urbanas, especialmente en La Habana, principal receptora de estos desplazamientos.

A primera vista, la explicación de Ajas puede parecer razonable, las ciudades crecen, los pueblos se vacían, y el campo envejece. Sin embargo, atribuir este fenómeno a una “urbanización creciente” ignora el contexto social, económico y político que lo origina. No se trata de una migración deseada, planificada o producto del progreso, sino del empobrecimiento y la falta de perspectivas que empujan a numerosos cubanos a abandonar sus lugares de origen en busca de lo mínimo indispensable para sobrevivir. Lo que Ajas describe como un proceso de urbanización, es en realidad una huida desesperada de la pobreza.

Esta realidad tiene un rostro y un nombre, aunque no oficial. En el lenguaje popular cubano, especialmente en la capital, a quienes emigran desde las provincias orientales se les llama, de forma despectiva, palestinos. El término –heredado de la idea de un pueblo desplazado, sin tierra y sin derechos– ha adquirido un carácter estigmatizante. Como señala una publicación de Acento, este fenómeno “es consecuencia de la fragilidad institucional en el campo y del abandono de las zonas rurales, que empujan a sus habitantes a vagar por el país en una suerte de nomadismo contemporáneo”.

A diferencia de los desplazamientos internacionales, estos cubanos migran dentro de sus propias fronteras, pero sufren restricciones similares

A diferencia de los desplazamientos internacionales, estos cubanos migran dentro de sus propias fronteras, pero sufren restricciones similares: discriminación, falta de acceso a la vivienda, inseguridad legal y una invisibilidad casi total en las políticas públicas. Muchos llegan a La Habana sin un lugar donde vivir, sin empleo formal, sin libreta de abastecimiento, y en no pocos casos, sin poder legalizar su estancia debido a las restricciones aún vigentes del sistema de registro del domicilio. Son ciudadanos en su país, pero tratados como intrusos.

A esta situación se suma un obstáculo legal que agrava aún más la vulnerabilidad de los migrantes internos: las regulaciones que impiden a los cubanos de provincia establecerse legalmente en La Habana sin una autorización expresa. El Decreto 217 del año 1997 impone restricciones al cambio de domicilio hacia la capital, exigiendo una serie de requisitos que, en la mayoría de los casos, los migrantes orientales no pueden cumplir. Este sistema de permisos especiales, heredado de un esquema de control territorial, convierte a La Habana en una suerte de enclave restringido dentro del país, donde no todos los ciudadanos pueden residir legalmente. 

En un artículo de 2016, el periodista Abraham Jiménez Enoa logró recoger testimonios de varios palestinos deportados: “Soy yo, tu cuñado. Mira, ayer al mediodía se llevaron preso a Junior. Pero estate tranquila, él no hizo nada, estaba conmigo almorzando en el portal de la casa de Alfredo y una patrulla de policía parqueó delante de nosotros y nos pidió el carnet de identidad. Vieron que él era de Santiago de Cuba y lo detuvieron”. Desde la capital salían dos ómnibus todos los viernes, con 45 asientos cada uno –más un tren mensual–, regresando a aquellas personas a sus provincias de origen. 

El decreto 217– aún vigente en la práctica aunque no siempre aplicado con la misma severidad– entra en contradicción con la propia Constitución cubana. En su artículo 52, esta reconoce el derecho de todo ciudadano a residir en cualquier parte del territorio nacional. La paradoja entre la letra constitucional y las normativas por decreto revela un Estado que, en lugar de facilitar la integración y el acceso equitativo a los derechos, impone barreras que alimentan la exclusión.

La natalidad sigue cayendo, y el envejecimiento de la población aumenta, más del 25% de los cubanos tiene más de 60 años

Las cifras oficiales confirman el alcance del fenómeno. Según datos recientes de la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei), la población de Cuba disminuyó en 307.961 personas entre 2023 y 2024, alcanzando los 9.748.007 habitantes, aunque el reconocido economista y demógrafo Juan Carlos Albizu-Campos considera que ha caído en realidad a 8 millones. La natalidad sigue cayendo, y el envejecimiento de la población aumenta, más del 25% de los cubanos tiene más de 60 años. En paralelo, más de 250.000 personas emigraron al extranjero solo en 2024. Pero lo que no se discute lo suficiente es lo que ocurre dentro del país: un movimiento interno masivo desde las provincias del Oriente y el Centro hacia el Occidente, con La Habana como destino casi obligatorio.

A pesar de que es también el principal punto de salida hacia el exterior, la capital concentra el grueso de la migración interna. Según la Onei, solo La Habana y su área metropolitana mantienen cifras positivas de crecimiento poblacional, debido precisamente a este flujo constante de migrantes internos. Mientras, provincias como Las Tunas, Granma, Holguín y Guantánamo pierden habitantes a un ritmo acelerado. En muchas de ellas, la pérdida de población joven es alarmante y amenaza con hacer inviables los proyectos económicos y sociales locales, ya frágiles por años de desinversión estatal.

Sin embargo, esta migración forzada no se limita al movimiento del campo hacia la ciudad. Como señala el propio Ajas, existe también un desplazamiento entre zonas rurales: campesinos que dejan una finca improductiva en su municipio para instalarse en otra donde hay más tierras disponibles o mejores condiciones. Este movimiento, aunque menos visible, revela una lógica de supervivencia económica que nada tiene que ver con el crecimiento urbano o la modernización. Es, simplemente, la necesidad de encontrar un espacio donde se pueda trabajar y vivir con un mínimo de estabilidad.

No existen programas específicos para acoger, legalizar y garantizar servicios básicos a estas personas

Pero el Estado continúa sin diseñar una política clara hacia estos migrantes internos. El discurso oficial prefiere hablar de “circularidad”, de “retorno” o de un “acercamiento con la diáspora”, mientras ignora a los que, sin salir del país, están en un limbo legal y social. No existen programas específicos para acoger, legalizar y garantizar servicios básicos a estas personas. Para los palestinos se vuelve engorroso acceder a la cuota del mercado racionado, la matrícula en las escuelas de los niños, el acceso a puestos laborales e incluso la atención médica a embarazadas. Tampoco hay una estrategia seria para revitalizar el campo más allá de consignas sobre “soberanía alimentaria".

El caso de los palestinos evidencia un doble abandono: el de sus lugares de origen, vaciados de oportunidades, y el de sus nuevos destinos, donde son tratados como ciudadanos de segunda. En lugar de asumir esta realidad con la seriedad que exige, las autoridades la presentan como un “reto técnico” o un “proceso natural”.

Pero no hay nada natural en que decenas de miles de cubanos se vean obligados a dejarlo todo para empezar de cero, sin apoyo del Estado, sin garantías mínimas y cargando con el peso del estigma. La urbanización no es esto. Esto es, simplemente, desplazamiento forzado.